Antonio Beteta: «El número de empleados públicos se va a reducir, y mucho»

«Hay probabilidad cero de que haya sorpresas en la segunda notificación del déficit de 2013»

–¿Habrá sorpresas en la segunda notificación del déficit de 2013 a Bruselas en octubre?

–No. La diferencia que hay con otros ejercicios es que ya en 2013 ubicábamos en términos de contabilidad nacional la ejecución mensual de las CC AA, y la información de las corporaciones locales es mucho más precisa. En consecuencia, el nivel de control es superior. Además, a través del FLA, estamos observando los pagos que están llevando a cabo las comunidades. La probabilidad de sorprendernos es de cero. Las sorpresas han sido positivas, con la recepción de fondos estructurales percibidos a final de año que no teníamos prevista. En materia de gastos, está todo contabilizado, estudiado y analizado.

–¿Está entonces contento el Ministerio con el cierre de 2013?

–Ha sido un año de intenso trabajo, tanto de todas las personas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. El esfuerzo conjunto se ha saldado con unas cifras muy aceptables.

–Las corporaciones locales han sorprendido al resto de las administraciones públicas, son las únicas que cierran en superávit...

–En 2012, fue un 0,22% del PIB y en 2013 la cifra ha crecido hasta el 0,41%. Pone de manifiesto que los cambios que hemos realizado han dado sus frutos. Se han hecho importantísimos ajustes en materia de gastos en las corporaciones locales y en materia de ingresos han contado con una participación creciente en los ingresos del Estado. Además, el Plan de Proveedores les ha permitido liquidar remanentes negativos de tesorería. El superávit de ayuntamientos y diputaciones ha sido clave para que estemos en una situación en este momento tan próxima al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria pactados con Bruselas.

–Hay 7.300 corporaciones locales en superávit, y menos de mil con déficit...

–Y todas ellas han realizado un importante esfuerzo para poner orden en sus cuentas públicas. Ahora que hemos cerrado el ejercicio presupuestario 2013, es justo poner de manifiesto la excelente gestión que están realizando los alcaldes. Por cierto, que los resultados presupuestarios de las corporaciones locales en 2012 y 2013 son una clara evidencia de que la descentralización de las competencias es perfectamente compatible con la estabilidad presupuestaria.

–¿Cuáles son los ayuntamientos más problemáticos?

–Encontramos un significativo número de ayuntamientos en una situación presupuestaria muy complicada, especialmente algunos en Andalucía. El Gobierno no ha dejado a nadie de lado. Se empezó poniendo en marcha un plan de pago de proveedores y se han aprobado medidas para ayudar a todas las corporaciones locales, especialmente las más necesitadas.

–Casi todas las autonomías han reducido su déficit, pero hay tres que tuvieron más agujero presupuestario en 2013 que en 2012...

–Apreciamos mucho el esfuerzo de la Comunidad Valenciana. Esta comunidad redujo casi un 50% su desequilibrio presupuestario el año pasado respecto a 2012, recortando gasto estructural. El desvío de Murcia está condicionado por el terremoto de Lorca, 26 millones de euros, y por el asunto del aeropuerto, que retuvo aproximadamente siete décimas de su PIB. Este capital lo recuperará este año, cuando pueda volver a concesionar el aeródromo y esté en una situación semejante a la de Valencia. También resulta notable el esfuerzo que ha hecho Cataluña, con un recorte de cerca de 1.000 millones de euros de gasto. La diferencia es que en 2012 consiguió su resultado con la enajenación de Aguas del Ter de Llobregat, y este año no ha tenido ningún ingreso extraordinario. Castilla-La Mancha, que también está en situación de déficit excesivo, en realidad está en equilibrio presupuestario. Tuvo que devolver IVA atrasado de la anterior etapa socialista; afloró y hubo que hacerle frente. No le afecta a la situación de 2014, está en una senda clara de cumplimiento del objetivo de 2014. Andalucía y Baleares han sido dos satisfacciones importantes, han pasado a cumplir. Lamentamos el caso de Aragón, comunidad en la que determinados programas de inversión debían estar financiados con fondos estructurales; este capital finalmente no llegó. Todas han trabajado, todas han reducido gasto. Seguiremos trabajando con ellas para que logren el exigente objetivo del 1% este año.

–¿Qué experiencia saca el Ministerio del déficit asimétrico?

–Ha sido positiva. Ha permitido a distintas comunidades acercarse al cumplimiento del déficit. Sus esfuerzos se han visto recompensados, pero ya se dijo que era sólo por un año y así va a ser. Todas tendrán este año el 1% y así se han realizado los presupuestos de todas las CC AA. El año pasado tuvimos una alteración en la senda general del déficit. Hubo un cuadro macro nuevo, reconocido por la UE, y dieron más plazo a España para ir hacia el equilibrio presupuestario. El Gobierno lo presentó a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se decidió un reparto asimétrico. Este año las condiciones son diferentes y el déficit ya está repartido.

–En términos brutos, es un ajuste autonómico de casi 5.500 millones para este año...

