Reducir en 2030 las emisiones de gases que producen efecto invernadero un 55% con respecto a 1990 es el objetivo que se ha marcado la Unión Europea en materia medioambiental. Un primer paso hacia la neutralidad energética que Bruselas se ha propuesto alcanzar en 2050. Estamos, pues, ya inmersos en una «revolución verde», que exigirá un cambio radical en el modelo no sólo energético, sino también económico. Sin embargo, esta transición tendrá un precio, un coste que se dejará sentir en el bolsillo de los ciudadanos, y que nos lleva a preguntarnos: ¿todos los países podrán asumir los gastos de transformación o solo los más ricos podrán transitar con éxito hacia lo verde?

Aunque resulta difícil evaluar el volumen de recursos totales que requerirá el cambio de modelo, existen ya varias estimaciones sobre las cantidades a desembolsar. El informe «Transición Energética y Financiación», elaborado por el Club de la Energía, recoge una cifra mundial que estaría situada en el entorno de los 6,2 trillones de dólares americanos (5,2 billones de euros) por año hasta 2030. Dicha cantidad sería la necesaria para adaptar los sistemas de producción, consumo y transporte a la nueva realidad, a los que habría que añadir entre 140 y 300 billones de dólares (117.600 y 252.000 millones de euros) para ayudar a los países vulnerables a gestionar las consecuencias del cambio climático. En su conjunto, esto supondrá una movilización de recursos cercana al 8% del PIB mundial, porcentaje muy superior al destinado, por ejemplo, a Defensa (2%) y muy similar al que representan todos los gastos sanitarios (9%).

Coste por ciudadano

Esta no es la única estimación. La pasada semana el CEO de Enel, Francesco Starace, presentó el informe «European Governance of the Energy Transition», realizado por Enel Foundation y The European House-Ambrosetti. El estudio cuantifica en 3,6 billones de euros el déficit de inversión de la Unión Europea para cumplir con los objetivos de descarbonización al final de la década. Esta cifra se traduce en más de 8.000 euros por europeo si se divide entre los 446 millones de ciudadanos comunitarios.

Y es que la transición energética va mucho más allá de una simple sustitución de tecnología. Es un cambio del actual modelo económico, que exigirá también de un cambio de mentalidad por parte de todos los ciudadanos, y del convencimiento de que serán las futuras generaciones las que se beneficien de las inversiones presentes. La entrada de mecanismos de eficiencia y reducción de emisiones en los edificios y el transporte, con la conversión al coche eléctrico y otras tecnologías no contaminantes, también va a tener un sobrecoste, que, sin duda, puede afectar a los presupuestos familiares.

De hecho, los ciudadanos ya están notando en sus bolsillos el precio de lo «verde». Las últimas subidas del recibo de la luz comienzan a ser un quebradero de cabeza tanto para el Gobierno como para los sufridos consumidores que ven como, mes tras mes, tienen que hacer frente a una factura cada vez más alta. Si bien es cierto que esta subida mucho tiene que ver con el sensible aumento del precio del gas natural (el ciclo combinado es el que marca el coste marginal en el mercado eléctrico), que ha pasado en el último año y medio de 8 a 50 euros por kilovatio hora (kWh), y del coste de los derechos de emisión CEO2, que han superado los 56 euros por tonelada (frente a los 20 del año pasado), las renovables –tecnología esencial en esta revolución verde– tampoco ayudan a la hora de abaratar la factura.

Herencia del pasado

Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners, considera que el hecho de que las fuente de energía limpias tenga aún un valor que no es competitivo mucho tiene que ver con la herencia del pasado (y eso que su precio se ha dividido por 10 en los últimos años). «Las energías renovables se fomentaron en un momento que aún no eran rentables. Para que lo fueran, los gobiernos de los últimos 20 años han subvencionado el sector, por lo que, en la actualidad, estamos pagando todavía en la factura las ayudas con que, en su día, se apoyó su generación, y eso se nota también en el precio final que está abonando el consumidor», indica.

Pese a que la tecnología renovable, hoy por hoy, ya es capaz de producir energía a precios competitivos, el lastre de las primas hará que las actuales tarifas se mantengan, al menos, hasta 2027. Si no fuera por este «sobrecoste» que se está pagando en la actualidad como herencia del pasado, y que asciende a 7.000 euros anuales (a los que se suman otros 1.000 del déficit de tarifa), el recibo se podría abaratar alrededor del 25%, según las estimaciones de Mielgo. Y es que el precio de producir un megavatio hora (MWh) con fuentes limpias se sitúa en una horquilla comprendida entre los 50 y 60 euros. Así, las primas a las renovables han costado hasta el momento 120.000 millones de euros, lo que suponen un recargo por ciudadano de 3.000 euros.

Partidas sin incluir

En España, el Gobierno ha echado cuentas de lo que costará la transición energética. Sin embargo, no recoge todas las partidas que serán necesarias para afrontar con éxito la estrategia de sostenibilidad. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluye inversiones por valor de 242.412 millones de euros en el periodo comprendido entre 2021 y 2030. No obstante, el Club de la Energía advierte de que estas estimaciones abarcan básicamente solo los costes de transición del sector eléctricos, sin tener en cuenta otros muy importantes y que, aunque no están cuantificados, harán que el precio de la revolución verde se disparen de manera significativa.

