La Fiscalía pide 108 años de cárcel para la cúpula de Afinsa

Acusa a la empresa de estafar a casi 200.000 ahorradores.

Entre 2 y 19 años de prisión solicita la Fiscalía Anticorrupción para los 14 miembros de la cúpula de Afinsa procesados por la estafa de la filatélica. En total, las penas solicitadas suman 108 años de prisión. Entre 1998 y mediados de 2006 engañaron a sus clientes con la venta de sellos que no tenían el valor que se les atribuía y que presentaban revalorizaciones superiores a las reales, según el organismo judicial.

Una estafa con la que dejaron un agujero de casi 2.000 millones de euros y que afectó a casi 200.000 ahorradores. Para el ex presidente Juan Antonio Cano, Anticorrupción pide 19 años; 16 años para el ex consejero Carlos de Figuereido; 15 para los ex miembros del Consejo Albertino de Figuereido y para Vicente Martín, y 13 para Emilio Ballester. Todos ellos están acusados de delitos de estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Además, se considera autor de los dos primeros al ex consejero José Abajo, para quien piden 11 años de cárcel y que indemnice, junto a los anteriores, con 2.574 millones a los casi 200.000 afectados por la estafa filatélica. Mientras, Anticorrupción señala como cómplices de estafa a Esteban Pérez, Ramón Egurbide, Francisco Guijarro, Gregory Maning y Ramón Soler, para los que pide entre tres y cinco años de prisión, y para Francisco Blánquez dos años, por falseamiento de cuentas. Por último, La Fiscalía Anticorrupción reclama para Juan y Jordi Domingo, por un delito contra la Hacienda Pública, dos años y medio de prisión.

Afinsa fue intervenida en el año 2006 por orden de la Audiencia Nacional y desarrolló durante más de ocho años un negocio «de apariencia lícita» de ahorro masivo a través del que ofrecían, a cambio de unas altas rentabilidades, contratos de inversión en sellos. Unos sellos que en realidad tenían «un valor ínfimo» respecto a las cantidades entregadas por los clientes. Un negocio piramidal con el que se mantenía la actividad a costa incrementar la situación de insolvencia de la compañía, según la Fiscalía.

La «única» viabilidad del negocio consistía en «reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria» con nuevos clientes, de forma que sus aportaciones pudieran ser utilizadas para pagar las desinversiones y rentabilidades de los anteriores, a quienes se les hacía creer que las cantidades que se les abonaban procedían de la revalorización de los sellos en los que habían invertido.