¿«Camexit»?

El primer ministro británico, David Cameron, confirma que publicará su declaración de Hacienda tras admitir que tuvo acciones en un fondo de inversión en un paraíso fiscal, lo que ha generado críticas de la oposición laborista.

Todos los políticos comenten errores. Pero en la mayoría de los casos, la clave no es qué han hecho, ni tan si quiera cuándo lo han hecho, sino el momento en el que sale a la luz. Y en este sentido, en Downing Street se respira un gran nerviosismo porque el fallo del «premier» David Cameron no ha podido conocerse en peor momento. El líder «tory» no ha hecho nada ilegal. Sin embargo, después de abanderar la lucha contra la evasión fiscal de las grandes empresas, su confesión sobre las acciones que tuvo en un fondo de inversión «offshore» creado por su padre, citado en los «papeles de Panamá», han hecho mella en la confianza del electorado en la antesala de dos citas cruciales. La primera, las elecciones regionales de mayo, donde también está en juego el ayuntamiento de Londres. La segunda, el histórico referéndum del 23 de junio sobre la permanencia de Reino Unido en la UE en el que ahora un voto castigo podría cambiar para siempre el ya malherido proyecto comunitario.

Cameron, que durante tres días aludió realizar comentarios frente a la polémica, reconoció ayer que podía haber «gestionado mejor el asunto». Hasta va a hacer pública su declaración de la renta. Pero el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, insistió en que había «engañado a los británicos». Los ciudadanos descontentos con él acudieron ayer a una protesta frente al número 10 de Downing Street. Cientos de personas, con pancartas y sombreros de Panamá se manifestaron al grito de «¡Cameron dimisión!».

La unidad de las filas en torno a su líder sería crucial. Pero el Partido Conservador nunca antes había estado tan enfrentado. La brecha entre euroescépticos y partidarios de la unidad es cada vez mayor y la decisión tomada esta semana por el Gobierno de emplear 9,5 millones de libras de fondos públicos para enviar a 27 millones de hogares un folleto pidiendo la permanencia no ha ayudado a calmar los ánimos. Cameron insiste en que no tiene que disculparse por implicar al Ejecutivo en una de las dos campañas. «Es simplemente legal y considero además que es necesario y justo», matizó. «No quiero que nadie vaya a las urnas sin saber lo que piensa el Gobierno y creo sinceramente que es un dinero bien empleado», matizó.

El problema es que la voz del Ejecutivo no es sólo una. Precisamente para evitar la temida rebelión de las filas más euroescépticas, el «premier» dio libertad a sus ministros para defender la postura que más les convenciera y ahora, aquellos a favor de abandonar el club, denuncian que no puede utilizarse el dinero del contribuyente para una «propaganda unilateral». Para el responsable de Justicia, Michael Gove, no se está «jugando limpio» e insistió en que, en momentos de austeridad, este dinero debe ser empleado en «Sanidad u otras prioridades para el ciudadano».

A partir de esta semana, el folleto se empezará a enviar en Inglaterra, pero en Escocia, Irlanda del Norte y Gales se esperará hasta que hayan tenido lugar las elecciones del 5 de mayo. El coste de 9,5 millones de libras excede los 7 millones de libras marcados legalmente para ambas campañas. Aunque el «periodo formal» definido por la Comisión Electoral no comenzará hasta el 15 de abril. Nigel Farage, líder del partido euroescéptico UKIP, la tercera fuerza más votada en las elecciones del año pasado, cuestiona si la campaña ahora es «libre y justa». Tras el referéndum de independencia de Escocia, se recomendó que los gobiernos no debían llevar a cabo ninguna actividad publicitaria financiada por los contribuyentes durante el periodo regulado. Por su parte, el Parlamento decidió poner restricciones legales a la acción del Ejecutivo, pero sólo durante los 28 días antes de la consulta, es decir, a partir del 27 de mayo.

Por si esto fuera poco, el rechazo esta semana de los holandeses al acuerdo entre la UE y Ucrania –en un referéndum en su caso no vinculante– se ha interpretado en Reino Unido como un empuje para los euroescépticos. Con todo, el último sondeo publicado por ORB señala que el 51% de los encuestados apoya la permanencia, un alza de cuatro puntos respecto a la encuesta de marzo. En cualquier caso, la petición ciudadana «Stop Cameron» (Parar a Cameron) –que exige al Ejecutivo que no emplee fondos públicos para la campaña– había conseguido al cierre de esta edición más de 180.000 firmas. Se necesitan sólo 100.000 para que la cuestión sea debatida en el Parlamento.

Los controvertidos folletos del miedo

- Salir de la UE causaría un «shock económico» que ejercería presión sobre el valor de la libra, según los folletos que se han enviado a 27 millones de casas.

- Un «brexit» supondría un incremento de los precios de algunos artículos de uso doméstico y dañaría los estándares de vida de los británicos.

- Los votantes podrían perder el acceso a vuelos baratos, a la asistencia sanitaria en vacaciones y tener que afrontar tarifas superiores en el móvil.

- Más de tres millones de empleos podrían verse amenazados por estar vinculados a las exportaciones realizadas a los países miembros de la UE.

- La adhesión es esencial para controlar la inmigración y la seguridad de nuestras fronteras y mantener Reino Unido a salvo de terroristas.

- Salir de la Unión daría lugar a diez años de incertidumbre así como al distanciamiento de las relaciones de Reino Unido con el bloque europeo.