Las comunidades autónomas están viviendo una auténtica fiesta de gasto. Bien provistas de recursos, especialmente procedentes de las transferencias del Estados y los fondos europeos, que les han llegado como un maná caído del cielo, están gastando a manos llenas, como si no hubiera un mañana, alentadas, además, por el año electoral, en el que los distintos responsables autonómicos están poniendo toda la carne en el asador antes de pasar por el escrutinio de las urnas. Y es que el 28 de mayo está a la vuelta de la esquina y parece que no quieren escatimar. Muestra del derroche del que están haciendo gala los distintos territorios de nuestro país son los datos de ejecución presupuestaria hasta octubre (últimos disponibles), que recoge la Intervención General del Estado (IGAE). En los diez primeros meses del año pasado, las comunidades autónomas han disparado su gasto un 8%, hasta los 187.493 millones de euros, un incremento que multiplica por cuatro el de la Administración Central del Estado, que creció hasta ese mes un 2,2%. Una subida casi generalizada y muy acentuada, ya que, en trece de ellas, está por encima de la media e, incluso, en seis, el alza supera los dos dígitos. Encabeza la lista de territorios más “gasticidas”, Cantabria, con un aumento del13,5%; Castilla-La Mancha, con el 12%; Extremadura, con el 11,9%, y la Comunidad Valenciana, con una expansión de su gasto del 11,6%, aunque también en comunidades gobernadas por el PP, como Murcia, Andalucía o Galicia, las subidas se encuentran por encima del 10% (11,5%, 10,5% y 10,1%, respectivamente). En el lado contrario, en el de las más contenidas entre enero y octubre, se sitúan Baleares, con un retroceso del 6,3%, Madrid, con una subida del 3,9%, y La Rioja, con un 5,1%.

«No se trata de signo político, sino de gastar correctamente y con cabeza. Salvo alguna, como Madrid, que se ha administrado razonablemente bien, la gran mayoría de las autonomías están gastando por encima de lo deseable. En 2021, no se hizo una gestión prudente de los recursos públicos, como tampoco se ha hecho en 2022″, expone José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, que calcula que, desde 2019, el incremento del gasto se traduce en 2 puntos de PIB.

El récord de ingresos tributarios, muy alimentado también por la inflación, los estímulos monetarios y el crecimiento de la economía por encima del PIB potencial no ha servido para reducir el déficit estructural (aquel que se genera independientemente del ciclo económico), situado en el entorno del 4%, y que en buena parte está siendo generado por las manirrotas comunidades autónomas, precisamente, por este aumento del gasto público. Y como muestra, un botón. Mientras la Administración Central del Estado llegó a octubre con un déficit de 15.845 millones de euros, un 70,7% inferior al registrado al del mismo periodo de 2021 (rebajándolo del 4,97% del PIB al 1,21%), obteniendo incluso los organismos de la Administración Central un superávit de 2.450 millones (frente al déficit de 548 millones del año anterior), la Administración Regional ha cerrado con un déficit de 5.506 millones, frente al superávit de 11.938 millones de 2021, pasando de un saldo positivo del 0,99% a uno negativo del 0,42%, tal y como también recoge la IGAE en su informe. «No está justificado que con el shock del aumento de los precios haya comunidades que suban el gasto por encima del 10%, generando aún más inflación. Además, ante una moderación del crecimiento económico como el que se prevé para este año, y una menor recaudación, a la que también impactará la previsible relajación del IPC, la situación se agravará y el déficit público se ensanchará», añade Díez. Y es que un aumento del gasto público afecta directamente a la evolución de este déficit estructural y, en consecuencia, se produce un aumento de la deuda pública (situada hoy en el 118% del PIB), debilitando la situación financiera del país frente a recesiones futuras.

