La “Tasa Google” que pagarán las pymes

Los impuestos no los pagan quienes el Gobierno decreta que han de pagarlos, sino aquellos que en última instancia terminan soportando el coste económico de su creación. Al cabo, una cosa es a quién la ley convierta en sujeto pasivo de un tributo (quién está obligado a ingresar en Hacienda una determinada suma de dinero) y otra muy distinta quién de verdad carga con el gravamen. Los economistas llamamos «traslación fiscal» a esta diferencia entre el contribuyente «de iure» y el contribuyente «de facto». Por ejemplo, cuando el Gobierno de Sánchez decretó que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ya no volvería a ser soportado por los hipotecados sino que pasaría a ser abonado por los bancos, engañó a los españoles. Tal como se ha comprobado posteriormente, lo único que hicieron las entidades financieras fue subir los tipos de interés de las hipotecas (o, más bien, no bajarlos tanto como alternativamente lo habrían hecho) y, por tanto, trasladar de nuevo la figura impositiva a los hombros del deudor hipotecario.

Con la “Tasa Google” ha sucedido algo similar. En teoría se trata de un gravamen del 3% que debería recaer sobre los ingresos que obtuvieran las grandes tecnológicas globales (aquellas que ingresen más de 750 millones de euros en todo el planeta y más de 3 millones en España) por los servicios de intermediación, publicidad y venta de datos online dentro de nuestro país. O dicho de otro modo, se pretendía hacer pagar a Google por los ingresos que cosechara de los Google Ads o a Amazon por las tarifas que cobrara por su Marketplace: y, en ambos casos, tales ingresos procedían de servicios prestados a pymes o autónomos españoles.

Muchos nos temimos, y así lo escribimos en muy diversas ocasiones, que semejante tributo terminaría siendo repercutido a las pymes en forma de sobreprecios por Google Ads o por Amazon Marketplace: a la postre, no existen demasiadas otras opciones «online», tan económicas y con tanta calidad, para nuestras pymes: si desean anunciarse en la red, la mejor forma de hacerlo es con Google Ads (o Facebook Ads, que también pagará el impuesto) y si desean un escaparate virtual que congregue a millones de clientes potenciales de todo el mundo, la mejor opción es Amazon Marketplace.

Por eso, lo esperable es que las grandes tecnológicas tuvieran la sartén por el mango y repercutieran el impuesto a nuestras pymes. Y así va a ser. Amazon acaba de comunicar a sus “partners” que, a partir del 1 de abril (fecha en la que el impuesto comenzará a devengarse), sus tarifas del Marketplace se incrementarán un 3%. Una traslación íntegra del impuesto a las pequeñas y medianas empresas nacionales.

Justo aquello que el Gobierno negó en todo momento que fuera a suceder –que pymes y autónomos fueran a soportar la «Tasa Google»– es lo que ha acabado sucediendo.

Así pues, no solo se maltratará fiscalmente a las pymes un año después de que hayan sufrido uno de los peores ejercicios económicos de toda su historia (2020: el año de la pandemia), sino que además se entorpecerán muy seriamente sus opciones de digitalización, por cuanto estas pasaban por aprovechar la infraestructura barata y de calidad que ofrecían compañías como Facebook, Google o Amazon (y que siguen ofreciendo pero a un precio más elevado que en otros países de nuestro entorno sin «Tasa Google»). La voracidad tributaria de este Gobierno sigue perjudicando nuestras posibilidades de recuperación.

Fuga de “youtubers”

Teniendo un Gobierno que antepone la ideología al análisis sereno de la realidad, no es de extrañar que sus medidas fiscales estén arrojando efectos que no esperaban o que nos dijeron mendazmente que no esperaban. Así, otra de las figuras tributarias que se incrementaron en los presupuestos generales para 2021 fueron los tipos marginales máximos del IRPF, los cuales pasaron del 45% al 47%. Y, para algunos, parece haber sido la gota que ha colmado el vaso: así, “El Rubius”, uno de los “youtubers” más conocidos del país, ha anunciado que se trasladará a Andorra (junto a muchos otros “youtubers”) para reducir su carga tributaria desde el 47% al 10%. Más allá de la anécdota, la conclusión debería ser clara: impuestos altos expulsan al personal bien retribuido y, por tanto, el potencial recaudatorio es inferior al que le gusta estimar al Ejecutivo.

La no-propuesta de Escrivá

El Ejecutivo ha remitido a Bruselas su propuesta de reforma de las pensiones: o, mejor dicho, su no propuesta de reforma. Así, después de que Pablo Iglesias le ordenara a Escrivá desde las pantallas de televisión (durante la entrevista en Salvados) que retirara su propuesta de reforma de las pensiones, el ministro de Seguridad Social obedeció mansamente y dio marcha atrás en sus planteamiento de alargar el periodo de cálculo de la base reguladora desde 25 a 35 años. O, al menos, eso es lo que parece ocurrir en el documento remitido a la Comisión Europea: en la práctica, la medida se mantiene (pero sin cuantificar los años) y se añaden otros posibles recortes. Porque, por mucho que quieran engañarnos, lo que es seguro es que en el futuro habrá más tijeretazos en las insostenibles pensiones públicas.

Tercera ola

La tercera ola está resultando mucho más devastadora de lo que el Gobierno jamás quiso admitir y prever. La pandemia ahora mismo se halla desbocada (hemos superado con creces las peores marcas de la segunda ola) y las medidas que están adoptando los distintos gobiernos autonómicos están siendo mucho más duras que entonces. En cierto modo, nos hallamos ya ante un nuevo confinamiento que dañará muy seriamente una economía que ya se encontraba muy debilitada tras el cierre perpetrado durante la primera ola. El cuadro macroeconómico del Ejecutivo para este año ya se puede dar por caducado (salvo que haya una sorpresa enormemente positiva durante los próximos meses) y, por tanto, las previsiones de ingresos y de gastos quedarán nuevamente en papel mojado. Más déficit y más deuda para todos.