A las comunidades se les vacía la caja

«No nos haga un Montoro», advirtió Joan Baldoví a Pedro Sánchez en su primera sesión de control en el Congreso como presidente del Gobierno. De esta forma, el diputado de Compromís cuestionaba el modelo de financiación autonómica al considerar que provoca la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas como la suya. Ha pasado algo más de un año, y seguimos a vueltas con tema la financiación, aún más si se tiene en cuenta que Hacienda ni siquiera ha satisfecho los anticipos a cuenta de 2019 y las liquidaciones de IVA que adeuda a las comunidades por la parálisis presupuestaria, y que ascienden a 7.000 millones de euros –ya incluidos en sus presupuestos–. Y es que, tal y como muchas lamentan, «estamos ya con el agua al cuello». Gobiernos como los de Castilla-La Mancha y Aragón advierten de que en sus territorios, muy afectados por la despoblación, la retención de los pagos está llevando, especialmente a las áreas más vulnerables, a un verdadero «estrangulamiento económico», que se traduce en deficiencias en los servicios públicos esenciales. Pero este bloqueo afecta a todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Y es que hay que recordar que España es la segunda nación más descentralizada del mundo, sólo por detrás de Alemania, lo que se traduce en que cada comunidad debe financiar gran parte de los servicios que presta al ciudadano. Y como muestra, un botón. Sólo en 2018, la factura en Sanidad ascendió hasta los 75.435,4 millones de euros, un 15,14% del gasto público total. Andalucía se queja de que la Administración Central aún le debe 1.350 millones por liquidación de IVA y anticipos a cuenta. La Junta de Castilla y León reclama otros 440 millones; Aragón, 400, Extremadura pide 220 ... y así un largo etcétera de comunidades.Y es que está en juego mucho dinero. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cifra en 107.979 millones de euros la cantidad que las comunidades ingresan por el sistema de financiación. El departamento que dirige María Jesús Montero esgrimió en su día como argumento para «retener» el dinero que no compete a un Gobierno en funciones realizar estos pagos, algo que ha sido puesto en tela de juicio. De hecho, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, afeó a la ministra el «doble rasero» que emplea el Gobierno, dependiendo del color de la comunidad, ya que ha aprobado unas condiciones especiales de auxilio financiero para la Generalitat Valenciana y no para Andalucía. Sin embargo, el hecho de que tengamos unas elecciones en puertas ha llevado al Gobierno a cambiar su actitud porque no quiere llegar al 10-N con las comunidades en contra. Por este motivo, se ha apresurado a estudiar mecanismos para liberar estos fondos incluso antes de que finalice este mes de septiembre. A juicio del líder del Partido Popular, Pablo Casado, esta maniobra "es un paso más en la instrumentalización de las instituciones y los recursos públicos para las campañas electorales. Lo que se hacía imposible de pagar es ahora posible por las elecciones".

Cuanto antes

Desde la delegación aragonesa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales se reclama que las entregas se resuelvan lo antes posible porque su paralización perjudica la inversión en aspectos fundamentales del desarrollo vital y laboral. «Supone un problema inmediato de liquidez para las políticas que son competencia autonómica, incluidas las más directamente ligadas al gasto social como Educación o Salud. Además, si no se encuentra una solución de forma ágil, la falta de estos ingresos puede impedir ejecución de actuaciones cofinanciadas por fondos europeos (políticas activas de empleo, política agraria común...)».Pero los servicios públicos no son los únicos que resultan afectados. Como consecuencia de esta paralización, la morosidad de las administraciones con sus proveedores se ha disparado casi un 14%, lo que está condicionado la viabilidad de no pocas empresas. «Lo normal, como con cualquier otro cliente, es que, al prestar un servicio, se entregue una factura. Después, ésta se sella, y pasa a un proceso interno dentro de la Administración. Luego, pone un plazo para realizar el ingreso, ya sea por transferencia o talón. Lo que ocurre es que éstas siempre se suelen retrasar y, ahora, más», explica Jesús Pérez, propietario de una compañía de alimentación sobre su relación como proveedor con las corporaciones regionales y locales. Esta situación «viene de lejos», asegura el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA),Lorenzo Amor, pero «ahora se ha acentuado». El máximo responsable de la patronal añade que «el retraso en pagos a las comunidades tendrá un efecto devastador en los periodos medios de pago. No sólo los autónomos que trabajan directamente con la Administración se verán perjudicados, también las grandes concesionarias, lo que arrastra, a su vez, la morosidad a pymes y trabajadores por cuenta propia que trabajan para ellas. Éste es uno de los mejores ejemplos de cómo afecta a los ciudadanos el no tener un gobierno estable».

Pago a proveedores

A cierre del año pasado, la media de las autonomías tardaban 34,37 días en realizar los abonos, y en junio 36,21 días, según datos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el gran problema reside en los ayuntamientos. Y es que son los que más incumplen los plazos, ya que duplican los 30 días que marca la Ley de Morosidad. Los retrasos de las corporaciones locales aumentaron el pasado mes de agosto hasta una media de 65 días, algo que incide especialmente en pymes y autónomos. «Las grandes empresas pueden hacer más presión para cobrar porque tienen la capacidad para desacreditar a una administración si dicen que no le han pagado, pero una pequeña no tiene esa herramienta. Lo único que podemos hacer es esperar», lamenta Jesús Pérez.

