Competencia multa a las petroleras con 32,4 millones por pactar precios

La polémica por los precios de los carburantes se recrudece. Competencia (CNMC) informó ayer de que ha sancionado con 32,4 millones de euros a Repsol, Cepsa, BP, Disa, Galp y Meroil por pactar precios. Repsol y Cepsa, las que mayor cuota de mercado tienen, serán las principales damnificadas, con multas de 20 y 10 millones de euros, respectivamente. Disa tendrá que desembolsar 1,3 millones; Galp, 800.000 euros, y Meroil, 300.000.

La sanción se aprobó con los votos a favor del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y de María Ortiz e Idoia Zenarruzabeitia. Votaron en contra Fernando Torremocha y Benigno Valdés. Los votos a favor se corresponden con los de los tres miembros de la CNMC que Repsol y Cepsa pidieron retirar de otro expediente por «enemistad manifiesta», petición que el organismo desestimó el pasado viernes.

La CNMC explicó que ha acreditado una serie de acuerdos e intercambios de informaciones para pactar precios y políticas. El primero, un acuerdo entre Cepsa y Repsol para «la coordinación de las estaciones de servicio de Brea de Aragón e Illueca (Zaragoza) en julio de 2013»; un pacto de no agresión entre ambas en julio-agosto de 2011 para no interferir en sus respectivas estaciones abanderadas; y varios intercambios de información entre las dos petroleras en 2011, 2012 y 2013 sobre «aquellas estaciones de servicio gestionadas por una de ellas y que están abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra». También denuncia un «pacto de no agresión de precios» entre Cepsa y Disa en julio y septiembre de 2011 para los precios a aplicar en Ceuta en 2013 y «diversos intercambios de información» entre Disa y Meroil en 2012 sobre los precios a aplicar en Sant Joan Despí (Barcelona) y sus márgenes operativos de 2013. Por último, denuncia otro intercambio de datos entre Galp y Meroil para un contrato de suministro y abanderamiento en mayo de 2013.

Tanto Repsol como Cepsa anunciaron que recurrirán la decisión de Competencia ante la Audiencia Nacional, para lo que tienen dos meses. Fuentes de la empresa que preside Antonio Brufau la calificaron de «injusta, ilegal y desproporcionada». Según argumentan, Competencia ha imputado a Repsol S. A., «que no es un distribuidor de carburantes, sino la matriz, para que la multa sea mayor». Además, prosiguen, se quieren convertir «conductas puntuales en generales», algo que denuncian también los votos particulares de Valdés y Torremocha, que añaden que las firmas no han podido presentar pruebas para su defensa.

Precisamente, lo dividido del voto es uno de los argumentos que las petroleras afectadas esgrimen como prueba de lo, a su juicio, poco consistente de una decisión filtrada de antemano. Este último hecho ha causado gran malestar entre las sancionadas, que lo consideran algo «muy grave». «Jurídicamente, es un aberración», afirmaron estas fuentes.