Así, no ha tenido en cuenta, entre otras cosas, las redes de transporte, ni la instalación de nuevas conexiones, necesarias, por ejemplo, para soportar la recarga de vehículos eléctricos. Tampoco ha ha contabilizado medidas de ahorro y eficiencia energética, que exigirá de la modificación no solo de los procesos industriales, sino también en el ámbito residencial. Las indemnizaciones por cierre anticipado de instalaciones de generación, el coste de la clausura o parada de las centrales nucleares o térmicas de carbón, así como la pérdida del valor de activos por la perspectiva de cierre anticipado o menor rentabilidad de las centrales de carbón, de ciclo combinado o de cogeneración no ha sido contemplado, como tampoco la pérdida del valor de que experimentarán los vehículos con motor de propulsión al prohibirse la circulación con los mismos.

A todo ello, hay que sumar la posible pérdida de competitividad de los sectores industriales, el mencionado coste de las primas a renovables, las subvenciones a la sustitución del parque automovilístico, medidas para paliar la pobreza energética, el desarrollo de programas de I+D+i, o todos los gastos financieros que se van a derivar de las nuevas inversiones.

Importante también puede ser su repercusión sobre el crecimiento y el empleo. Y es que, tal y como indica el informe de la financiación de la transición energética, teniendo en cuenta que las economías occidentales cuentan con niveles de deuda en máximo históricos, los gobiernos solo tendrán dos opciones para afrontar la transición: reducir o contener la deuda y esperar a que el crecimiento aporte más recursos en el futuro, o compensar e incentivar las inversiones que aceleren este proceso de descarbonización, lo que puede afectar en términos de crecimiento.

Parece que en España, el Gobierno ha optado por la segunda alternativa que, si bien se traducirá en una reducción de la dependencia energética, que pasará del 74% de 2017 al 61% en 2030, con un aumento del PIB entre 16.500 y 25.700 millones de euros y en un incremento del empleo neto de entre 253.000 y 348.00 personas, los cierto es que los sobrecostes también tendrán una repercusión importante en todos los actores económicos del país.«Modificar el actual sistema energético originará unos gastos que recaerán sobre la economía nacional y sus ciudadanos y que impactarán sobre los sectores con su consiguiente repercusión en el PIB, el empleo, en la demanda interior y en la fortaleza de nuestra industria y nuestra economía», indica el Club de la Energía. Por este motivo, insiste en que la transición energética exige ser evaluada teniendo en cuenta el posible impacto que puede tener en la deslocalización de la industria, y en la que será determinante que los instrumento financieros funcionen de forma fluida.

Industria

Si se quiere emitir menos CO2, se requerirá necesariamente de una conversión de los procesos industriales. Sin embargo, Juan Ramón Rallo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, cree que muchos sectores ni siquiera podrán llevar a llevar a cabo esta transformación, ya que precisan de altas temperaturas que solo se pueden conseguir mediante la combustión, disparándose el coste del CO2 que emiten. «Hasta que no se consiga una energía que permita obtener el mismo rendimiento y al mismo precio del petróleo o el gas habrá costes añadido», señala.

Asimismo, un estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) destaca que la inversión también debe aumentar en los sectores del transporte y calefacción. En el primer capítulo y, ante esta coyuntura, nuevas fuentes, que se suman a las baterías de litio, se van abriendo paso, como es la pila de combustible, fundamentada en el hidrógeno. En este sentido, el «hidrógeno verde» (obtenido a partir de energías limpias) se ha convertido en una de las grandes esperanzas para alcanzar las cero emisiones en 2050. Sin embargo, el precio de este vector energético, que permite almacenar energía y que tiene innumerables aplicaciones especialmente en los transportes, desde los vehículos particulares a los colectivos, pasando por ferrocarriles y aviones, aún se encuentra lejos de ser competitivo.

Actualmente, el valor del kilogramo ronda los 6 euros, y los expertos consideran que éste podría equipararse con los combustible fósiles cuando se sitúe en una horquilla comprendida entre uno y dos euros. Y es que, aunque esta tecnología ha avanzado mucho, aún está lejos de ser competitiva en lo que a precio se refiere.

También habrá que sumar los costes que va a repercutir la industria a los consumidores por el incremento de la electricidad y del CO2, la adquisición de vehículos eléctricos y otras propulsiones no contaminantes, así como la instalación de puntos de recarga, pero también la sustitución de los equipos de calefacción de las viviendas y otras medidas de ahorro energético.

La UE considera que el 75% del parque inmobiliario comunitario es ineficiente, por lo que propone elevar el actual ritmo de rehabilitación, que incluye la sustitución de calderas que utilizan combustibles fósiles por otros no contaminantes, hasta el 3% anual, lo que en el caso español, se traduce en 700.000 edificios. Pese a que la Comisión Europea pretende que los gastos no recaigan en los hogares, sino en los suministradores de energía, el ejecutivo comunitario ya ha reconocido que los consumidores finales pueden acabar sufriendo una recarga del 0,8% en sus presupuestos.

Para compensar estos gastos de la “revolución verde”, Bruselas ha anunciado la creación de un fondo para combatir la pobreza energética. España recibirá cerca de 7.600 millones en el periodo comprendido entre 2025 y 2032, convirtiéndose en el cuarto país más beneficiado, tan solo por detrás de Polonia, Francia e Italia. Está por ver si esta cantidad será suficiente para que la transición no genere desigualdades entre aquellos que pueden pagarla y los que no. Queda claro que estamos en un proceso imparable, ahora, queda por saber cuál será el coste definitivo y si todos lo podrán asumir.