Coto a los excesos de las tarjetas “revolving”

El Gobierno limitará por ley que los clientes de créditos autorenovables aumenten su deuda indefinidamente

El Ministerio de Economía prepara una ley para la modificación de la Orden de Transparencia y Protección del Cliente de Servicios Bancarios y reforzar la protección de los usuarios de créditos de duración indefinida o de renovación automática. El objetivo es evitar que aumente excesivamente la carga de intereses de la deuda que contraen los usuarios de estos créditos financieros y que habitualmente están vinculados a tarjetas de pago aplazado o “revolving”.

La nueva ley marcará las nuevas obligaciones de transparencia y control, que incluyen la obligación de informar trimestralmente de la evolución y situación de aspectos concretos del crédito, como el importe del préstamo, fecha estimada de finalización del pago del crédito si no se produjeran modificaciones en el contrato y diversos escenarios en función de la variación de la cuota mensual. Además se exigirá una información precontractual más detallada, en la que debe reflejarse, entre otras cosas y de forma ilustrativa, al menos dos opciones de pago de las cuotas.

El usuario del crédito “revolving” tendrá la posibilidad “en cualquier momento” de solicitar información sobre su préstamo, así como sobre el cuadro de amortización o las cantidades satisfechas y pendientes, y deberá ser informado antes de cada ampliación del límite de crédito no solicitado por el cliente, con la nueva cuota y la deuda acumulada. Se pretende poner fin a los abusos detectados por la prolongación excesiva del crédito y el aumento del pasivo final de la deuda “mas allá de las expectativas razonables de la persona que contrate este producto”, al tiempo que debe realizarse una estimación más prudente de la capacidad de pago del cliente, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Además de mejorar los derechos y la información de los que solicitan estos préstamos, la orden incorporará también orientaciones específicas dirigidas a las entidades financieras que ofrecen estos productos en relación con la evaluación de solvencia, de manera que estén obligados a realizar una estimación más prudente que asegure la suficiente capacidad de pago del cliente y evite el sobreendeudamiento.

El objetivo final es poner coto a los abusos detectados por este tipo de productos financieros, que rozan en muchos casos la usura.