Díaz Ferrán esgrime su «avanzada edad» para salir de prisión

MADRID- Ni se va a fugar, ni una hipotética condena a cuatro años de cárcel como máximo, por insolvencia punible, justifica la imposición de una fianza de 30 millones de euros. Con estos argumentos, la defensa del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de enviar a prisión al ex propietario de Marsans. En el recurso de apelación (que tendrá que resolver la Sala de lo Penal, instancia superior al magistrado), el abogado Manuel Ollé sostiene que las imputaciones del instructor a su defendido –alzamiento de bienes e insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental y blanqueo de capitales– parecen ser de carácter genérico a la totalidad de los detenidos. Y añade que a Díaz Ferrán «únicamente» –«a efectos dialécticos o teóricos», recalca– se le podría imputar la supuesta comisión de un delito de alzamiento de bienes «al diseñar una estrategia para alzarse con sus bienes, aparentando su insolvencia patrimonial».

Para el abogado, el delito de blanqueo quedaría subsumido en el de insolvencia punible o alzamiento, por lo que «la única imputación posible sería un delito de insolvencia punible», que aunque se le aplicara la agravante de ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, le podría acarrear como máximo una pena de dos años y medio a cuatro años de prisión. Para Ollé «no es nada frecuente» que presuntos autores de alzamiento de bienes sean sometidos a una medida cautelar como ésta.

El abogado hace hincapié en que no existe riesgo de fuga por el «arraigo familiar» de Díaz Ferrán, por su «correcto» comportamiento desde su detención y por su «avanzada edad». El próximo día 27, recuerda, cumplirá 70 años, una edad con la que incluso un preso puede obtener la libertad condicional sin cumplir las 3/4 partes de la condena, un precepto que «puede ser aplicado analógicamente» a este caso, dado que, aunque fuera condenado, «podría incluso no ingresar en prisión». Díaz Ferrán tacha de «sumamente desproporcionada» la fianza y pide otras medidas menos lesivas.

Por su parte, Ignacio Peláez, abogado de los también imputados Ángel de Cabo (a quien Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual vendieron Marsans en 2010) e Iván Losada, insiste en sus recursos en que ambos tienen «arraigo más que suficiente en España», lo que «neutraliza el riesgo de fuga», y resalta que, de salir de prisión, «sería imposible» que destruyeran pruebas tras los registros practicados. Ambos extremos, concluye, «hacen injustificable» la prisión y una fianza tan «estratosférica».