Banco Madrid no vio nada raro en una operación que pasó por cinco países distintos

La entidad desconocía el origen de los fondos y permitía transferencias de empresas sin apenas capital.

La deslocalización de inversiones se ha convertido en una práctica cotidiana desde el desarrollo de las tecnologías de la información. A nadie le puede sorprender hoy que los capitales se muevan a velocidades de vértigo al son que marcan los rumores o las noticias que se generan en los mercados. A pesar de aceptarse este frenético ritmo con la naturalidad de quien pasea todos los días, lo que parece extraño es que se pueda cobrar «en España por una sociedad uruguaya propiedad de un ciudadano español residente en Miami facturas pagadas por una sociedad danesa relativas a un servicio prestado en Honduras» sin que en una entidad bancaria, cuyo objeto social es la gestión de grandes patrimonio, se despierten las mínimas sospechas. La operación –cobro por Inversora Retilur por labores de consultoría en un contrato para la construcción de cinco hospitales en Honduras con financiación danesa y de otros dos más con financiación austriaca– parecía ser para la entidad bancaria tan corriente como pagar con una tarjeta de crédito el importe de la compra de un pequeño electrodoméstico en un gran almacén.

Así funcionaba el Banco Madrid, la filial del grupo Banca Privada d’ Andorra (BPA). Ambas están intervenidas por el Banco de España y el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), respectivamente, acusadas por la Financial Crimes Enforcement Network de Estados Unidos (FinCEN) de facilitar el blanqueo de capitales a cambio de comisiones exorbitantes.

El informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha puesto al descubierto las irregularidades cometidas por el equipo gestor del banco y los tímidos, por no decir nulos, controles sobre operaciones con dinero procedentes de territorios de alto riesgo (la antesala de paraísos fiscales) o realizadas a través de numerosas empresas pantalla, que entorpecían, y en muchos casos impedían, conocer realmente quién era el titular de los pagos y de los cobros.

La inspección del Sepblac fue realizada en la sede social de Banco Madrid entre el 9 de abril y el 23 de mayo de 2014, casi un año antes de que la FinCEN realizara sus acusaciones contra la Banca Privada d’ Andorra. La comisión antiblanqueo duda del grado de cumplimiento de las diferentes obligaciones que, «debido a su condición de sujeto obligado, debe cumplir en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo». El informe acaba concluyendo que Banco Madrid no cuenta con una unidad de prevención «en sentido estricto». El Sepblac analizó en su informe a 152 clientes en una muestra aleatoria con unas conclusiones contundentes: de los 56 clientes que Banco Madrid tenía clasificados como de medio y bajo riesgo, 39 tenían que haber sido catalogados en un nivel superior. Es decir, hay un error de percepción y de información de riesgos en el 70% de los casos, porcentaje que no puede permitirse una entidad financiera. Para el Sepblac queda sobradamente comprobado que la entidad no analizaba debidamente la admisión de clientes.

Según el informe que obra en poder de la Comisión, no existe constancia alguna de que los departamentos correspondientes realizaran seguimientos de los clientes de alto riesgo. Lo más chocante de la operativa de la entidad es que cuando sí había informes previos no se tenían en cuenta. Es el caso de la petición de la firma Development Diagnostic Company, de la que eran accionistas los ciudadanos rusos Andrei Petrov y Viktor Kanaikine, de un crédito de un millón de euros para financiar la construcción de un local comercial en Lloret de Mar. La división del banco encargada de velar por los riesgos aseguró en su informe que con la documentación aportada no se podía emitir una opinión y que en caso de hacerlo, sería desfavorable. No sirvió para bada. Petrov y Kainikine fueron detenidos en enero de 2013 por orden de la Audiencia Nacional acusados de pertenecer una red del crimen organizado ruso. Además de estas dos personas, hay otros 13 clientes con los que no se debería haber establecidos relaciones de negocio.

Entre las prácticas más habituales de la entidad figuran el desconocimiento de quién era el titular real de las inversiones o de los fondos depositados en determinadas cuentas de sus clientes. Para el Sepblac muchas de las operaciones hubieran necesitado de exámenes especiales, que en casi ninguno de los casos se llevaron a cabo. El servicio ejecutivo de la Comisión critica también la falta de disposición del banco a comunicar indicios de operaciones extrañas, lo que da entender la laxitud de los controles de riesgo que mantenía la entidad.

La operativa del banco tiene aún más sorpresas. Una de ellas, la pignoración de depósitos como garantía de un préstamo, un ejemplo muy típico de blanqueo de capitales, según pone de manifiesto el Sepblac.