La banca carga contra el nuevo "impuestazo": "No respeta ni la obligación de revisarlo a los dos años"

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las principales medidas del plan anticrisis aprobado ayer por el Ejecutivo, en el que se fija oficialmente que los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas se revisarán "para su integración en el sistema tributario". Así consta en la disposición adicional quinta del real decreto ley en la que se establece que ambos impuestos se prorrogan en 2024, "sin perjuicio del establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación en el sector energético para las inversiones estratégicas realizadas desde 1 de enero de 2024" por las inversiones estratégicas que "sean esenciales para la transición ecológica como el almacenamiento energético, nuevos combustibles renovables -como el biogás, el biometano o el hidrógeno verde- y sus posibles infraestructuras de red asociadas, así como inversiones asociadas a cadena de valor nacional y europea".

En concreto, el texto también establece que ambas figuras se revisarán "para su integración en el sistema tributario en el propio ejercicio fiscal 2024 -ya sea bajo concierto o por convenio- con los gobiernos autonómicos del País Vasco y Navarra". El Gobierno ha justificado estas medidas en que "ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado del bienestar".

La respuesta de la banca no se hizo esperar, y apenas dos horas después del anunció del presidente, Pedro Sánchez, mostró su rechazo a la prórroga por tener "efectos negativos sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en un contexto de incertidumbre económica internacional". Además, consideraron que la decisión de extenderlo "afecta negativamente a la competitividad del sector" y a "la confianza en el país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia".

Así lo trasladaron en un comunicado las patronales del sector, AEB y la CECA, que recordaron que el Banco Central Europeo (BCE) ha advertido sobre los potenciales efectos negativos de este tipo de gravamen y apostillaron que la decisión del Ejecutivo incumple su propia normativa y "no atiende la obligación de revisar a los dos años el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó en función, entre otros factores, de la situación del sector en ese momento y del efecto acumulativo de dicho gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades, y se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias".

Además, la toma de decisión se produce "sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias". No obstante, las asociaciones han asegurado que el sector "seguirá trabajando para dar soluciones a sus clientes y reforzando su compromiso con la sociedad, tal como ha ido anunciando en los últimos meses con mejoras en la atención personalizada a los mayores, la inclusión financiera en la España rural y la ampliación del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias".

Los dos gravámenes, tanto para las energéticas como para la banca, fueron aprobados de forma temporal a finales de 2022 para su liquidación en 2023 y 2024 sobre los ingresos extraordinarios obtenidos en 2022 y en 2023 por la banca y por las empresas energéticas. En el caso del impuesto temporal a la banca, se grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones con la actividad que las entidades desarrollen en España. Hacienda ha recaudado 2.900 millones de euros en 2023 con los impuestos a energéticas y la banca, de los que 1.263 han procedido del sector financiero.

El último Consejo de Ministros del año aprobó la prórroga por un año más de los gravámenes, lo que supone gravar los ingresos obtenidos en 2024 para recaudarlo en 2025, y que a partir de ese año sean permanentes ambos tributos. El sector bancario ya rechazó en su momento esta figura desde su anuncio en julio de 2022 y lo llevó a los tribunales. Por un lado, las dos patronales interpusieron sendos recursos ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprobaron los modelos de declaración del gravamen y el pago anticipado del nuevo gravamen temporal a la banca. Por su parte, las entidades recurrieron la liquidación del impuesto de forma individual.