Díaz fiscalizará los fondos de las políticas activas de empleo de las comunidades para que cumplan los objetivos

No habrá fondos públicos para las comunidades autónomas en materia de empleo si no se alcanzan los objetivos y las cifras marcadas por el Ministerio de Trabajo. O dicho de otro modo, éste podrá retirar y reclamar el dinero que no se haya justificado y no haya alcanzado los objetivos marcados por los técnicos ministeriales. La ministra Yolanda Díaz ha anunciado que el nuevo modelo para el reparto de fondos a las comunidades autónomas para desarrollar y modernizar las políticas activas de empleo -las que se destinan directamente a ayudar a los parados a encontrar trabajo- se condicionará al cumplimiento de objetivos marcados. Serán más de 3.500 millones de euros este año, de los que va a proponer que al menos el 45% de estos fondos para el empleo se condicionen a objetivos.

La propuesta se la hará llegar la propia ministra a las regiones la semana que viene, a los que también informará de la cuantía de este presupuesto. 2.110 millones se dedicarán en concreto a la citadas políticas activas, de los que 800 millones serán destinados para la empleabilidad de los jóvenes. A esto hay que sumar 258 millones del Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea) y otros 1.100 millones en el marco de las ayudas europeas, de los que 688 millones irán también a las regiones. Además, se han aprobado 175 millones para intentar atajar los problemas que arrastra el SEPE y algunos otros planes de empleo sectoriales, lo que acercará la cifra final en torno a los 4.000 millones.

“Se va a hacer una evaluación permanente de los resultados que se obtengan en cada comunidad con estos planes, por lo que el reparto de los recursos se vinculará a esos logros con bonus buenos y malos, con lo que vamos a cambiar radicalmente el modelo” respecto al actual, apuntó Díaz en la rueda de prensa para presentar este plan de modernización de las políticas activas de empleo, del que detalló algunos de los mecanismos que se utilizarán para dirimir el reparto de fondos y su evaluación. Será el propio Ministerio de Trabajo, en colaboración con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los que se encarguen de esta supervisión.

En este sentido apuntó que va a haber una evaluación permanente y un cambio sustancial en la ejecución de las comunidades autónomas, ya que se va a realizar una trazabilidad permanente en cada una de las acciones que vayan desplegando y estas serán “absolutamente personalizadas. Nos vamos a centrar en los perfilados estadísticos y en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, pero en este caso al servicio del empleo”. La ministra ha incidido en que estos fondos van a sufrir “un cambio sustancial en su supervisión, ya que se van a condicionar estos recursos públicos a los resultados obtenidos y a su evaluación, que es lo que pide Europa”. La nueva política se basará en la transparencia y rendición de cuentas, ya que “es una oportunidad única para cambiar el rostro de esta pieza fundamental para el empleo”, defendió.

Díaz, junto al secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, adelantó algunas de las claves en las que basará la anunciada modernización de las políticas activas de empleo. “Éstas deben ser útiles al mercado de trabajo y erradicar de estas políticas el sesgo que siempre han tenido en la parte pasiva, es decir, en el desempleo en el que han estado centradas en los últimos años”. Su objetivo, según explicó, se centrará especialmente en los jóvenes, uno de los colectivos más castigados por el paro, y las mujeres, de las que dijo que son “las más precarizadas en el empleo. El nuevo modelo pasa por financiar iniciativas de primeras experiencias profesionales para los jóvenes, huyendo de elementos que precaricen el mercado de trabajo”. A estos dos colectivos se destinarán 800 millones de euros.

Junto a los jóvenes y las mujeres, otro de los colectivos a priorizar en estas políticas serán los trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tendrán prioridad absoluta en las acciones formativas. También anunció que se va a acabar con la precariedad de los orientadores, contratando al menos otros 3.000 de forma estable, para “avanzar en la digitalización y hacer itinerarios personalizados” y que se va a desarrollar una “gran plataforma común”, un portal público de empleo para centralizar todas las acciones.