Reglas suspendidas

El «gasticidio» es especialmente relevante en el capítulo de gasto corriente (el empleado en aquellas partidas necesarias para el ejercicio de la actividad de la Administración, que no contribuyen a mejorar el nivel de productividad, y en el que se incluye, entre otros, el pago de las nóminas de personal -las comunidades emplean al 60% de los asalariado públicos-), en un momento en que las reglas fiscales están suspendidas como consecuencia de la pandemia. Una vez se vuelvan a aplicar, estará de nuevo vigente la normativa que recoge el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF), y que establece que el gasto computable no puede superar la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo, una regla que, a día de hoy, están incumpliendo la gran mayoría. Se trató, pues, de una medida extraordinaria, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó como «un paréntesis temporal» en la senda de consolidación fiscal que, no obstante, a partir del año que viene, se volverá a aplicar. Sin embargo, tras la COVID, las comunidades parecen no querer volver al redil de los ajustes, y hacen oídos sordo a eso de apretarse el cinturón, ya que, en lugar de moderar su gasto, lo han subido, en opinión de Díez, «injustificadamente», por lo que parece complicado que se pueda cumplir con los límites de deuda y déficit.

Lejos de enmendarse, para 2023 han presentado unos presupuestos claramente expansivos. Las cuentas públicas previstas para este año muestran que las comunidades han disparado la partida de desembolsos. En concreto, crece un 8,89%, hasta los 180.777,68 millones de euros, aumentado los gastos corrientes en un 8,29%, según recoge «El Proyecto de Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas 2023», elaborado por el Ministerio de Hacienda que, no obstante, no incluye las cifras correspondientes a Cataluña y la Comunidad de Madrid. En el primer caso, por no haber presentado proyecto de Presupuestos y, en el segundo, porque se encontraban en tramitación. Un suma y sigue, en el que la expansión de lo que va a gastar el conjunto de la Administración Autonómica supera incluso a la de 2020, en plena pandemia, y que avanzó a un ritmo del 8,45%, cuatro décimas menos que lo presupuestado para 2023.

«Si bien es cierto que Sanidad, Educación y Servicios Sociales acaparan el gasto de las comunidades, y que se trata de las partidas más costosas, junto a las pensiones, es necesaria una actuación ordenada y coordinada de todas las administraciones y una reformulación del gasto, sobre todo, en un momento como el actual, en que tenemos que ganarnos el crédito de los inversores internacionales, que son los que ahora están comprando deuda sustituyendo así al BCE», incide Díez.

Y es que las comunidades actúan hoy como verdaderos «reinos taifas», que hacen y deshacen de forma independiente, atendiendo a sus propios intereses, olvidándose que forman parte de una administración superior. Tal y como indica el Banco de España, el 56,9% de la deuda tiene por acreedor al Estado, porcentaje que, en el caso de Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, asciende al 80%. En 2018, la regulación de todas las administraciones sumaban en España 11.737 normas, de las que el 71,8% provenían de las comunidades, según la recopilación realizada por Mario Sanguinetti y Ricardo Pérez Valls.

Ahorro necesario

En este sentido, esta misma semana el Círculo de Empresarios ha presentado una propuesta de reforma de las administraciones públicas con el objetivo de reducir el gasto del 50,6% del PIB, en que se encontraba en 2021, hasta el 40% en 2024, lo que supondría, en una primera estimación no dinámica, un ahorro de unos 32.000 millones de euros. Bajo el título, “Unas Administraciones Públicas más eficientes y modernas”, sugiere que la administración que más se tendría que contener sería la autonómica, con un recorte en su gasto del 46%, seguido por la local (32%) y la central (22%).

La institución que preside Manuel Pérez-Sala considera que un mayor gasto público no tiene por qué suponer necesariamente unos mejores servicios públicos y que su evaluación continua en busca de una mayor eficiencia y eficacia es la mejor manera de garantizar todos los recursos necesarios para las políticas prioritarias.

Así, el Círculo de Empresarios se muestra favorable a una reestructuración completa de las Administración Territorial, centrada en administrar mejor y de forma más eficiente, priorizando el mantenimiento de servicios y prestaciones frente al coste de la administración, lo que generaría un potencial ahorro de entre 10.300 y 16.100 millones de euros.

Estamos, pues, ante un fiesta “gasticida”, a la que, tarde o temprano, habrá que poner fin.