Bruselas investiga el laudo de renovables favorable a Antin

Bruselas ha anunciado la apertura de una investigación sobre el laudo arbitral que obligó a España a pagar 101 millones de euros a la empresa Antin. En 2007, España puso en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables que no fue notificado a Bruselas para su aprobación. En 2013, el Gobierno modificó ese régimen de ayudas y esos cambios comenzaron a aplicarse a las instalaciones que ya habían comenzado a recibir apoyo con las normas anteriores. Bruselas dio visto bueno a este segundo plan, pero las sociedades (Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. y Antin Energía Termosolar B.V, constituidas en Luxemburgo y los Países Bajos, respectivamente) que habían visto mermados sus ingresos respecto al primer paquete de ayudas, decidieron demandar a España. El litigio fue dirimido en 2018 a través de un procedimiento de arbitraje que dictaminó una multa a España de 101 millones de euros, más los intereses devengados por este importe y una contribución a las costas del proceso.

La Comisión Europea considera, sin embargo, que este laudo puede ser una ayuda pública encubierta ya que otorga a la empresa Antin la misma remuneración derivada de este régimen de 2007 que no fue notificado a la Comisión Europea y que no recibió la correspondiente luz verde. Además, Bruselas sospecha que esta decisión también socava los principios de confianza mutua y la autonomía de Derecho de la UE ya que “los inversores españoles no tienen la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal de arbitraje por las modificaciones en el régimen de 2007” lo que puede derivar en discriminación según la nacionalidad de la empresa”. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Achmea ya dictaminó que el arbitraje entre Estados e inversores no debía aplicarse entre los socios europeos sino con países fuera del club.

Además, Bruselas también está investigando si este laudo respeta la normativa europea sobre medio ambiente y energía y este apoyo suplementario para amortiguar la pérdida de fondos públicos “es necesario para el desarrollo de una actividad económica, tiene efecto incentivador y es proporcionado” o “puede falsear indebidamente la competencia” ya que se otorgó exclusivamente a Antin