Energía

El gasoducto BarMar choca con el corredor de cetáceos del Mediterráneo y un parque marino francés

La zona protegida, aprobada a instancias de Ribera, impide tocar el lecho hasta el Cabo de Creus, donde está la reserva del Golfo de León

Gaseoducto
GaseoductoLa Razón

El tubo con el que se pretende unir las terminales de gas natural licuado (GNL) de Barcelona y las de Fos Tonkin y Fos Cavaou, próximas a Marsella, y por el que se busca intercambiar también hidrógeno verde no solo se trata de un proyecto costoso y complejo, cuyo plazo de construcción podría demorarse más allá de los cinco años que apuntaron fuentes de La Moncloa al término de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro luso, Antonio Costa, sino que su trazado va a requerir arabescos para unir ambas ciudades.

El denominado gasoducto BarMar tendrá que atravesar una zona muy compleja, no solo porque ese área concreta del Mediterráneo es lo que se denomina un «mar de recreo», lleno de embarcaciones de pasajeros, cruceros, barcos pesqueros y yates, sino porque buena parte de sus aguas entre el Cabo de la Nao y el Golfo de León se encuentran preservadas con distintas fórmulas.

En concreto, en el caso español, hay una superficie marina protegida del tamaño de Aragón que se extiende, por el sur, desde el Cabo de Creus, en Gerona, hasta el Cabo de la Nao, en Alicante, mientras que por el este discurre paralela a las costas de islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, a una distancia de unos 13 kilómetros; y por el oeste, también paralela a las costas catalana y valenciana, se mantiene a unos 38 kilómetros de distancia media. Se trata por tanto de una «franja continua de aguas marítimas» protegidas de 46.385 kilómetros cuadrados de superficie y unos 85 kilómetros de anchura media. Estas aguas presentan un gran valor ecológico y constituyen un corredor de migración de cetáceos de vital importancia para la supervivencia de los cetáceos en el Mediterráneo Occidental.

Así lo concretó a finales de junio de 2018 el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera, mediante un Real Decreto por el que se declaraba Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo con un régimen de protección preventiva y se proponía su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM), en el marco del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación, conocido como Convenio de Barcelona.

El régimen de protección preventiva establecía la prohibición de usar sistemas activos destinados a la investigación geológica subterránea, tanto por medio de sondas, aire comprimido o explosiones controladas como por medio de perforación subterránea, y también la de cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, salvo aquellas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor. «Con esta declaración se pone fin a nuevas prospecciones y a cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, y este ministerio revisará a partir de ahora las que ya están en vigor», explicaba entonces exultante la ministra Ribera.

El problema es que, en su afán por acabar con las posibles prospecciones de hidrocarburos, la norma establece que la zona protegida no solo comprende la totalidad del espacio marino, incluidas las aguas en las que está integrado, el subsuelo y los recursos naturales existentes dentro de los límites establecidos sino también el «lecho marino». Este corredor está integrado en la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de Barcelona, lo que dota de mayor preservación frente a emisiones contaminantes y ruidos submarinos, entre otras amenazas.

Por si fuera poco, desde el Cabo de Creus comienza, al otro lado de la frontera, un Parque Nacional Marino pegado a la costa francesa. El PNM del Golfo de León arranca en la comuna de Cerbère hasta la de Leucate, un área de 4.010 kilómetros cuadrados equivalente al departamento de los Pirineos Orientales. Creado en 2011, su límite a lo largo es de 60 kilómetros, con profundidades de hasta 1.200 metros. Al estar pegado a la costa española prácticamente no hay resquicio entre ambas reservas lo que hará que los costes del proyecto BarMar se disparen, según indican fuentes del sector a LA RAZÓN, tanto por los estudios medioambientales como por la propia infraestructura.