Pobreza

El fiasco del Ingreso Mínimo: solo llega a 284.000 hogares de los 700.000 que tienen derecho a la ayuda

La AIReF calcula su alcance desde su puesta en marcha en mayo de 2020 y hasta diciembre de 2021. Si se toma como referencia el número de hogares que sufren pobreza en España (1,3 millones), deja sin cobertura a un millón de familias pobres

Cola de reparto de alimentos en Aluche
Cola de reparto de alimentos en AlucheJesús G. FeriaLa Razón

Desde su puesta en marcha en mayo de 2020 y hasta diciembre de 2021, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo ha llegado a 284.000 hogares, el 40% de sus beneficiarios potenciales, y ha ejecutado un 56% de su presupuesto (1.600 millones de euros), según la evaluación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En contraposición a estos datos, de estar plenamente implementado, el IMV cubriría a 700.000 hogares y supondría un coste anual de 2.800 millones de euros. Estas cifras excluyen a País Vasco y Navarra, al no disponer de suficiente información, y siguen sin alcanzar las estimaciones iniciales del Gobierno. En mayo de 2020, se puso en funcionamiento el IMV con un diseño que aspiraba a cubrir a 830.000 hogares de todo el territorio español, en los que se estima que viven más de 2,3 millones de individuos, y cuyo presupuesto ascendía a 3.000 millones de euros.

De esta manera, la AIReF concluye que la prestación, creada con el objetivo de prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social y garantizar un nivel mínimo de ingresos en todo el territorio español, “ha desplegado solo una parte de su capacidad potencial”. Los potenciales beneficiarios que no están accediendo a la prestación son en su mayoría hogares compuestos por uno o dos adultos y ningún menor. Sin embargo, actualmente la incidencia del IMV es mayor en los hogares con hijos, porque en mayo de 2020 se hizo una conversión de la prestación por hijo a cargo. En concreto, 113.000 beneficiarios ( el 40% del total de expedientes en alta) proceden de la anterior prestación por hijo a cargo.

En este sentido, la AIReF constata que 400.000 hogares que podrían recibir el IMV aún no lo han solicitado, el 57% de los posibles beneficiarios, fenómeno conocido como non take-up. Este fenómeno, común en la práctica internacional por la compleja gestión de este tipo de prestaciones, está presente en hogares que poseen algún tipo de renta y, en particular, se concentra entre aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios del IMV.

El director de la División de Evaluación del Gasto Público de la AIReF, José María Casado, explicó durante la presentación del estudio que el 91% de los hogares elegibles que no solicitan el IMV poseen algún tipo de renta del trabajo. En particular, el 53% de los hogares non take-up poseen prestaciones de desempleo. Según la evaluación de la AIReF, los hogares que no están solicitando el IMV se concentran entre los que tendrían una ganancia de renta inferior al 10% si lo solicitasen. Este dato hace pensar que “los hogares que se encuentran cerca del umbral de elegibilidad pueden percibir que los costes de la solicitud en términos de tiempo, burocracia u otras cuestiones no son compensados por el beneficio que obtendrían”, recoge el documento del estudio.

El 73% de las solicitudes son rechazas

Además, aunque el número de solicitudes ha sido elevado, sobre todo en los primeros meses, y ha superado los 1,5 millones, la AIReF constata que un porcentaje muy alto resultaron rechazadas. En concreto, la AIReF señala que el 73% de las solicitudes resueltas (975.000) se han denegado o inadmitido, aunque este porcentaje ha disminuido con el tiempo hasta el 60%. Los dos principales requisitos incumplidos han sido el criterio renta (42% de los expedientes rechazados) y el de unidad de convivencia-empadronamiento (22%), sobre todo porque la unidad de convivencia declarada por el hogar no coincide con la que figura en el padrón en el domicilio de la solicitud.

Solo protege a 2 de cada 10 hogares pobres

En cuanto a cómo contribuye esta prestación a la lucha contra la pobreza, José María Casado ha precisado que, a diciembre de 2021, el IMV cubría a un 22% de los hogares en riesgo de pobreza (284.000 de 1,3 millones). Para este estudio, la AIReF ha considerado que un hogar está en riesgo de pobreza si la renta de sus miembros se sitúa por debajo del 40% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de la población. Es decir, deja sin cobertura a más de un millón de familias pobres. Si se implementase completamente, alcanzaría a cubrir a algo más de 700.000 hogares que representan solo 52% de los 1,3 millones de hogares que se encuentran en situación de pobreza. Para protegerlos a todos, habría que destinar un presupuesto total de 6.000 millones de euros a erradicar la pobreza.

Si se tienen en cuenta también los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas junto al IMV, si estuvieran plenamente implementados, la AIReF señala que conseguirían cubrir aproximadamente al 60% de los hogares en riesgo de pobreza. En todo caso, todavía quedarían 540.000 hogares sin cobertura.

Propuestas de mejora

Teniendo en cuenta estos hallazgos y con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de la prestación, a corto plazo, la AIReF propone concretar los objetivos del IMV de modo que pueda evaluarse su cumplimiento. Esto incluye especificar las definiciones y los indicadores sobre pobreza que el IMV utiliza para establecer sus objetivos y realizar su seguimiento, establecer plazos concretos para conseguir los objetivos, garantizar que dichos objetivos son cuantificables y medibles e incorporar de manera sistemática la información para el seguimiento de la prestación en el Portal de estadísticas de la Seguridad Social.

Además, la AIReF propone analizar la naturaleza del patrimonio de los hogares en situación de pobreza, en particular, el grado de liquidez de sus activos reales y su valoración y, si fuera necesario, reconsiderar la definición del patrimonio establecida para ser beneficiario del IMV. Asimismo, la institución propone estudiar con detalle las solicitudes rechazadas por motivos relacionados con la renta y la unidad de convivencia, simplificar el proceso de solicitud y fomentar la publicidad institucional de la prestación, profundizar en el análisis de las causas del non take-up y seguir trabajando en el encaje entre el IMV y la renta mínima de cada comunidad autónoma.

A medio plazo, la AIReF propone que, a medida que se vayan conociendo los efectos que el IMV está teniendo sobre la reducción de la pobreza, el mercado de trabajo y la inclusión social, se valore avanzar hacia una prestación que se inicie de oficio por parte de la Administración y que integre al resto de prestaciones e impuestos que persiguen la misma finalidad que el IMV con el objetivo de mejorar la eficiencia. Otra alternativa, según indican, sería integrar el IMV en el IRPF como un impuesto negativo y extenderlo a toda la población (declarantes y no declarantes).

Recomendaciones previas

No es la primera evaluación que realiza la AIReF en este ámbito. Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, ha recordado que el organismo publicó el estudio sobre los programas de rentas mínimas en España en 2019, solicitado a la institución en marzo de 2018 tras las recomendaciones reiteradas del Consejo Europeo sobre la necesidad de fortalecer la última red de prestaciones económicas para conseguir mayores avances en la reducción de la pobreza, y después de que el Parlamento tomara en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos a propuesta de CCOO y UGT.

Tras ello, el IMV ha incorporó algunos elementos relativos al diseño que propuso AIReF como “fijar como requisito esencial la renta del hogar y eliminar la relación que hubiera con el desempleo de los beneficiarios para no desincentivar su participación en el mercado de trabajo”, ha señalado Cristina Herrero. Sin embargo, al diseñar la prestación se desatendieron algunas propuestas de AIReF, como la de enmarcar su diseño en un plan presupuestario de medio plazo que compense el aumento de gasto estructural que supone.