El subidón impositivo hace saltar por los aires un pacto de rentas

El pacto de rentas entre la patronal y los sindicatos es una opción cada vez más lejana. En realidad, ambas partes descartan ya llegar a un acuerdo este año y lo fían a negociaciones para los siguientes dos ejercicios, 2024 y 2025. Ante la posibilidad de que se frustre un acuerdo, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ha presionado con fuerza desde la vuelta del verano para reactivar un pacto. Pese a que Calviño pretende seguir manteniendo al Gobierno al margen del acuerdo, fuentes gubernamentales han reconocido a LA RAZÓN que desde su Ministerio se ha impulsado la negociación con intensidad desde septiembre –en algunos caso de forma personal por la ministra– para que ambas partes acerquen sus posturas, pero éstas «están muy enquistadas», reconocen las mismas fuentes, por lo que la propia ministra habría asumido ya que el acuerdo no será posible este año.

Y las últimas decisiones tomadas por el Ejecutivo han terminado por cerrar todas las puertas, al menos en lo que concierne a la patronal CEOE. El paquete de medidas fiscales presentado por la ministra de Hacienda, María José Montero, en el que se anunció el nuevo impuesto a las grandes fortunas, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, unido a los impuestos especiales a la banca y a las energéticas, ha llevado el desconcierto y el enfado a los empresarios, que lo tomaron como un ataque directo contra ellos, acusando al Gobierno de impulsar «una campaña de desprestigio empresarial ante la sociedad».

La subida de las cotizaciones al 8,6% para las rentas más altas –las de más de 54.000 euros– incluida en el proyecto de Presupuestos de 2023, que se hizo sin informar previamente a los agentes sociales, ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia y la puntilla a su aguante.

Desde la patronal critican directamente al Gobierno de querer forzar un pacto de rentas que «ni siquiera está cerca», porque lo que ofrece el Gobierno «no es un pacto de rentas», lo que está haciendo es «adoptar decisiones unilaterales que van en el sentido contrario de lo que debería ser», explicaron a este periódico fuentes empresariales. Se refieren los empresarios a los últimos pasos dados por el Ejecutivo, sobre que las pensiones suban en función de la inflación, que se hable ya de subir del SMI «cuando no tocaba abordarlo hasta diciembre, y que además no compartimos en las actuales circunstancias» y que se aumente la fiscalidad y las cotizaciones para las empresas. «Un pacto de rentas es hablar de todo esto». Al menos, insisten en que «siempre nos vamos a sentar en una mesa, pero no para decir que sí a todo».

Las mismas fuentes también han dejado claro que un acuerdo de este tipo «no es una cosa de aquí a un año», sino que es a más largo plazo, por lo que descartan prácticamente que este año se encuentre una salida, aunque están abiertos a hablar de cara a 2025.

Además, recuerdan que la intención de los sindicatos de «indexar los salarios al IPC generaría un problema de segunda ronda y un problema de futuro para el país», por lo que «por nuestra parte queda rechazado».

La propia Calviño ya planteó a los agentes sociales un pacto de rentas hasta 2025 –aunque su intención es que se incluya 2023– que pase por una «moderación de rentas salariales y de márgenes empresariales» que haga frente a la escalada inflacionista para tener «un contexto y un marco previsible para los próximos años», ya que daría «confianza y tranquilidad» a los trabajadores, a las empresas, a los inversores y al conjunto de la ciudadanía.

Precisamente, la vicepresidenta ha hecho en la última semana un guiño respecto a la subida del SMI que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien anunció que se llevaría a cabo «con o sin la patronal». En este caso, la titular de Economía se ha limitado a decir que «el Gobierno adoptará la decisión oportuna con respecto a la evolución de los precios, del empleo y del Producto Interior Bruto. Los equipos técnicos están trabajando y de aquí a final de año, tomaremos la decisión que nos parezca más oportuna para seguir impulsando el crecimiento y también la creación de empleo».

Por su parte, fuentes sindicales dan «por imposible» llegar a un pacto antes de que acabe el año y han vuelto a cargar contra la CEOE «porque nunca ha tenido voluntad de alcanzarlo». También han querido deslizar criticas veladas contra el Ejecutivo, sobre el que han asegurado a este periódico que «podría estar poniendo más de su parte para impulsar políticas más ambiciosas».

El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, alertó la semana pasada de «señales de agotamiento» en el pacto de rentas entre el sector público y privado, que volvió a defender como única salida para no entrar en una «espiral inflacionista» que derive en una grave pérdida de competitividad de la economía española.

Según sus estimaciones, los salarios han aumentado las cláusulas de salvaguarda de los convenios colectivos, pasando de un 17% en 2021 a un 45% en lo que va de año, y prevé que para el 2023, el 50% de los convenios colectivos incluyan esta cláusula, «lo que confirma este síntoma de agotamiento».

Según la estadística de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo, hasta septiembre había registrados un total de 2.674 convenios colectivos con efectos económicos para este año, si bien solo 562 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 2,88%. Los demás se rubricaron antes y recogen un incremento salarial medio del 2,55%.

Por tanto, la subida salarial media pactada hasta septiembre en los convenios colectivos pasó del 2,6% de agosto al 2,61% de septiembre.

Mientras, menos del 25% de los trabajadores no está amparado por convenios que recogen cláusulas de revisión salarial. Este fue, precisamente, el principal escollo en la negociación entre sindicatos y patronal en la mesa del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que, entre otras cuestiones, debía incluir recomendaciones de evolución salarial para las mesas de negociación sectoriales.

Sindicatos (UGT y CC OO) y patronal acercaron posturas en cuanto a las subidas de base, que para este año rondarían el 3,5% y hasta 2024 sumarían un 8%. Pero en mayo quedó congelada la negociación, ya que para los sindicatos era “imprescindible” incluir una cláusula de revisión por la que en un periodo de tiempo determinado se revisaran las subidas salariales en función de la inflación para que los trabajadores “no perdieran poder de compra”. Pero CEOE no lo aceptó, se rompieron las conversaciones y los sindicatos anunciaron un “otoño caliente”, punto en el que nos encontramos ahora, con las partes enfrentadas, sin avances y casi sin tiempo.