La Airef pide gravar a los ayuntamientos que más contaminen y hagan peor tratamiento de los residuos

Que pague más quién más basura acumule y que se bonifique a las Administraciones que realicen un tratamiento eficiente de los residuos. Esta es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Autoridad Fiscal (Airef) en la tercera fase del primer Spending Review, que se ha dedicado a la recogida de residuos y los instrumentos financieros de apoyo a los sectores productivos, que tiene un impacto lo que abarca un gasto total de 18.000 millones de euros.

La Airef ha constatado que España ha "incumplido los objetivos" para 2020 en esta materia, que han tenido un escaso desarrollo y un insuficiente compromiso de todas las Administraciones hacia esta política pública. Y lo justifica en que el porcentaje de residuos preparados para la recuperación o el reciclaje alcanzó en 2020 solo el 40,5%, cuando tenía un objetivo anual del 50%. Por ello, alerta de que "se está en riesgo de no alcanzar próximos objetivos", lo que ya ha provocado una llamada de atención de la Comisión Europea.

Para intentar reconducir la situación, la institución que preside Cristina Herrero propone que se pongan en marcha "instrumentos" que ya funcionan en otros países, como la recogida de residuos puerta a puerta, "que se ha comprobado que aumenta la recogida separada", o establecer un "sistema de pago por volumen de generación de residuos en lugar de optar por tasas generalistas, como ocurre con las tarifas planas que están ahora en vigor. También plantea mejorar la competencia de los agentes privados que operan en el mercado, ya que España presenta actualmente uno de los mercados de residuos más concentrados de Europa, ya que la cuota de mercado de los tres mayores grupos empresariales del sector alcanza casi el 70%, mientras que en Alemania es apenas un 22% o en Portugal, un 24%. Por esta razón, plantea establecer un "marco legal" de creación y autorización de empresas del sector "bien definido y homogéneo" para todo el territorio -obviando sobrelegislar por parte de las comunidades autónomas-, además de implantar "procedimientos de licitación claros precisos y transparentes".

La intención es evitar problemas de coordinación en los instrumentos financieros, que impide avanzar para facilitar el cumplimiento de objetivos porque existen "solapamientos e incluso conflictos competenciales", que se solventaría con un plan estratégico conjunto para evitar que el modelo "multiagencia" actual dificulte el acceso de las empresas a estos instrumentos, por lo que aboga por un portal informativo que recopile toda la información disponible y por un sistema de pago por generación, que ha resultado un instrumento útil para mejorar los objetivos, sobre todo si va acompañado de bonificaciones que incentiven conductas favorables y que se premie la buena gestión. En concreto ha propuesto implementar la recogida "puerta a puerta", el establecimiento de una tasa de pago por generación y bonificaciones que incentiven conductas favorables -como el uso de punto limpio, el compostaje doméstico o la reutilización- y abrir el atomizado mercado de los residuos -n España hay nueve agentes que gestionan los 27 instrumentos financieros de apoyo a sectores productivos, excluyendo los de internacionalización: ICO, Cersa, CDTI, Enisa, Cesce, Cofides, Sgipyme, SEC y SET-.

La Airef también ha alertado del retraso de España en este ámbito respecto a otros países, con una política de residuos "poco clara", y de la poca efectividad de los instrumentos financieros, una herramienta "contracíclica" que además mitiga fallos de mercado de naturaleza estructural vinculados a problemas de información. En cuanto a la irrupción del ICO, ha señalado que, aunque el sistema de intermediación bancaria se muestra eficiente al permitir movilizar un importante volumen de recursos empleando la capilaridad de la red de entidades financieras, este modelo "conlleva una limitación en el uso de los fondos públicos", que puede "no ser eficaz en momentos adversos del ciclo" o cuando se quieren impulsar determinadas líneas, al residir la decisión última sobre la concesión de la financiación en las entidades financieras.