¿Ha llegado la hora de poner peajes en todas las autovías?

Dice la patronal de las grandes constructoras (Seopan), no sin razón, que la inversión pública ha sido la mayor palanca de ajuste para resolver la crisis de 2008. La reducción del déficit público realizada en el periodo 2010-2019, equivalente a 8,5 puntos porcentuales del PIB, en lo relativo a la reducción de gasto público, procedió en un 49% de recortes de inversión de las administraciones. Y las constructoras temen que, en la crisis que ha desatado el COVID-19, las cosas no sean muy diferentes. Habrá, se temen, pocos recursos públicos. Y los que haya, se priorizarán en gasto social. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que la construcción debe ser una de las palancas para impulsar la recuperación. Pero si los fondos públicos acaban en rentas mínimas, pensiones o sanidad, ¿de dónde sacar entonces fondos para invertir en obra pública? Para el sector, hay una solución bastante sencilla: la colaboración público-privada, revilatizando el modelo concesional. Quizá, ha asegurado hoy el presidente de Seopan, Julián Nuñez, ha llegado de una vez por todas el momento de abrir el debate sobre extender el pago a todas las autovías que hay en España.

Núñez, que ha intervenido hoy en un desayuno de Nueva Economía Forum, ha asegurado que “no tiene sentido que 23 países europeos tengan peajes y sus contribuyentes no invierten ni un euro en la promoción y conservación de autopistas” si no las usan y que en España el 85% de la red de gran capacidad sea pagada “por contribuyentes que no las usan”. Por eso, ha dicho, en la coyuntura actual en la que se quiere incrementar la inversión en servicios públicos pero hay que mantener la red de infraestructuras, quizá ha llegado el momento de “abrir un debate público en cuanto se pueda”.

Más de 104.000 millones

Seopan ya ha propuesto un plan para aplicar un peaje “blando” de 9 céntimos por kilómetro en toda la red de alta velocidad. Según sus cálculos, si se generalizan los peajes en los 14.000 kilómetros de vías de gran capacidad interurbanas, el Estado podría lograr unos ingresos de 104.000 millones de euros en los 25 años de duración de las concesiones. Además, Seopan calcula que el Estado se ahorraría anualmente 850 millones de euros en gastos de conservación y explotación, que serían asumidos por las concesionarias; e ingresaría cada ejercicio unos 4.700 millones de euros en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades que devengarían esos peajes. En total, si el sistema se articulase a través de un pago inicial a las concesionarias de 5.614 millones de euros y uno anual de 4.827, los ingresos anuales para todas las administraciones por los diversos conceptos ascenderían a 12.649 millones de euros. Sus cálculos están hechos teniendo en cuenta una caída del tráfico del 35%.

El debate sobre los peajes es recurrente en España cada cierto tiempo, y lo ha sido más desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Ábalos, en un argumento muy alineado con el de Seopan, ya sostenía antes de la pandemia del coronavirus que había que plantearse si el actual modelo de conservación, con cargo en su gran mayoría a fondos públicos, es sostenible en un entorno de creciente gasto social en aspectos como las pensiones. Por eso, abogó por debatir la cuestión en el marco de un pacto por las infraestructuras con el resto de partidos.

La patronal de las constructoras ha valorado también en 157.000 millones de euros las necesidades de inversión prioritarias en infraestructuras para los próximos diez años, que, además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por Naciones Unidas comprometidos por España, servirán como palanca de reactivación de la economía, tras la actual crisis sanitaria. De esta manera, incluye 23.600 millones de euros más, con relación a la cifra que presentó en marzo, para resolver las carencias en hospitales y ampliar la capacidad sanitaria, además de reducir las victimas por accidentes de tráfico, (ODS 3) y 32.435 millones para conseguir energía asequible y no contaminante en el sector residencial y terciario (ODS 7).