José María García Gómez: «No se puede distorsionar el mercado con ideas dogmáticas del siglo XIX»

La rigidez en la regulación y la dogmatización de la gestión pública se pueden combatir con flexibilización y soluciones e ideas innovadoras procedentes de las empresas privadas. El debate sobre la colaboración público-privada debe abandonar su tinte dicotómico y debe aceptar el carácter complementario de ambos modelos, que buscan una mejora y un avance de la sociedad más necesario que nunca en esta crisis. Así se puso de manifiesto en la mesa de análisis y debate sobre «Cooperación público-privada aplicada a los marcos regulatorios» organizada por LA RAZÓN en colaboración con Philip Morris.

El acto contó con la participación de expertos del ámbito público y privado como José María García Gómez, director general de vivienda y rehabilitación de la Comunidad de Madrid; Gonzalo Salafranca, director de relaciones externas de Philip Morris España; Narciso Berbenera, Global Strategist Officer de SUEZ y Toni Riera, director general de Bird España y Portugal.

La colaboración público-privada es el presente y el futuro. Sin ella, los avances en economía, medioambiente y tecnología serán inviables, así lo expresaron todos los ponentes. En representación de la vertiente pública, José María García Gómez, director general de vivienda y rehabilitación de la Comunidad de Madrid, quiso hacer hincapié en la necesidad de abandonar el carácter antagónico y dogmático y sustituirlo por una visión complementaria de ambos modelos. «La colaboración público-privada es de las sociedades avanzadas. Tiene que haber mecanismos correctores en la búsqueda de la sostenibilidad económica y social pero lo que no se puede hacer es distorsionar el mercado con ideas dogmáticas del siglo XIX», denunció.

García Gómez recordó que la Constitución contempla la gestión pública de la economía en ciertos sectores esenciales, así como la libre economía de mercado. Desde su departamento de vivienda y rehabilitación, José María García Gómez destacó la importancia de la colaboración público-privada para promover la creación de viviendas. «Dando participación al agente privado conseguimos movilizar inversión, esa inversión se transforma en generación de empleo y de impuestos en favor de la Administración que permitirán financiar políticas», añadió en ese sentido. El ejemplo más inmediato es el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que creará 7.000 viviendas de promoción pública con inversión privada, ya que para su construcción sería necesario movilizar 700 millones de euros que la Administración no tiene.

Renovación de la mano de la empresa privada

Los parques residenciales en España tienen obsolescencia. Madrid tiene 3 millones de viviendas, de las cuales 1,7 millones son anteriores al año 1981, cuando entró en vigor el Código Técnico de la Edificación. Es decir, son viviendas deficientemente conservadas, inaccesibles e insostenibles energéticamente. Sin embargo, en toda España solo se rehabilitan integralmente al año 30.000 viviendas frente a las 500.000 necesarias. Por ello, es necesaria la colaboración público privada, «solo con ayuda pública no se conseguirá transformar nuestro parque residencial», destacó José María García Gómez, director general de vivienda y rehabilitación de la Comunidad de Madrid.

Regulación arcaica

Todos los sectores están haciendo frente a una crisis transformadora marcada por «el desarrollo tecnológico, la incertidumbre y la pandemia», dijo Gonzalo Salafranca, director de relaciones externas de Philip Morris España. Esa crisis requiere una nueva gobernanza, añadió: «La regulación necesita dar una respuesta mucho más rápida a todos estos cambios. Hemos comprobado el papel fundamental de la ciencia y escucharla debe ser el eje vector al desarrollar marcos normativos».

En el sector del tabaco, los avances hacia la eliminación de los cigarrillos van un paso por delante de la regulación, lo que dificulta la transformación de su actividad: «Nuestra apuesta es dejar un día de vender cigarrillos porque somos conscientes del daño que generan en la salud y sustituir estos productos por otros sin combustión para aquellos fumadores –alrededor de 1.000 millones– que de otra forma seguirían fumando». «La ciencia, la innovación y la tecnología nos han permitido desarrollar una serie de productos que son una mejora alternativa para el fumador. Son productos del siglo XXI donde hay una regulación del siglo XX. La regulación siempre suele ir por detrás y cuando se da ese diálogo sector público y sector privado se pueden acelerar cambios en beneficio de la sociedad», añadió Salafranca.

Un ejemplo en este sector podría ser EE UU, que cuenta con un marco regulatorio único que reconoce que no todos los productos del tabaco son iguales. «La propia FDA ha autorizado la comercialización de nuestro producto más desarrollado que calienta el tabaco en lugar de quemarlo», explicó el director de relaciones externas de Philip Morris España. De esta manera, el consumidor que va a seguir fumando tiene alternativas mejores.

Hay soluciones, falta voluntad

Desde el ámbito medioambiental, Narciso Berbenera, Global Strategist Officer de SUEZ, dejó patentes las claras deficiencias en colaboración público-privada: «Del 2014 al 2020, solamente el 35% de los fondos de la Unión Europea para la innovación fueron realmente ejecutados en España. Esto no puede volver a ocurrir y para que sea un éxito la gestión y la implementación de todas las inversiones en infraestructura, en servicios, en innovación, en tecnología y medioambiente que necesitamos en España tiene que haber una alianza de colaboración plena entre la empresa privada y el sector público».

En la lucha por la sostenibilidad, España sigue teniendo asignaturas pendientes. España está pagando 20 millones de euros del multa al año por incumplir la directiva de tratamiento de las aguas residuales, una normativa del año 1991. Las empresas tienen las soluciones y la UE reclama celeridad para aplicarlas. «La empresa privada puede aportar mucha ayuda al sector público porque estamos acostumbrados a tomar decisiones rápidas y con agilidad para adaptarnos al mercado. Además, las soluciones que ofrecemos en las compañías son más baratas, no más caras», subrayó Narciso Berbenera.

Bird, la startup que opera un flota de vehículos de movilidad personal, sobre todo patinetes eléctricos, es el fiel reflejo de cómo la empresa privada puede traer innovaciones para las que la regulación pública no estaba preparada y cuyo éxito depende de la colaboración entre ambas partes. Así lo reivindicó Toni Riera, director general de Bird España y Portugal. «Venimos a aportar algo que las ciudades por sí mismas no podrían construir. Nosotros nos especializamos en tecnología, tanto de hardware como en software y datos», dijo Riera. Precisamente en esos datos está la clave. «Bruselas se puso en contacto con los distintos operadores de micromovilidad europeos para tener acceso a sus datos y comenzó a crear ecocarriles a partir de ellos. Un resultado fue que en la calle de la Luz pasó de 90 trayectos por día en vehículos de micromovilidad a más de 1.000» explicó Toni Riera.

Bird también está dando pasos por su cuenta para conseguir esta colaboración. Están concurriendo en alianza con Globalvia, el operador del metro de Sevilla. Esto implicaría una integración absoluta del transporte público y del transporte privado en la ciudad de Sevilla. Los patinetes solo estarían aparcados en estaciones del metro y se ofrecerían tarifas cruzadas. Por otro lado, en cuanto a sugerencias de mejora, Riera puso sobre la mesa los «sandbox» regulatorios como herramienta útil ante la aparición de modelos de negocio aún sin regular.

El director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, puso el punto y final al encuentro con su intervención en la que pidió a las administraciones que ante una economía «enormemente dinámica, global y cambiante», no sean excesivamente rígidas y reglamentaristas». «En la revolución permanente en la que estamos instalados, es muy importante que exista esa capacidad de la Administración de crear un marco jurídico que garantice que las empresas puedan desarrollar sus actividades con el mínimo peso regulatorio», concluyó.