Brasil enfrenta su recesión con un Gobierno maniatado

El país ve amenazada su lucha contra las desigualdades sociales entre un noreste pobre y un sureste industrializado
El país ve amenazada su lucha contra las desigualdades sociales entre un noreste pobre y un sureste industrializado

La frágil mayoría en el Congreso reduce las posibilidades de maniobra del Ejecutivo para combatir la crisis económica. El rechazo social llega al 71%

La «tormenta perfecta» por la que pasa la mayor economía de América Latina tiene un indudable trasfondo político. A la caída del precio de las materias primas, la desaceleración china y el elevado déficit fiscal de Brasil, se suma la frágil mayoría en el Congreso de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, lo que reduce el margen de maniobra del Ejecutivo para hacer frente a la recesión –del 2,6% en el primer semestre–, a la inflación de casi dos dígitos y a la erosión de sectores estratégicos como el industrial, que este año sufrirá una contracción de su producción del 5%.

El último ejemplo de la incapacidad del Gobierno para adoptar reformas se ha producido esta misma semana. El Ejecutivo anunciaba el lunes un plan de austeridad valorado en 17.000 millones de dólares, que prevé recortes de gasto público –incluso en partidas destinadas a frenar la desigualdad social– y un aumento de impuestos muy criticado desde todos los frentes, pero que estaba destinado a enviar un mensaje a los mercados, tras las rebaja de la nota de la deuda soberana de Brasil por parte de Standard&Poor’s.

El miércoles, sin embargo, los líderes del Congreso y del Senado –por donde deben pasar las reformas– ya anunciaban que no apoyarían lo anunciado, mientras la prensa se hacía eco de rumores que señalan que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva –un poder en la sombra– habría pedido a Rousseff una reestructuración de su gabinete económico. Señales que suscitan dudas acerca de la capacidad de la presidenta de gobernar efectivamente un país que ve ahora amenazada su lucha contra las desigualdades sociales entre un noreste pobre y un sureste industrializado. Muchos sectores abogan por recortar el gasto poniendo freno a ayudas sociales como el Bolsa Familia, un subsidio alimenticio que reciben 14 millones de familias en situación de pobreza estructural.

La debilidad política de Rousseff no sólo se explica por el estrecho margen de votos que obtuvo en las pasadas elecciones de octubre. También su legitimidad política y moral está cuestionada, en momentos en los que el rechazo social a su Gobierno llega al 71% y la mandataria suma ya tres manifestaciones nacionales en los primeros ocho meses de su segundo mandato.

La calle –como buena parte de los expertos– culpa a Rousseff de errores en la gestión económica, sobre todo del abultado déficit y de la desaceleración, que se traducirán en el menor desempeño económico de toda América Latina, sólo por detrás de Venezuela.

Pero es, sobre todo, la corrupción lo que merma su imagen: aunque nadie ha acusado directamente a la presidenta, no se olvida que Rousseff dirigió el Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando se forjó el esquema –ahora destramado en la Operación Lava– para desfalcar a la petrolera por medio de contratos sobrefacturados. Joao Vaccari, tesorero de su formación, y otras figuras históricas del Partido de los Trabajadores (PT) han sido imputados por recibir dinero desviado de la estatal, mientras la Justicia investiga si la campaña de Rousseff podría haber sido financiada con dinero robado de Petrobras, lo que podría suponer su deposición por medio de un «impeachment».

Acaba el frenesí consumista brasileño

La crisis brasileña tiene reflejos en el exterior difíciles de predecir. En 2011, cuando la economía cabalgaba en la cresta de la ola, el real se acercaba a la paridad con el dólar. Y de esta forma emergía un frenesí consumista en los viajes de los turistas brasileños al exterior, sobre todo a Miami, Orlando y Nueva York, donde los centros comerciales eran literalmente tomados por los brasileños para comprar productos electrónicos, moda de lujo y hasta ropa de bebé en cantidades industriales, por su menor precio respecto a Brasil.

«He visto familias con hasta 120 mil dólares en efectivo para gastos y compras, que se llevaban diez maletas de equipaje extra», explica desde Miami la brasileña Thais Lima, que dirige una agencia de viajes en la ciudad que ofrece servicios de turismo de compras. «Ahora esa locura consumista ha acabado. El negocio ha caído un 50%», reconoce, como consecuencia de la depreciación de la moneda brasileña, que llegó a cambiarse a 1,5 por cada dólar en 2011, pero que ahora se sitúa en 3,8 unidades por cada «billete verde».

Los datos del Banco Central brasileño señalan que en el primer semestre el desembolso de los brasileños en el exterior fue un 21% menor que en el mismo período de 2014.

Petrobras, el fin del orgullo nacional

Cuando Brasil anunció en 2006 el descubrimiento de sus inmensas reservas de petróleo marinas (el llamado pre-sal), el Gobierno del entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva aseguró que el avance hacia el desarrollo del país era –esta vez sí– inexorable. Celoso de los 15 mil millones de barriles de petróleo recién descubiertos, Brasil dedicó un lustro a debatir un marco legislativo para blindar su sector petrolero en favor de su estatal, Petrobras, para que fuera operadora única y tuviera participaciones de por lo menos el 30% en todos los campos. «El descubrimiento del pre-sal creó una expectativa de que se podrían crear recursos para el desarrollo del país», explica José Mauro de Morais, investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y autor de un reciente libro sobre la historia de Petrobras.

La realidad ha sido otra: Petrobras está en el centro del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y es hoy la empresa más empeñada del planeta, con una deuda que supera los 100.000 millones de dólares. Aunque su producción alcanzó en agosto su récord histórico –2,88 millones de barriles de petróleo diarios–, la intervención política merma su desempeño, pues el Gobierno le obliga a vender refinados por debajo del valor del mercado, lo que le provoca multimillonarias pérdidas y estrangula su capacidad de inversión. Su acción en la bolsa de Nueva York ha caído un 75% en apenas un año.