Concierto fiscal: los servicios públicos de 12 CC AA, en peligro

Pedro Sánchez inició el viernes la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos. Aunque el Gobierno adelantó que la finalidad de estos encuentros era la de fortalecer la colaboración del Estado con los gobiernos regionales y no hablar de financiación, lo cierto es que resulta difícil imaginar que el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC sobre la «financiación singular» de Cataluña no salga a relucir. Con este polémico pacto en el aire, Sánchez tendrá que explicar, al menos de manera tentativa, los detalles del mismo.

El acuerdo entre los socialistas catalanes y Esquerra Republicana ha generado preocupación en muchas comunidades autónomas. Aunque la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un más que mejorable ejercicio didáctico, compareciera en el Senado e intentara explicar el pacto recurriendo al famoso «el acuerdo dice lo que dice», lo cierto es que los detalles y los mecanismos para implementarlo siguen siendo difusos. Lo que sí parece claro es que Cataluña podrá recaudar la totalidad de sus impuestos mediante una agencia tributaria propia, lo que plantea serias dudas sobre cómo se compensará al resto de las comunidades autónomas.

El pasado mes de julio, Natalia Mas, consejera de Economía y Hacienda en el anterior Gobierno de ERC, estimó en 60.000 millones de euros la recaudación que obtendría la Generalitat bajo este modelo. Si se tiene en cuenta la distribución de ingresos de la Agencia Tributaria por delegaciones, esta cantidad se asemeja mucho a los ingresos tributarios en términos brutos de Cataluña en 2023, que ascendió a 65.632 millones de euros, de los cuales, tras las devoluciones pertinentes, a las arcas del Estado español fueron a parar 53.543 millones que, una vez se concrete el pacto, pasarán íntegramente a las catalanas.

Hay que recordar que la Generalitat de Cataluña actualmente es la administración regional con más deuda, tanto en términos absolutos como en términos relativos, y una de las que mayor déficit público acumula año tras año. En concreto, según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), la comunidad que preside Salvador Illa es la región que más gasta, con 45.180 millones de euros en 2023, un 16% del PIB regional, muy por encima de la segunda, Andalucía, con 37.443 millones.

Por tanto, tras la aplicación del acuerdo, con estos 53.500 millones de euros recaudados, tendría un superávit fiscal de 8.350 millones.

La propuesta de «financiación singular» ha encendido también las alarmas en varias comunidades gobernadas por el PSOE. Los llamados «barones socialistas», especialmente Emiliano García-Page, consideran que este acuerdo rompe con los principios de solidaridad entre territorios. Ante esta presión, Sánchez ha propuesto extender este modelo de financiación a todas las comunidades autónomas del régimen común que lo soliciten. Sin embargo, los expertos advierten de que esta medida, lejos de beneficiar, podría aumentar las desigualdades entre regiones en lugar de solucionarlas.

Y como muestra de ello, un botón: si se tiene en cuenta la recaudación en cada una de las comunidades autónomas recogida por Hacienda y el gasto público de los gobiernos regionales, según los datos ofrecidos por la IGAE, la conclusión es la siguiente: tan solo Madrid, Cataluña y Cantabria tendrían recursos suficientes para pagar su nivel de gasto actual. O dicho de otra manera, doce comunidades autónomas (País Vasco y Navarra están en el régimen foral), entre ellas las más pobladas de España, no podrían pagar sus servicios públicos con los recursos generados en su territorio.

Las más damnificadas

El mayor desequilibrio correspondería a Andalucía que, con 18.919 millones de euros de ingresos netos y 37.443 de gastos, acumularía un déficit que ascendería hasta los 18.500 millones. Por su parte, el saldo negativo para Canarias sería de 8.895 millones; de 6.643 millones, el de la Comunidad Valenciana; de 6.454, el de Castilla y León; y de 5.087 millones de euros, en el caso de Castilla-La Mancha.

En el lado contrario, se encuentra Madrid que, una vez descontados los gastos de los ingresos, sería la región con un mayor superávit, casi 85.000 millones. Con esos recursos, junto con el superávit de Cataluña, que ascendería a 8.400 millones, y de Cantabria, 530 millones, se tendría que financiar el déficit de las doce regiones «perdedoras» que, de forma acumulada, se situaría en 60.400 millones, y quedarían otros 32.600 millones para cubrir los gastos de la Administración General del Estado. Una operación «ruinosa» si se tiene en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se previeron 31.275 millones de euros destinados al pago de deuda pública. Dicho de otra manera, no quedaría dinero para Defensa (12.317 millones), desempleo (21.278 millones) o seguridad ciudadana (10.673 millones), por no hablar del déficit de pensiones, al que se destinan 39.000 millones en 2024, además de la recaudación de la Seguridad Social.

