Dimite el presidente de la SEPI por la causa de la mina de Aznalcóllar

Aunque la ministra de Hacienda no se ha pronunciado sobre la causa, ha recordado que se trata de "un caso que se ha cerrado ya en dos ocasiones"

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha presentado su dimisión tras conocer la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, según ha anunciado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

En una comparecencia en Algeciras, donde se ha reunido con empresarios para tratar las consecuencias del Brexit y anunciar la autorización de un recinto fiscal en el Campo de Gibraltar, Montero ha dicho sobre Fernández que "en cuanto ha tenido conocimiento del auto, ha puesto su cargo a disposición del Gobierno"y que la dimisión se "materializará en el próximo Consejo de Ministros".

Aunque la ministra no se ha pronunciado sobre la causa y ha indicado que dejarán "que la Justicia actúe", ha recordado que se trata de "un caso que se ha cerrado ya en dos ocasiones".

Montero ha subrayado que la causa judicial "forma parte de las actividades desarrolladas por esta persona en su etapa anterior" y que "nada tiene que ver con el desarrollo de su actividad actual".

Fernández, como ex secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, es uno de los tres investigados a los que la Audiencia de Sevilla ha ordenado declarar tras reabrir la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han indicado a Efe que la Sección Séptima ha estimado el recurso de apelación formulado por la otra empresa que se presentó al concurso, Emerita Resources, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que a principios de marzo archivó la denuncia penal sobre la adjudicación de la explotación de la mina a la agrupación empresarial México Minorbis.

La instructora decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia de Emerita Resources contra la Junta por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la resolución del concurso público para adjudicar la explotación de Aznalcóllar al considerar que "los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas".