Cataluña recibe 19.863 millones más de los que aporta al Estado para pensiones y paro

Entre 2012 y 2016, su recaudación asciende a 114.237 millones de euros, mientras que sus gastos se elevan a 134.100 millones.

Apenas unos días antes de la ruptura presupuestaria entre Junts pel Sí y la CUP, ambas formaciones presentaban ante el Parlamento de Cataluña la proposición de ley para la creación de la Agencia Catalana de Protección Social, el embrión de la hipotética Seguridad Social catalana independiente de la del resto de España. El pasado martes, la Mesa del Parlamento catalán decidió tramitar por el procedimiento de urgencia una de las principales vías por la que los independentistas pretenden la denominada «desconexión». Se trataría de una de las dos «estructuras de Estado», junto con la Hacienda propia, que los secesionistas quieren poner en marcha cuanto antes, aunque por el momento sólo podría aglutinar las 169 prestaciones que ya gestiona el Gobierno regional con un presupuesto anual de 32.466 millones de euros.

El objetivo de los independentistas es que la agencia en cuestión sea la encargada de gestionar las pensiones en Cataluña, lo que supondría entonces el 93% del gasto total. El informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional del Gobierno autonómico presenta un escenario en el que la Seguridad Social siempre tuvo superávit en Cataluña desde 1997 hasta 2008 mientras que en el resto de España «los superávits se produjeron únicamente en 2003 y 2007 y por cuantías claramente inferiores». Además, en los años de déficit del sistema en Cataluña (1995-1996 y 2009-2010) «éste ha sido, en todos los casos, claramente inferior al registrado en el resto del Estado».

Según las tesis de este informe, que en menos de 100 páginas despacha hasta la futura sostenibilidad de las pensiones catalanas en el escenario de ruptura, con la gestión de las pensiones al margen de las del resto de España los catalanes no sólo dispondrán de un sistema equilibrado sino que cobrarán más, al no tener que financiar con su dinero los desajustes del resto del país. Sin embargo, la realidad es muy diferente porque Cataluña recibe en prestaciones de Empleo y Seguridad Social más de lo que aporta.

Desde 2012 hasta 2016, según las previsiones de liquidación, el Estado habrá destinado 134.101 millones de euros a prestaciones de Empleo y Seguridad Social en Cataluña, lo que supone 19.863 millones de euros más de lo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social recaudó en ese periodo a través de las cotizaciones. Según los datos de la propia Seguridad Social, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, desde 2012 hasta 2016 los cotizantes residentes en Cataluña habrán aportado 114.237,6 millones al sistema. El grueso de esa cantidad (96.085,1 millones) llegó a través de las cotizaciones a la Seguridad Social. El resto, 18.152,5 millones de euros, lo aportaron mediante el pago de las cuotas por desempleo y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Brecha a favor de la región

Los secesionistas defienden que Cataluña es un contribuyente neto a las arcas del Estado y que la crisis no ha hecho más que acentuar esa situación como consecuencia de los desajustes de las comunidades autónomas tracionalmente más favorecidas en la balanza fiscal. Por contra, los datos indican que de los 134.101 millones de euros entregados por esta partida a Cataluña, el gasto en prestaciones que la Seguridad Social destina a los trabajadores de esta región supone el 18,6% del total hasta alcanzar los 111.968 millones de euros mientras que otros 22.133,1 millones se entregan en prestaciones por desempleo y Fogasa.

Así, de los 19.863,3 millones de más que recibe en prestaciones Cataluña, la mayoría, 15.882,7 millones, pertenecen a prestaciones de la Seguridad Social, cuya brecha a favor de la región no ha hecho más que crecer desde el año 2012. Entonces, el saldo favorable a la comunidad catalana fue de 1.304,1 millones de euros más de los aportados al sistema, mientras que este año se cerrará, según la previsión de liquidación del ejercicio, con 4.343 millones de más aportados por la Seguridad Social para hacer frente a las pensiones y otras prestaciones.