–Uno de los grandes problemas que han tenido las CC AA, tanto en 2012 como en 2013, es que dos de los impuestos más importantes, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siguen en caída libre, especialmente en las comunidades del arco mediterráneo. La parálisis de la compra de viviendas de segunda residencia ha motivado que haya una menor recaudación por este tributo, lo que ha perjudicado los ingresos. En términos de contabilidad nacional, el ajuste es el resultado de 4.300 millones de euros en términos de gasto y 2.200 millones de ingresos. Cuando se dice que no hay un esfuerzo de ajuste estructural, no es cierto. Se están reduciendo empresas y entes públicos, plantillas, gastos... En materia de personal, a pesar de la paga extra, ha habido reducción. De no haberse pagado la extra, se hubieran reducido un 5% los gastos de personal en el último ejercicio.

–¿Cumplirán este año el objetivo del 1%?

–El Gobierno trabajará conjuntamente con todas las administraciones para garantizar el cumplimiento conjunto de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Como se está demostrando, la sostenibilidad de las cuentas públicas ha mejorado el acceso de las CC AA al mercado. Para aquellas que tengan dificultades, el FLA seguirá estando disponible para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales y el pago a los proveedores. El FLA está a un precio imbatible, además, y las regiones que están en este mecanismo están ahorrando significativamente respecto a las que están fuera. Pensamos que se va a poder avanzar hacia el nivel de cumplimiento de este objetivo. Tendremos que seguir extremando la vigilancia, especialmente con aquellas comunidades que no cumplieron el objetivo de déficit el año pasado.

–¿Cuáles serán las claves de la reforma del sistema de financiación autonómica?

–La clave es que las CC AA dispongan del nivel de financiación necesario para prestar los servicios públicos fundamentales en idénticas condiciones en todo el territorio nacional. A partir de este principio básico, y del respeto a las reglas de la unidad de mercado, vamos a empezar a trabajar ya con la reforma fiscal en una cesta de instrumentos tributarios que permita dar respuesta realista a los servicios que los ciudadanos reclaman.

– ¿Modificará el Gobierno la Ley de Haciendas Locales para poder legislar en materia de tasas municipales?

–Evidentemente, cuando abordemos el sistema de financiación local, que va de la mano de la financiación autonómica, habrá que tocar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley de Haciendas Locales. Hay que tocar todos los pilares financieros vigentes hasta este momento para adecuarlos a la nueva situación. Dentro de la propuesta de la Comisión Lagares hay capítulos sobre tasas e impuestos locales y autonómicos y las vamos a tener en cuenta. Tenemos que acertar en el sistema tributario y hacerlo compatible con el desarrollo económico.

–¿Qué le parece la propuesta de la Comisión Lagares sobre el tipo homogéneo en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones?

–El Gobierno la estudiará en el ámbito de la reforma fiscal. Cualquier cambio debe valorarse en el ámbito de la reforma general de todo el sistema tributario.

–El Gobierno ha anunciado un aumento del empleo público. ¿Se corresponde este movimiento con una previsión de mayores ingresos públicos?

–El año pasado tuvimos 6.170 vacantes, de las cuales se cubrieron 399. Este año tenemos 7.180 bajas, y se produce una importante descapitalización del sector público. Estamos hablando de más de 13.300 bajas en dos años. Estamos en una situación económica mejor, y la Ley contempla una ampliación de los sectores que podían tener una tasa de reposición superior al 10%. Ello nos lleva a una ampliación de hasta 711 puestos de trabajo nuevos. Además, queremos favorecer la lucha contra el fraude fiscal, por lo que queremos fortalecer la Agencia Tributaria, que además se va a ver fortalecida por el traslado de personal de otras áreas a través del principio de movilidad aprobado ya en la legislación. Queremos profundizar también en materia de control de gasto local, y hay 1.700 puestos sin cubrir en los ayuntamientos. Queremos cubrir esas plazas. Habrá un importantísimo incremento de la promoción interna, y queremos elevar desde 450 hasta 950 las plazas de movilidad. El tamaño del sector público está al nivel de 2004. El ajuste del empleo en el sector público podemos decir que ya ha tocado fondo. Nuestro objetivo ahora es impedir la descapitalización del sector público, reforzando los servicios que más han sufrido el ajuste en los últimos años y mejorando la carrera profesional de los funcionarios, a través de la mejora de la promoción interna.

–Con estos planes, ¿decrecerá o aumentará la masa salarial de la Administración?

–Aunque haya una oferta pública de empleo amplia y una cobertura de empleo adicional, el número de empleados públicos se va a reducir. Decrecerá, y mucho. El plan de cobertura de vacantes no va a tener un impacto presupuestario inmediato, y desde luego el plan de movilidad no tendrá impacto alguno.

–¿Y las autonomías?

–Hay que seguir trabajando en términos de eficiencia. La normativa contra la morosidad pública es un elemento fundamental para el crecimiento y el Plan de Proveedores es la Ley. Los desvíos sobre el exceso de déficit no están financiados. Tenemos que sentar las bases para que los proveedores puedan cobrar con planes financieros severos que conduzcan al cumplimiento de los objetivos presupuestarios.