Así, si el modelo catalán se extendiera al resto de las comunidades, los desequilibrios fiscales se agravarían. Sin mecanismos de solidaridad interterritorial, el sistema educativo y sanitario de regiones como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Galicia peligraría. Esas comunidades ahora reciben recursos a través del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (Madrid aporta el 77%), así como a través de vehículos garantistas (como por ejemplo las conferencias sectoriales), que van destinados a determinados servicios, como empleo, sanidad o formación, por lo que transitar hacia un modelo confederal como el propuesto por Sánchez abundaría en los desequilibrios entre regiones, construyendo una España de ganadores y perdedores.

Por su parte, frente a esta realidad de regiones empobrecidas, Cataluña tendría aún más recursos, por lo que difícilmente se podría sobrevivir a esta «insolidaridad» territorial, ya que solamente Madrid recauda mucho más de lo que gasta (casi cuatro veces más).

El Gobierno no solo no ha aclarado el impacto de extender el «concierto fiscal» a todas las comunidades, sino que tampoco ha concretado cómo espera compensar la pérdida de recursos.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) calculó recientemente que el «cupo catalán» podría suponer que la caja común del Estado traspasase de forma anual a la Hacienda catalana entre 6.600 y 13.200 millones de euros. El centro de estudios dirigido por Ángel de la Fuente indicó que, para que ningún territorio pierda, el Ejecutivo tiene dos opciones: reducir gasto o subir impuestos.

A juzgar por las declaraciones de Pedro Sánchez, parece mucho más probable que se opte por lo segundo. Así, desde el Ejecutivo, ya barajan un incremento impositivo que, según el presidente, afectará solo a las rentas altas («los de los Lamborghinis»). Sin embargo, tal y como revelan los datos de Hacienda, en 2022 solo había 230.365 contribuyentes con un patrimonio declarado por encima de los 700.000 euros sin contar la vivienda habitual, insuficiente a todas luces para pagar una factura tan abultada.

Hachazo fiscal

Por este motivo, los expertos consultados creen que el Gobierno recurrirá nuevamente a la llamada «armonización –o hachazo– fiscal». En este contexto, y en línea con la propuesta avanzada por Sumar para negociar los PGE 2025 de crear un impuesto a las herencias, el Ejecutivo podría optar por la creación de un nuevo impuesto «espejo» de Sucesiones y Donaciones, con otra denominación, que bien podría ser la misma que la empleada por sus socios de gobierno, como ya hizo en su día con el Impuesto de Patrimonio, hoy rebautizado como Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Este último tributo, la formación de Yolanda Díaz también lo ha situado en su punto de mira, ya que está empeñada en rebajar los límites para ser aplicado, de los tres millones de euros actuales a tan solo uno. Esta nueva tasa a las herencias se aplicaría a las regiones donde estas tasas están bonificadas, como la madrileña.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso calculó que la «armonización» de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, propuesta por María Jesús Montero, costaría a cada madrileño unos 2.000 euros anuales, con un impacto total de casi 6.000 millones de euros en las arcas regionales.

La mayor parte de esta cifra provendría de Sucesiones y Donaciones, ya que el Impuesto de Solidaridad/Patrimonio solo ha recaudado unos 500 millones en Madrid, según datos de la Comunidad –frente a los 1.200 millones previstos por el departamento de Montero–, por lo que la nueva factura por gravar las herencias estaría muy cercana a la estimación que hizo el gobierno regional.

Aparte de la armonización, será necesario «tocar» el IRPF, el tributo que más recauda. En este sentido, según Fedea, habría que elevar un 29,5% el tramo estatal del impuesto. Pero el autonómico también se podría ver afectado, tendiendo también a la «armonización», y a acercarse al que se aplica en Cataluña, donde el tipo impositivo para las rentas superiores a 175.000 euros alcanza el 25,5%, cinco puntos porcentuales por encima del aplicado, por ejemplo, en Madrid.

Esta diferencia no solo afecta a los contribuyentes de mayores ingresos, también a aquellos con rentas más bajas. Si se igualara el tramo autonómico a los niveles más altos, como el de Cataluña, se produciría un notable incremento de la carga fiscal para muchos ciudadanos. Un estudio del Consejo General de Economistas, titulado «Panorama de la fiscalidad autonómica y foral», ilustra estas disparidades. Por ejemplo, un contribuyente soltero, menor de 65 años, sin hijos y con un salario de 30.000 euros anuales, paga en Cataluña 5.039,55 euros de IRPF, mientras que en Madrid esa cifra se reduce a 4.600,52. Si los ingresos ascienden a 160.000 euros anuales, la diferencia se agranda aún más, con una carga fiscal casi 4.000 euros mayor en Cataluña que en Madrid.

No obstante, una subida de impuestos no siempre se traduce en mayor recaudación. Las empresas podrían reducir sus inversiones o trasladar sus operaciones a regiones con impuestos más bajos. Este recorte inversor puede frenar el crecimiento económico y reducir la base impositiva a largo plazo.

Así, sin un plan sólido para financiar el déficit regional, «el concierto» desestabilizaría el sistema de financiación autonómica y pondría do en riesgo la cohesión económica de España. Un panorama con menos servicios y más impuestos.