¿Debemos subir el sueldo a los funcionarios?

Nuestro país gasta en nóminas públicas más que Austria, Polonia, Letonia, Italia, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Bulgaria, República Checa, Luxemburgo, Holanda, Rumanía, Alemania, Irlanda y, a su vez, que en el conjunto de la Unión Europea.

Los diferentes niveles administrativos del Estado destinaron a lo largo de 2016 (último dato disponible) un total de 121.325 millones de euros para abonar las nóminas de los empleados públicos. Tal cantidad equivale a más del 25% del conjunto del gasto público, al 90% de todo lo que recaudamos anualmente por IRPF e IVA, y al 10,8% de nuestro Producto Interior Bruto.

A este último respecto, nuestro país gasta en nóminas públicas más que Austria, Polonia, Letonia, Italia, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Bulgaria, República Checa, Luxemburgo, Holanda, Rumanía, Alemania, Irlanda y, a su vez, que en el conjunto de la Unión Europea. Es verdad que durante los últimos años, y debido a la austeridad impuesta por las necesidades de la crisis económica, hemos conseguido aminorar el peso de estas nóminas públicas desde un máximo del 11,6% del PIB en 2010 hasta el actual 10,8%: tanto la congelación del sueldo de los funcionarios como la reducción de su número han contribuido decisivamente a conseguirlo.

Sin embargo, y aun teniendo en cuenta semejante moderación de los desembolsos estatales, todavía continuamos ubicándonos por encima de los niveles pre-crisis, etapa en la que ni siquiera alcanzábamos el 10% del PIB. En otras palabras, en ningún caso cabe afirmar que la estructura funcionarial de España sea esquelética ni con respecto a nuestra historia reciente, ni tampoco con respecto a los países de nuestro entorno. Pese a ello, todos los actores sociopolíticos parecen empeñados en volver a disparar el gasto en nóminas públicas.

Por un lado, los distintos niveles de la administración llevan años incorporando más personal a sus plantillas: desde el mínimo de 2,909 millones de empleados públicos alcanzado en el cuarto trimestre de 2013, en la actualidad hemos regresado a los 3,074 millones. Esto es, hemos contratado a 165.000 nuevos trabajadores públicos: a un coste medio de unos 40.000 euros por empleado (computando sus respectivas cotizaciones sociales), el coste de la medida ronda los 6.600 millones de euros por año.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda, con el entusiasta concurso de los sindicatos, se ha mostrado dispuesto a aprobar una subida salarial del 8% a lo largo de los próximos tres años: aun suponiendo que la plantilla funcionarial no aumentara en mayor medida hasta entonces, la medida acarrearía un coste anual a partir de 2020 de casi 10.000 millones de euros. En otras palabras, la contratación de nuevos empleados públicos desde los niveles alcanzados en 2013, unida al alza salarial que estudia implementar el Gobierno durante los próximos años, nos costará a los contribuyentes españoles más de 16.000 millones de euros anuales: algo así como la mitad de nuestro déficit público presente.

No es, por consiguiente, el momento de continuar incrementando el gasto en nóminas públicas: al contrario, nuestro objetivo debería ser, como poco, el de reducir su peso dentro del PIB hasta los niveles alcanzados antes de la crisis. En tal caso, reduciríamos el gasto funcionarial en unos 10.000 millones de euros en lugar de incrementarlo en esa misma magnitud.

Si aspiramos a disponer de margen para bajar sosteniblemente los impuestos en un futuro cercano, hemos de recortar el gasto público, no multiplicarlo: sería un tremendo error emborracharnos con los frutos de la recuperación para volver a disparar el tamaño de nuestro Estado. Lo que, en cambio, hemos de multiplicar es el crecimiento económico de nuestro sector privado.

Fuerte creación de empleo

De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, España ha creado casi dos millones de empleos desde 2014, momento en el que arrancó la recuperación. Hemos pasado, pues, de poco más de 17 millones de trabajadores a alcanzar los 19 millones. En el caso específico de 2017, la ocupación aumentó en 490.000 personas, de las cuales 358.000 (el 73% de todas ellas) fueron indefinidas (el mejor dato de toda la crisis).

A su vez, el número de horas trabajadas por semana creció en 10 millones, hasta totalizar los 604 millones, el mejor dato desde 2010 (si sólo contabilizamos las horas en el sector privado, el mejor dato desde 2009). En otras palabras, el mercado laboral de nuestro país continúa mostrando una muy notable fortaleza que nos está permitiendo disminuir aceleradamente la insoportable tasa de paro que alcanzamos en el peor momento de la crisis económica: frente al 26,94% que experimentamos a comienzos de 2013, a cierre de 2017 conseguimos reconducirla hasta el 16,55%.

Remontada del euro

El euro continúa con su progresiva remontada frente al dólar: si hace un año apenas alcanzaba los 1,05 dólares, hoy ya supera sobradamente los 1,24. Una revalorización cercana al 20%. Las razones detrás de esta escalada pueden llegar a ser fáciles de entender. Por un lado, la eurozona disfruta de un superávit exterior superior al 3% de su PIB, mientras que EE UU padece un déficit cercano al 2,5% del PIB: semejante diferencial presiona naturalmente el valor del euro al alza frente al del dólar. Por otro, el Banco Central Europeo (BCE) que preside Mario Draghi ha señalizado hasta la fecha una intención bastante más decidida que la Reserva Federal (y, sobre todo, que la administración republicana de Trump) para normalizar las condiciones monetarias dentro de la zona euro: algo que tiende a concentrar las apuestas inversoras a favor de la moneda única y en contra del billete verde. La sostenida apreciación del euro es uno de los riesgos a los que se va a enfrentar la economía de nuestro país durante los próximos meses: exportaciones más caras que pueden afectar a nuestra competitividad exterior.

Abolición temporal de sucesiones

El Impuesto de Sucesiones es uno de los tributos más injustos e ineficientes que existen. Por un lado, grava el patrimonio acumulado por el causante a lo largo de toda una vida pagando sufridamente impuestos. Por otro, su recaudación es tan sólo testimonial dentro de nuestro sistema tributario, a pesar de que distorsiona enormemente las decisiones de ahorro e inversión de los agentes económicos. Por ello, siempre que una autonomía opta por bonificarlo merece ser objeto de celebración.

La última en sumarse al carro ha sido Extremadura: el Gobierno regional del PSOE ha decidido bonificarlo en un 99% hasta que el Ejecutivo nacional de Rajoy se decida a fijar un tipo mínimo nacional. El movimiento constituye un nuevo éxito indudable de la competencia fiscal: gracias a que la Comunidad de Madrid se negó desde un comienzo a eliminar sus bonificaciones sobre Sucesiones, una tras otra las autonomías están empezando a revisarlas para evitar que más ahorradores trasladen su domicilio fiscal a las autonomías impositivamente menos sangrantes.