Cerco al Banco de Valencia

MADRID- El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que el Banco de España está estudiando la posibilidad de abrir un expediente disciplinario a Banco de Valencia por posibles irregularidades cometidas antes de su nacionalización. En la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro explicó que el supervisor está «analizando la evolución de Banco de Valencia antes de su nacionalización para abrir un expediente disciplinario». Además, advirtió de que «si aparecen hechos o indicios» delictivos, se dará cuenta «inmediatamente» a la Fiscalía para que tome las decisiones pertinentes.

«Estas actuaciones culminarán en breve plazo», añadió De Guindos, en respuesta al portavoz parlamentario de UPyD sobre temas económicos, Álvaro Anchuelo, que criticó la negativa del Gobierno a depurar responsabilidades entre los gestores de las entidades financieras que han tenido que ser rescatadas con dinero público. De Guindos también subrayó que la situación «extremadamente delicada en solvencia y liquidez» de Banco de Valencia llevó a la Comisión Europea (CE) a no autorizar el proceso de recapitalización de la entidad para mantener su funcionamiento en solitario, «porque no era viable». Por eso, el Gobierno estudió el coste de las dos opciones disponibles: la liquidación o la venta. Se valoraron ambas opciones, recordó, y para la liquidación se encargó un informe a la consultora Oliver Wyman, que dijo que costaría entre 5.600 millones de euros y 7.400 millones de euros. Posteriormente, el FROB solicitó otros tres informes independientes que ratificaron esta horquilla, porque la media estaba en unos 6.340 millones de euros. Paralelamente al estudio de lo que costaría liquidarla, se inició el proceso de análisis para la venta y se recibieron tres ofertas, de las que la que tenía menor coste para el contribuyente era la de CaixaBank, que al final se llevó el Banco de Valencia por un euro simbólico y con una ayuda de 4.500 millones. Además, CaixaBank recibirá el banco libre de gran parte de sus activos tóxicos, que serán traspasados al «banco malo» y con un esquema que le blinda de posibles pérdidas y que, según el Banco de España, puede costar unos 600 millones.

Al margen de la investigación iniciada por el Banco de España, la Audiencia Nacional tiene abiertos dos procedimientos contra la entidad valenciana, uno de ellos iniciado por los pequeños accionistas del banco y el otro, a raíz de una denuncia-querella presentada por el FROB contra José Luis Olivas, Aurelio Hernández y otros ex directivos por la toma de participaciones de Fomento Urbano de Castellón (Fucsa) en Aguas de Valencia.