La subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios costará más de 20.000 millones

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vuelto a hablar alto y claro en el Congreso de los Diputados: el país necesita acordar un plan de consolidación fiscal plurianual, una revisión integral de la eficiencia del gasto público y del sistema impositivo para reducir de manera gradual el déficit público estructural y la deuda pública, maximizar el impacto de los fondos europeos, que hasta ahora no se ha notado su repercusión sobre la economía o las empresas y desindexar las pensiones a la subida de la inflación.

Sobre este complicado contexto, Hernández de Cos ha detallado sus recomendaciones -poco novedosas, pues son prácticamente las mismas de sus últimas comparecencias- para afrontar lo que ha denominado “un escenario de altísima incertidumbre”, en el que el Ejecutivo debe impulsar un “pacto de rentas”, dar un “apoyo selectivo a los más vulnerables”, establecer un compromiso firme con la “sostenibilidad fiscal” y un plan real para redefinir el maná de fondos europeos.

En su alocución ante sus señorías de la comisión presupuestaria, el gobernador ha avalado de forma relativa las cuentas públicas para el próximo ejercicio, sobre las que ha reclamado una política de contención del gasto porque el Ejecutivo basa sus previsiones en un elevado impulso de los ingresos, que “aún no explicado ni detallado”. Por ello, ha reclamado “prudencia” a la hora de emplear ese mayor colchón de ingresos previsto ante el “desconocimiento” y la “incertidumbre” económica y geopolítica, y ha recordado el ejemplo de la burbuja inmobiliaria, cuando los mayores ingresos obtenidos esos años se desvanecieron y ”deterioraron” rápidamente las cuentas públicas. “Insisto en la necesidad de no tomar en su totalidad este aumento como permanente, hasta que no se conozca el origen del desacoplamiento que se viene observando desde el año 2020 entre la recaudación tributaria y las bases impositivas macroeconómicas”, ha subrayado.

También ha puesto el semáforo en rojo sobre el incremento exponencial del gasto derivado de la actual situación de presión inflacionaria por la guerra de Ucrania, por lo que ha advertido de que existen “riesgos de desviación” al alza en algunas partidas en 2023 respecto a lo presupuestado. Entre ellas, la carga de intereses, las prestaciones por desempleo y las prestaciones sociales, en particular a las pensiones.

Sobre estas últimas, ha vuelto a pedir que no se realicen actualizaciones automáticas de sueldos y pensiones con la inflación, ya que “se puede hacer compatible” la protección de los más vulnerables con medidas más concretas. La propuesta lanzada por el gobernador pasa por “que las pensiones mínimas se indexen con el incremento de la inflación al IPC, pero no con el resto”, aunque ha descartado que esta decisión se establezca “de manera estructural”, sino que debería ser una decisión temporal adscrita a periodo de alta inflación.

En este contexto, el aumento del gasto en pensiones que provocará la indexación de la subida al IPC conllevará “medidas compensatorias” del lado de los ingresos o del gasto para cubrir estas necesidades y las de la propia Seguridad Social, de la que ha reconocido que está afectada “no sólo por la subida excepcional del 8,5% de las pensiones de este año, sino por la propia situación deficitaria del sistema”. Y para detalle ha puesto un botón: cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el IPC supondrá un gasto adicional de unos 1.800 millones, con lo que la subida del 8,5 % aproximado que ha estimado el Gobierno en los presupuestos de 2023 costaría más de 15.000 millones. Por tanto, se destinarán 190.687 millones de euros al pago de estas prestación, lo que supone una subida del 11,4% respecto a la partida de 2022.

Si a esto le sumamos el incremento previsto de los sueldos públicos, la cifra de gasto adicional por subidas inflacionarias estaría ya en el entorno de los 20.000 millones, al sumar a los 15.300 millones de las pensiones los 4.900 millones de gasto adicional por la subida de los funcionarios -según detalla el Banco de España sería de 3,5 puntos, 1.400 millones por cada punto de subida-. De este modo, el Gobierno deberá afrontar este gasto adicional en un escenario “muy constreñido por el abultado endeudamiento público”, con una economía que se está “desacelerado de forma significativa”, sin acuerdo sobre el pacto de rentas -“cuya firma sería muy deseable”, defendió De Cos-, en pleno proceso inflacionista y en un año con cita electoral.

Con estas cifras, De Cos advierte de la mala situación de las cuentas de la Seguridad Social, sobre las que no se ha mordido la lengua al afirmar que las medidas aprobadas por el Ejecutivo son “insuficientes para compensar los compromisos de gasto ya adoptados”. En conjunto, Hernández de Cos concluyó que el análisis de las medidas adoptadas en los últimos meses en el ámbito de las pensiones “sugiere que los mayores compromisos de gasto asociados a la derogación de los elementos centrales de la reforma de 2013 no han sido compensados todavía en su totalidad por las nuevas medidas introducidas recientemente”. Por ello, afirmó que “parece probable” que se requiera de “nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos”.

Se refiere en concreto el Gobernador a que el ahorro asociado al MEI -la conocida hucha de las pensiones- y a los incentivos a la jubilación demorada oscila entre 1,4 puntos y 2,4 puntos de PIB en el año 2050, mientras que la revalorización de las pensiones con el IPC y la derogación del Factor de Sostenibilidad aumentarían el gasto en pensiones entre 3,2 y 3,5 puntos de PIB en dicho año. Por ello, el máximo responsable del supervisor bancario insistió en “reforzar” el vínculo entre las contribuciones y las prestaciones y dar al sistema mayor “transparencia y previsibilidad”, valorando la introducción de “mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas”. Además, ha incidido en que “para hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos”.

Misma contención ha recomendado el gobernador para los salarios en el sector privado, para los que ha reclamado que se eviten “fórmulas de indiciación automática a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguarda”, para reducir el riesgo de que se desencadene una “realimentación entre los incrementos de los salarios y los de los precios”. A ello ha sumado el desarrollo de “compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales”, lo que aportaría “certidumbre a los hogares y a las empresas a la hora de tomar sus decisiones de gasto e inversión”.

En el plano de política fiscal, el gobernador cree que debería evitarse un impulso fiscal generalizado, no solo porque el margen de actuación de la política fiscal en España es “relativamente limitado”, sino también porque dicho impulso “exacerbaría las actuales presiones inflacionistas”. En este sentido, teniendo en cuenta que el despliegue de los proyectos de inversión asociados a los fondos ya supone un impulso fiscal apreciable, el resto de la política fiscal en España debería mantener un “tono neutral” o incluso “ligeramente restrictivo”. El gobernador ha insistido en que España necesita una revisión integral del sistema tributario”, que podría pasar, de acuerdo con el Libro Blanco, por un menor uso de los tipos reducidos de IVA y un aumento de la tributación medioambiental, así como por una mayor armonización internacional.

Además, considera que se debería concentrar el apoyo de la política fiscal en los hogares de rentas más bajas y evitar incrementos adicionales del déficit público estructural que “alimenten el episodio inflacionista y deterioren la sostenibilidad de las finanzas públicas”.