Opinión

Incompetencia estatal ante los ERTE

Cada trabajador destina cada mes un 7,05% de su salario a adquirir protección frente al desempleo

El Congreso debate la quinta prórroga del estado de alarma
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados FOTO: Kiko Huesca EFE

Buena parte de la sociedad española carece de ahorros propios. Por un lado, las leyes laborales (a pesar de la mejoría experimentada desde 2012) siguen dificultando la creación de empleo indefinido, lo que provoca que una parte de la fuerza laboral esté condenada al desempleo o al subempleo. Por otro, la carga fiscal que recae sobre los ciudadanos es tan sumamente desbordante que muchos de ellos simplemente no cuentan con margen financiero suficiente como para constituir un colchón de liquidez. Y todavía cabría añadir un tercer factor a considerar: habrá ciudadanos que cuenten con capacidad para ahorrar pero que lo juzgarán innecesario por cuanto ya están pagando (a través del Estado) todo un conjunto de «seguros sociales» que los cubren frente a las más variopintas contingencias (incapacidad, desempleo, jubilación...). Si uno de los propósitos del ahorro es protegerse frente a la incertidumbre del futuro, ¿para qué ahorrar cuando esa protección ya nos la está proporcionando (y cobrando) el sector público? Y ciertamente no deberíamos desdeñar este último factor.

En la actualidad, la cotización social por desempleo es del 7,05%: es decir, cada trabajador destina cada mes (ya sea directamente o a través del empresario) más de una vigésima parte de su salario a adquirir una protección frente al desempleo. Así, por ejemplo, un ciudadano que reciba un sueldo de 20.000 euros anuales está destinando cada año 1.400 euros tan solo a costearse un seguro (público) contra el paro. De ahí que, como decíamos, muchos españoles no cuenten con ahorros suficientes como para subsistir varios meses sin un solo ingreso monetario: demasiados conciudadanos viven día a día y, por tanto, una interrupción en el flujo de sus ingresos supone abocarlos a experimentar carestías muy serias.

Con la irrupción del coronavirus, el Gobierno decretó (por razones sanitarias) la suspensión de actividad de muchos negocios: fue una decisión tardía que permitió que el patógeno penetrara innecesariamente por todos los rincones de la sociedad española pero, pese a su tardanza, era la decisión correcta a adoptar (al menos en un primer momento). Ahora bien, si el Estado impide que los ciudadanos puedan trabajar y consecuentemente obtener ingresos, el Estado también debería ser lo suficientemente diligente como para compensarlos por ello –al menos a aquellos que hayan devengado un derecho a la prestación de desempleo tras largos períodos de cotización forzosa a la Seguridad Social–. Pero hete aquí que, en medio de una de las crisis más devastadoras de nuestra historia, cuando supuestamente el Estado debería estar funcionando a pleno rendimiento para evitar el desamparo de millones de ciudadanos, el sector público ni siquiera es capaz de actuar con la suficiente rapidez como para abonar en tiempo y forma las prestaciones laborales vinculadas a los ERTE. Primero se induce a los ciudadanos a no ahorrar y posteriormente se los abandona en la estacada ante la incompetencia burocrática de un Estado incapaz de despachar las ayudas vinculadas a la suspensión temporal de las relaciones laborales.