El Gobierno abre oficialmente el debate sobre la implantación de peajes en las autovías ahora gratuitas

El debate sobre si es necesario implantar peajes en todas las vías de gran capacidad para financiar su mantenimiento ya está encima de la mesa. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado hoy formalmente la elaboración del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público Urbano con la apertura del proceso de consulta previa del mismo. Entre los asuntos que la norma espera resolver cuando esté aprobada a finales de año -si se cumple el calendario previsto- se encuentra la “necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país”. Es decir, si se sigue recurriendo a los Presupuestos Generales del Estado o se opta por el pago por uso, una fórmula sobre la que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quiere debatir en lo referente a las autopistas.

En un primer momento, Ábalos pretendió que fuese una comisión del Congreso la que estudiase el asunto. Sin embargo, las elecciones del pasado año truncaron sus planes. Después, el Departamento anunció la redacción de la Ley de Movilidad y emplazó al resto de partidos y actores del sector a debatir la cuestión en el marco de su redacción, momento que ya ha llegado.

Aunque Ábalos no se ha pronunciado públicamente a favor de la implantación de los peajes, son varias las ocasiones en las que ha deslizado que las arcas públicas no dan para más y que, si se quieren destinar recursos a las pensiones o la sanidad, es posible que haya que buscar alternativas de financiación para mantener la red de carreteras de gran capacidad. Una necesidad, la de obtener recursos para las políticas sociales, que en el caso de la sanidad ha agudizado la crisis del coronavirus. Porque la sostenibilidad del sistema pública de pensiones es una cuestión sin resolver desde hace años.

Ingresos adicionales

Precisamente, la necesidad de lograr más recursos para estas políticas y, en general, para las arcas públicas que va a traer consigo la crisis económica en que ha degenerado la sanitaria del coronavirus llevaron a la patronal de las concesionarias, Seopan, a insistir a finales del pasado mes de mayo en que tal vez haya llegado el momento de plantearse imponer los peajes, una reivindicación que secundó ayer Anci, la patronal de empresas no cotizadas. Según los cálculos de Seopan, aplicar un peaje “blando” de 9 céntimos por kilómetro en toda la red de alta velocidad en los 14.000 kilómetros de vías de gran capacidad interurbanas españolas -ahora sólo lo tienen un 15%- reportaría al Estado unos ingresos de 104.000 millones de euros en los 25 años de duración de las concesiones. Además, Seopan calcula que el Estado se ahorraría anualmente 850 millones de euros en gastos de conservación y explotación, que serían asumidos por las concesionarias; e ingresaría cada ejercicio unos 4.700 millones de euros en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades que devengarían esos peajes.

El problema para la implantación de los peajes es que se trata de una medida tan sumamente impopular que ningún Gobierno quiere asumirla en solitario, según aseguran desde las concesionarias. Tal vez por eso, Ábalos esté buscando un acuerdo global que reduzca el coste político que tendría implantar la medida.