Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra del Popular

La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho

La Fiscalía Anticorrupción ha instado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a admitir a trámite una treintena de querellas que se han interpuesto contras los ex presidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus consejos de administración por llevar a la quiebra a la entidad. Banco Popular fue adquirido el pasado 7 de junio por Banco Santander por el precio simbólico de un euro, después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarara su inviabilidad y la Junta Única de Resolución (JUR) decidiera abrir, a través del FROB, un proceso de recepción de ofertas.

La práctica totalidad de las querellas que hasta el momento se han presentado en la Audiencia Nacional tienen su origen en antiguos accionistas, clientes de la entidad financiera quebrada y organizaciones de defensa de los consumidores.

En el escrito enviado a Fernando Andreu, el juez instructor encargado del caso desde el 7 de junio no refleja la denuncias dirigidas al BCE, la JUR o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya que no argumentaban ni los hechos que se les podía imputar, según Ep.

El fiscal del caso, Antonio Romeral, menciona en su escrito que las querellas se dirigen contra las dos últimas cúpulas de Banco Popular, especialmente en lo que respecta a las operaciones de ampliación de capital realizadas en los últimos años, que no reflejaban la realidad de la situación financiera del banco en su opinión. Asimismo, las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional ven indicios de manipulación del mercado, particularmente en la última etapa del banco antes de su integración en Banco Santander.

Ángel Ron llegó a la presidencia de Banco Popular en octubre de 2004 y cerró su etapa en diciembre de 2016, aunque su sustituto, Emilio Saracho, no fue elegido por la junta de accionistas hasta el 20 de febrero pasado, por lo que permaneció en el cargo poco más de tres meses. En los primeros resultados «atribuibles» a su gestión, Popular perdió 137 millones de euros. La entidad fue sometida a lo largo de todo el año 2017 al castigo de los inversores hasta despedirse del parqué cotizando a sólo 32 céntimos de euros cuando en los días de esplendor llegó a superar los 41 euros/acción.

Además de la caída en bolsa, los clientes de la entidad la sometieron a una continua salida de depósitos al perder la confianza en su futuro, que Saracho situó en una nueva ampliación de capital (imposible dada la situación de las acciones) o la venta ordenada a otra entidad. En los seis primeros meses del año, los clientes «sacaron» de la entidad financiera nada menos que 18.552 millones de euros, el 26% del total con el que contaba el banco a cierre del año anterior.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó dos escritos contra la resolución de la crisis: una querella en nombre de los accionistas y clientes del banco y un recurso contra la resolución ejecutada por el FROB, al considerar que era contraria a derecho. La OCU ha presentado querellas contra Ángel Ron, Pedro Larena (ex consejero delegado), Roberto Higuera (ex vicepresidente), la auditora PwC y el socio firmante Francisco Barrios por presuntos delitos de falsedad contable y estafa al inversor. Un bufete de abogados, Cremades & Calvo Sotelo, se querelló contra Emilio Saracho por presunta administración desleal.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la mayoría de las querellas presentadas pero rechazó el recurso presentado por cerca de un centenar de antiguos clientes de la entidad, que solicitaban que de forma urgente se suspendiera la decisión del FROB. La audiencia rechazó la toma de medidas cautelarísimas al no apreciar las razones de urgencia manifestadas en el recurso.

Además de las figuras de sus gestores, numerosos inversores del banco han demandado a la JUR con el fin de justificar y aclarar las razones que le impulsaron a declarar la inviabilidad del banco. Son los casos del fondo de inversión estadounidense Pimco y otras cuatro firmas inversoras (Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital), que por la vía administrativa reclamaron al FROB por su papel en la crisis. Otro accionista de relevancia, el chileno Luksic, que perdió 113 millones por su participación, puso sus demandas contra el FROB y ahora las ha extendido a la JUR y a la Comisión Europea.