Los empresarios contraproponen una subida salarial del 8% hasta 2024 en función de cada empresa

No hay pacto de rentas ni pacto salarial. La negociación ha embarrancado casi al inicio de empezar por las exigencias “inviables” de los sindicatos. La CEOE ha dado su rotundo no a la última propuesta sindical -presentada esta semana-, porque supone “una trampa” que lleva a indexar el incremento salarial con el IPC y abre la puerta a que se aplique de manera automática anualmente. Fuentes de la patronal manifestaron a LA RAZÓN que “contribuye al aumento incontrolado de la inflación de segunda vuelta”, como ya han advertido instituciones como el Banco de España o la AIReF.

Los empresarios -en una reunión interna- examinaron hoy la proposición que UGT y CCOO pusieron ayer sobre la mesa en la negociación del Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) y la han rechazado de plano al recoger una subida del 3,4% para 2022 y una recomendación del 2,5% para 2023, con una parte variable con la evolución del IPC de 2022 hasta llegar a un mínimo del 3%, un esquema que se repetiría para 2024, con un alza del 2% y un variable en función de la inflación de 2022 y 2023 con un mínimo del 2,25%. Para 2025, el esquema vincularía el alza al dato de inflación de diciembre de 2024 más un 0,25% adicional.

La intención de los sindicatos sería repartir el explosivo impacto de la inflación de este año -por la presión del precio de la energía y la guerra de Ucrania- en varios ejercicios, mientras que el objetivo de la patronal es hacer una recomendación salarial apoyada en un consenso de previsiones de evolución de la inflación subyacente si no se consiguiera cerrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por ello, propondrá a los sindicatos una subida de hasta el 8% hasta 2024 en función de la situación y la capacidad de cada sector y cada empresa, según confirmaron las mismas fuentes empresariales.

Precisamente, el Ministerio de Trabajo ha publicado hoy estadística de negociación colectiva, de la que se extrae que los salarios de convenio han subido un 2,36% hasta marzo, más de siete puntos por debajo del IPC, cuyo dato avanzado para el tercer mes del año es del 9,8%. Este incremento salarial está por debajo de la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI). Los convenios colectivos registrados hasta marzo englobaban a casi cinco millones de trabajadores, que eleva al 29,1%% del total los convenios incluyen en la actualidad cláusula de revisión salarial.

Precisamente, esta es una de las reivindicaciones que los sindicatos han planteado a la CEOE en su proposición para el nuevo AENC, que incluye recomendaciones sobre evolución de salarios en convenio para los próximos dos o tres años, y que ha sido rechazada.

Según los datos de Trabajo, hasta marzo, la variación salarial pactada en los convenios de empresa -los más numerosos- ascendió a 2,48%, mientras que en los de ámbito superior fue del 2,35%. Si se tienen en cuenta solo los convenios firmados en lo que va de año, se rubricaron 66 que afectaron a 112.256 trabajadores y cuya subida salarial fue del 2,39%, tan solo tres centésimas más que la media en convenios con efectos hasta marzo. Por otra parte, en lo que va de 2022, hasta marzo, se han depositado en los registros de las autoridades laborales un total de 187 inaplicaciones de convenios, que afectan a 7.563 trabajadores.

Fuentes sindicales han explicado a este periódico que tienen claro que no pueden plantear “alzas salariales que igualen o se acerquen a la tasa actual del IPC”, aunque si han advertido de que su propuesta final estará condicionada a que la patronal esté dispuesta a “generalizar las cláusulas de revisión que impidan pérdidas de poder adquisitivo cada año o al final del periodo de vigencia del AENC”. La respuesta empresarial ha sido una nueva llamada a la moderación de los salarios y a incluir estas cláusulas por los citados “efectos de segunda vuelta”.

Según la estadística de Trabajo, el grueso de los trabajadores (siete de cada diez) carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos, aunque el porcentaje de trabajadores protegidos está registrando una tendencia ascendente -hasta febrero representaban el 28,7%-.