Competencia apoya a Uber en su «guerra» contra el sector del taxi

Pide a Fomento que elimine las restricciones a los vehículos de alquiler con conductor, el nuevo sistema que usará la plataforma.

Uber, la plataforma que facilita el transporte urbano de pasajeros, ha encontrado un poderoso aliado en el contencioso que mantiene con el taxi: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo ha enviado al Ministerio de Fomento un requerimiento para que elimine parte de las restricciones para los vehículos de alquiler con conductor (VTC) recogidas en la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre aprobada en noviembre. El sistema de vehículos con conductores profesionales con licencia VTC es el elegido por Uber para reanudar su actividad en las próximas semanas después de que un juzgado de Madrid prohibiera su servicio directo entre particulares en octubre de 2014.

El formato elegido por la plataforma, sin embargo, está limitado por una serie de restricciones legales que la CNMC solicita ahora que sean eliminadas porque «obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional y reducen el bienestar general». Competencia ha pedido que se elimine la limitación cuantitativa de licencias VTC. En este momento, sólo puede haber una por cada treinta de taxi. Este tope «impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera y una mayor competencia en precios, calidad e innovación», según Competencia. También pide eliminar la contratación previa del servicio VTC porque impide a estos vehículos «circular en las vías públicas en busca de clientes», impidiendo que compitan con los taxis en la contratación directa en la calle. Competencia tampoco ve razón para que las licencias VTC se circunscriban a la comunidad autónoma en la que está domiciliada la autorización. El último obstáculo que solicita eliminar es la necesidad de tener siete vehículos para operar con estos permisos, una antigüedad máxima de diez años para los vehículos «y otros requisitos injustificados de carácter técnico».

Competencia advirtió de que, si no se atiende a su requerimiento, impugnarán en los tribunales la ley. Fuentes del Ministerio de Fomento explicaron que, en este momento, el Gobierno no puede hacer cambios legislativos al encontrarse en funciones.