Lorenzo Amor pide que se empiece a castigar al que no paga en los plazos estipulados: «Se nos hace muy difícil entender por qué no tenemos ya un régimen sancionador que castigue al moroso». Hasta ocho regiones han empeorado su media de pago a proveedores durante los primeros meses de 2019, según los últimos datos registrados por el Ministerio de Hacienda (Madrid, La Rioja, País Vasco, Navarra, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón). Otras dos, Baleares y Cantabria, han mejorado porque no les quedaba otra, pues tardaban en realizar los abonos bastante más que el resto de las autonomías, con 49 y 77 días, respectivamente. En la administración local también son notables las diferencias. El «top 5» lo copan Jerez de la Frontera, con 320 días; Granada, con 207; Parla, con 2016, y Algeciras, con 126 días. En cuando al régimen provincial, las que más tardan son la Diputación Provincial de Valencia con 53 días; el Cabildo Insular de Lanzarote, con 52; la Diputación de Ávila, con 50; el Cabildo de Tenerife, con 42, y el de Fuerteventura, junto a la Diputación de Jaén, con 41 días.Esperar tanto para cobrar puede suponer incurrir en pérdidas durante ese periodo, pues el empresario ya habrá abonado a sus propios proveedores. «Los mayoristas que te venden la mercancía te conceden un crédito o una moratoria, pero solo por, ejemplo, dos semanas. Y cuando te lo cobran, en muchas ocasiones a ti la Administración aún no te ha pagado, y cuanto más pequeña sea la compañía, más cerca estará de que esos meses no genere beneficios, sino más bien lo contrario. Entonces, es muy complicado hacer frente a los costes que produce día a día tener abierto un negocio», explica nuestra fuente.Un retraso en los abonos puede ser una cuestión de vida o muerte para una empresa. Sin embargo, las administraciones, normalmente, se muestran impasibles. «Cuando estás apurado de dinero puedes acudir al gobierno regional o al ayuntamiento, la corporación que sea, y exigir cobrar. Hablar con el consejero, el concejal de turno o el responsable que te toque para que se den prisa. Te dicen que sí, que lo harán, porque es su obligación. Pero la realidad es que tardan igual», asegura el empresario. Situación que ha provocado que «algunos autónomos hace tiempo que dejaron de trabajar con las administraciones», sostiene Amor.

Inversión

Aunque lo que crea mayor impotencia en los proveedores es que las administraciones no paguen intereses por el retraso en los pagos de las facturas. No obstante, cuenta nuestra fuente, «si tardas un poco más en pagar un recibo, por ejemplo, de basura, te cobran un recargo sin reparo ninguno. Según yo lo veo, es una relación injusta».

Lorenzo Amor considera que «los autónomos sí hacemos frente a recargos cuando nos retrasamos en pagar lo que sea a las administraciones». Injusticia que se agrava con el mayo retraso de los pagos que se avecina por la parálisis política. Aunque no solo afecta a los proveedores, sino al conjunto de los ciudadanos que disfrutan de los servicios públicos. La inversión en ellos se verá recortada pues, al obtener menos ingresos, las comunidades tendrán que hacer malabarismos con lo que les queda. Incluso los funcionarios ya temen por sus nóminas. También la inversión en subvenciones para las empresas. Las compañías pueden verse perjudicadas porque las ayudas pendientes de aprobación no se lleven a cabo, manifiesta Amor.

Déficit

El bloqueo de las entregas a cuenta hara que las autonomías no logren cumplir con el objetivo de déficit marcado para este año, situado en el -0,1%. Tanto Fedea como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lo ven bastante improbable. Al contrario, el Gobierno central tendrá más fácil alcanzar la meta de déficit del 2% porque el dinero que pertenece a las comunidades quedará en manos del Estado. Además del problema actual, el bloqueo de las entregas presenta otro para el futuro próximos. Si las comunidades no tienen claro cuánto recibirán este 2019, mucho menos pueden pensar cuánto obtendrán el próximo año. En definitiva, la elaboración de las cuentas de 2020 (para el que sólo queda un trimestre y medio) deberá hacerse con previsiones con márgenes muy amplios o a última hora. Condiciones que obstaculizan el buen desarrollo de las economías regionales.

Alternativas

Como conclusión,el presidente de ATA manifiesta que «la falta de liquidez (que ahora mismo sufren las autonomías por el retraso de las entregas) es una losa que arrastra toda la economía». El presidente de ATA reclama que se ejecuten las decisiones necesarias para contrarrestar situaciones como ésta porque «como con todo cuando no se gobierna, cuando no se toman las reformas necesarias, estamos abocados a la parálisis. Ya ha llegado el punto en el que la desaceleración es más acentuada. Y de desaceleración a recesión, sólo va un trimestre».

DESIGUALDADES FISCALES

Una de las formas que tienen las comunidades de controlar sus propios ingresos es a través de los impuestos. Los gobiernos regionales pueden bajar y subir algunos como el IRPF o el de Sucesiones, o crear nuevas figuras fiscales particulares en su autonomía. Esta competencia se ha politizado en exceso, usándose como arma electoral. Los partidos de izquierdas suelen alentar el aumento de la recaudación a través de los impuestos para mejorar los servicios públicos, mientras que los partidos del centroderecha enarbolan la bandera de la bajada impositiva para que los ciudadanos tengan más dinero en sus carteras y lo inviertan con libertad. No obstante, la Asociación Española de Asesores Fiscales. (Aedaf) recomienda que las diferencias fiscales entre autonomías se reduzcan para, de ese modo, evitar la competencia desleal entre regiones. Además, se inclinan por la desaparición de los impuestos que las comunidades pueden alterar con mayor flexibilidad.