El Ingreso Mínimo solo llega al 12% de la población bajo el umbral de pobreza

La medida estrella del escudo social contra la pandemia sigue sin reparar sus grietas casi dos años después de su aprobación. Pese a llevar desde junio de 2020 en funcionamiento, el diseño del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha limitado su alcance a menos de la mitad de los beneficiarios inicialmente previstos, se le deniega a tres de cuatro solicitantes y solo el 12% de la población bajo el umbral de la pobreza se ha beneficiado de la prestación. Así lo denuncia Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Oposición, asociaciones, ONG y solicitantes siguen vertiendo sus críticas contra el Ejecutivo, que pese a haber introducido mejoras en la Ley del Ingreso Mínimo Vital, aprobada en noviembre con el objetivo de duplicar los perceptores del IMV, hasta 1,6 millones, en 2022, no logra que la ayuda llegue a quien verdaderamente la necesita.

Hasta marzo de 2022, la Seguridad Social contabilizó 428.043 prestaciones concedidas “de las más de 1,7 millones solicitudes” presentadas, es decir, solo se conceden una de cada cuatro solicitudes, lamenta la entidad en un comunicado. Y las 428.043 prestaciones aprobadas llegan a algo más de un millón de perceptores (1.064.609). Estas cifras no cumplen el reto que se marcó el Gobierno el pasado mayo de 2020: llegar a 850.000 hogares en los que vivan 2,3 millones de personas. Esto supone que casi dos años después de su aprobación, el IMV solo da cobertura al 46% de las familias con bajos ingresos a las que el Ejecutivo prometió proteger. Es decir, la mitad de los hogares vulnerables se quedan sin ingreso mínimo.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calcula, además, que solo el 12,08% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiadodel Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, la protección no es homogénea en el territorio español. Hay comunidades que únicamente tienen una cobertura del 7,1%, como Cataluña, o 7,5% en Canarias, mientras que Navarra supera el 27% y Ceuta y Melilla se sitúan en torno al 25%.

A mediados de octubre de 2021, y tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dieron a conocer una serie de modificaciones normativas que se incluyeron en el proyecto de ley del IMV aprobado en el Congreso. Estas mejoras tenían el objetivo de alcanzar los 1,6 millones de perceptores del IMV en 2022. Los cambios entraron en vigor en enero de 2022 y están dotados con un presupuesto 3.000 millones de euros con el que se costeará durante todo este año el ingreso mínimo.

Según los cálculos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, desde diciembre de 2021 se han incorporado a la percepción del Ingreso Mínimo Vital 330.000 personas. En sólo tres meses se han incorporado mayor número de personas que en el período de nueve meses de marzo a diciembre de 2021, habiendo pasado de una media de unos 30.000 perceptores nuevos cada mes, a 110.000 en los últimos tres meses. De esta manera, la Asociación valora que las modificaciones que entraron en vigor en enero de 2022 “han aumentado el ritmo de concesiones y favorecido la incorporación de nuevos perceptores”, pero vuelven “a reclamar nuevos cambios que ayuden a llegar al objetivo previsto en la aprobación de la ley”. Y es que “el laberinto burocrático del Ingreso Mínimo Vital ha hecho que, en la mayor crisis social de la historia, el IMV se haya implantado a un ritmo mucho más lento de lo previsto”, denuncia.

En este momento, en el que se está produciendo la mayor crisis de refugiados de los últimos años, piden al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que permita que el IMV pueda ser una herramienta para facilitar la inclusión de las personas refugiadas que lleguen a España. En este sentido, solicitan exceptuar a las personas con cualquier tipo de protección internacional o asilo, de la necesidad de cumplir con lo recogido en el artículo 10.a), permitiendo la percepción del IMV desde su llegada a España, sin necesidad de cumplir con el requisito de tener residencia legal desde un año anterior a la solicitud.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales subraya que mientras el Gobierno sigue sin cumplir con su objetivo de llegar a 800.000 hogares, las “colas del hambre” son un recordatorio de su impericia para gestionar la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital.