Actualidad

5 G una revolución más allá de la tecnología

Las empresas se preparan para aprovechar las oportunidades que ofrece para el desarrollo de la realidad virtual, el automatismo o la robotización.

Publicidad

Óscar REYES

La revolución digital cambia el mundo tal y como lo conocemos pero, a la vez, sufre sus propias revoluciones. Y la próxima está a punto de llegar, el 5G. El mundo en red crecerá en espacio, ya que tendrá más capacidad de datos y acelererá el tiempo al permitir mayor velocidad en la transferencia. En julio se iniciará en España la primera subasta de frecuencias de 5G, y tendrá un impacto en el proceso de digitalización de ciertos sectores de peso en la economía española. Podría tener un impacto de 14.600 millones de euros hasta 2025 en nuestro país, según los cálculos de la Comisión Europea.

La subasta, cuyo inicio no se retrasará más allá del 20 de julio, será sobre 40 bloques de 5 megahercios (Mhz) cada uno, y un valor de 2,5 millones de euros. Es decir, el conjunto de la puja será de 200 Mhz y por un importe total de 100 millones, lo cual supondrá un beneficio económico al Estado. Las empresas que quieran participar tendrán para solicitarlo hasta el 29 de junio, pero sólo podrán hacerlo aquellas que hayan registrado ingresos anuales superiores a los 90 millones en los últimos tres años.

Publicidad

De esta manera, la competencia se reduce a las grandes operadoras como Telefónica, Orange, Vodafone o MásMóvil. Todas ellas tienen la posibilidad de mantener un límite máximo de 120 Mhz. Telefónica y Orange, por su parte, ya cuentan con 40 Mhz, pues ésa fue la cantidad que se repartió en una licitación anterior a dichas empresas más a Eurona, Iberfibra y el Ministerio de Defensa.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha denunciado que tanto Telefónica como Orange parten con ventaja en la subasta de julio, pues Vodafone o MásMóvil estarían obligadas a presentar pujas altas para obtener, al menos, 80 Mhz y así no perder demasiado terreno. La propuesta que la CNMC presentó en abril para solucionar este hándicap competitivo y dividir mejor las oportunidades del 5G fue limitar el máximo de frecuencias que puede mantener una operadora en 100 Mhz. Pero, como se ha comentado, no tuvo éxito y el margen se sitúa actualmente en 120 Mhz.

Publicidad

Por lo tanto, ésa será una de las condiciones para el desarrollo del 5G en nuestro país, el cual no tardará en establecerse del todo. El anterior Ministerio de Energía y Agenda Digital publicó que «la madurez tecnológica y comercial del 5G y, por lo tanto, el desarrollo masivo de esta tecnología se prevé en el horizonte del año 2020». Desde Telefónica apuntan la misma fecha, pero profundizan en las necesidades, que giran en torno a «la disponibilidad de dispositivos que soporten la tecnología y los requerimientos específicos como el acceso inalámbrico fijo».

El reto parece que, en nuestro país, se alcanzará porque «es uno de los más avanzados en Europa en cuanto a redes para soportar la nueva tecnología 5G», añaden desde la compañía.

Inyección económica

Esto también provocará que estemos en la liga de estados europeos en los que el impacto económico será mayor durante la primera etapa de implantación del 5G, hasta 2025. El cálculo es de alrededor de 14.600 millones de euros, superado por Alemania (20.740 millones de euros), Francia (17.110 millones), Reino Unido (16.520 millones) e Italia (15.700 millones). Esta inyección económica tiene mucho que ver con el beneficio que supondrá el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), como se llama a la interconexión entre dispositivos digitales para recabar información y perfeccionar los procesos productivos. Fuentes de Telefónica señalan que el IoT es «un importante impulsor» y se ayudará de una mejorada banda ancha móvil de gran calidad. Esa misma característica del 5G, inciden, permitirá avanzar en el vídeo inmersivo, la realidad virtual y aumentada, el «cloud gaming», la oficina móvil... Además, «cada vez se vislumbra más claramente cómo la latencia y la fiabilidad facilitarán la conducción asistida y la asistencia o el control remoto de cierta maquinaria», añaden desde la operadora.

Por lo tanto, el 5G supondrá un punto de inflexión para los procesos de digitalización y robotización de las empresas. Básicamente, debería acelerarlos porque la capacidad del 5G significará un nuevo eslabón de confianza para que las empresas quieran invertir en la tecnología necesaria para la transformación. Los nuevos usos relacionados con el 5G y el IoT, tendrían que hacer más eficientes a las empresas y generarles nuevos flujos de ingresos, de manera que les resultase de interés invertir en las comunicaciones y acometer estas inversiones transformadoras, apuntan desde Telefónica. El 5G, como todas las disrupciones tecnológicas, viene acompañada de la creación de nuevos perfiles de trabajadores que sepan manejar las novedades. España se sitúa como el segundo país europeo donde se desarrollarán más puestos de trabajo vinculados al 5G hasta 2025. Serán más de 329.000 y sólo nos supera Polonia con más de 569.000.

Publicidad

Que nuestro país ocupe el puesto en dicha lista se debe, no sólo al potencial en la economía, sino a la carencia actual de los perfiles laborales relacionados con el 5G, pero que van apareciendo poco a poco, como los especialistas en virtualización de funciones de red; en redes definidas por sotfware o en «big data». Estos últimos gestionarán las «cloud» que acumularán los datos de los que disponen las empresas, para lo que hay que tener en cuenta que el tráfico de datos prácticamente se triplicará hasta 2021 y manejarlos correctamente será una cualidad cada vez más valorada.

El pasado abril se presentó el primer máster específico en el estudio de redes 5G., que impartirá la Universidad Carlos III de Madrid. Por lo tanto, el mundo académico, aunque lentamente, ya está dando los primeros pasos para adaptarse a las futuras demandas del mercado laboral.

Las infraestructuras que requiere el 5G, como se puede imaginar, tienen una complicación añadida y demandan una fuerte inversión. La CE, en este sentido, ha estimado que la inversión en España para el 5G sea de 5.190 millones de euros en los próximos dos años. Con una cantidad tan alta, los diferentes agentes del sector ya han mostrado su deseo de compartir infraestructuras en la consulta que el anterior Ministerio de Energía realizó antes de lanzar el Plan Nacional 5G.

Para ello, es necesario «ofrecer una red neutra que permita a las operadores móviles compartir una misma infraestructura en las ciudades, lo que evitaría que las operadoras tengan que desplegar cuatro redes diferentes para cubrir a los habitantes de una ciudad», sostiene José Antonio Aranda. El proyecto de Cellnex 5G-City, financiado por la Comisión Europea dentro del programa Horizon 2020, está enfocado en ese objetivo que, en cierto modo, es solidario. «Con esta iniciativa intentamos validar diferentes casos de uso en los que un operador neutro puede proporcionar para más de un operador y asegurando interoperabilidad entre diferentes fabricantes», añade Aranda.

Fiscalidad

Las operadoras, a su vez, están adaptando las infraestructuras que ya poseen para que en 2020, como dice el refrán, «no les pille el toro». En Telefónica comentan que están incorporando de forma graducal el 5G a sus redes existente LTE («Long Term Evolution») de conexión inalámbrica. El 5G llega en un momento complejo fiscalmente para las empresas tecnológicas y digitales. Está clara la oportunidad de negocio que la nueva generación de redes móviles significa para las que existan, y para las numerosas que están por nacer. Ante el apuntalamiento de este tipo de compañías en el tejido productivo, las administraciones han debatido aumentar la aportación tributaria a quienes más provecho están sacando en el sector. En Europa, la discusión se ha saldado con una recomendación a los países miembros de desarrollar un impuesto sobre el 3% de las empresas con ingresos globales superiores a los 750 millones de euros (los de Telefónica fueron 52.008 millones en 2017) y 50 millones en todo el continente. La recaudación que estima la Comisión Europea sería de unos 5.000 millones anuales para el conjunto de los países miembros.

Incógnitas

El Gobierno de Mariano Rajoy había impulsado una figura tributaria similar a la propuesta por Bruselas con la que recaudar 600 millones en 2018 para ayudar a financiar las pensiones. Sin embargo, el nuevo presidente Pedro Sánchez, en su primera entrevista, aseguró que la capacidad recaudatoria del impuesto es «muy baja», sin manifestarse sobre su posible aprobación.

No obstante, el preámbulo del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado se prevé una recaudación de la Tasa General de Telecomunicaciones de 22 millones de euros más una Tasa por Reserva del Dominio Radioeléctrico de 10 millones. Estas tasas, asegura el secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, «cubren el coste del servicio que presta la administración, por lo que no compartimos las críticas del sector e, incluso, relativizamos el impacto recaudatorio dadas las cifras de facturación de las empresas». Las posturas y las ideas de cada uno de los involucrados ya están sobre la mesa, pero desde Telefónica recuerdan que «queda bastantes incógnitas que resolver en torno a la inversión, los modelos de negocio y la tecnología que giran alrededor del 5G».

Futuras subastas

Las subastas de frecuencia siempre resultan un punto controvertido. Así ha sido con el 4G o la Televisión Digital Terrestre, y en esta ocasión se está repitiendo la experiencia. Desde el sector privado, fuentes de Telefónica afirman que para que las futuras subastas del 5G se realicen en los modos y los tiempos adecuados «es fundamental que se produzcan lo más cercanamente posible a la disponibilidad del mismo y a la necesidad de usarlo. Debemos así evitar que, una vez realizada la subasta, transcurra mucho tiempo hasta su uso efectivo, pues ello compromete recursos que el operador ha dedicado a su compra sin que pueda sacarle rendimiento». Además, la posibilidad de utilizar el 5G no es lo único a tener en cuenta, debe cubrir necesidades orientadas a «la atención de una demanda de tráfico que la tecnología anterior no es capaz de albergar, y el ofrecimiento de nuevas prestaciones o funcionalidades que permitan desarrollar y ofrecer nuevos servicios al cliente». Es decir, desde la operadora se le pide a la Administración que mida sus decisiones para que las inversiones de las compañías sean lo más eficiente posible.