Economía vetará las leyes que limiten la unidad de mercado

La nueva ley de unidad de mercado, que será aprobada previsiblemente mañana en el Consejo de Ministros, contempla la creación de un mecanismo de resolución de conflictos que podrá dejar en suspenso cualquier sanción que las comunidades autónomas impongan a las empresas siempre que esta contravenga el espíritu de la nueva normativa. Según ha podido confirmar LA RAZÓN, la nueva legislación sobre la que ha estado trabajando el Ministerio de Economía no sólo garantizará la unidad del mercado en toda España mediante el establecimiento de una licencia única que sirva a las empresas para operar y vender en las 17 comunidades autónomas con una sola autorización administrativa. De forma paralela, unificará y derogará todas las normativas que choquen con la ley. Para evitar conflictos, este proceso de unificación se llevará a cabo de forma consensuada entre todas las administraciones –estatales y autonómicas– para evitar la suspensión de aquellas normativas contrarias a la unidad de mercado.

En cualquier caso, el mecanismo de resolución de conflictos que contempla la ley agilizará la resolución de posibles sanciones que sufran las empresas de acuerdo a las distintas normativas autonómicas hasta el punto de que podría dejar en suspenso cualquier actuación contra una empresa que rompa la unidad de mercado.

La unificación pretende evitar las duplicidades generadas por un grueso tejido normativo –se han aprobado cerca de 100.000 leyes que afectan al comercio desde 1978– como consecuencia del proceso de descentralización, que ha levantado un auténtico muro dentro de España, creando 17 submercados autonómicos que fuerzan a las empresas que comercializan sus productos en España a someterse a diferentes requisitos en función de la comunidad autónoma en la que operen.

Sobrecostes en papeleo

Los principios de licencia única y legislación de origen se aplican entre estados miembros de la UE desde la creación del mercado único, de tal manera que cualquier empresa europea puede comercializar sus productos o servicios en cualquier otro Estado miembro con la licencia o habilitación de su país de origen. La eliminación de las barreras arancelarias –que suprimió trabas a la libre circulación de bienes y servicios en toda la UE– impulsó el crecimiento de las economías europeas y dinamizó el comercio entre los diferentes socios.

Sin embargo, los diferentes requisitos que se piden a las empresas en los 17 minimercados españoles implican que las firmas se vean en la obligación de adaptar sus productos o servicios en función del territorio nacional donde los comercialicen y tengan también que someterse a diferentes procesos autorizatorios, con los sobrecostes no productivos que estos procesos implican en asesoría, papeleo e impuestos.

Esta maraña normativa supone además un importante desincentivo a la inversión extranjera, crucial para la recuperación económica y la creación de empleo, e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala. Asimismo, el exceso de legislación en materia comercial provoca inseguridad jurídica como consecuencia de las contradicciones en las que incurren las distintas normativas y supone otro elemento desincentivador a la inversión.

La ley, una de las más esperadas de la legislatura, está dirigida a garantizar que un mismo producto o servicio pueda ser vendido o desarrollado con las mismas especificaciones técnicas y legales en España sin necesidad de diferenciarse para cada comunidad autónoma y por lo tanto evita fabricar 17 versiones diferentes de un mismo producto, lo que supone además una importante ventaja de cara a inversión extranjera que quiera producir en nuestro país.

Economía valora el ahorro que supondrá la ley de unidad de mercado en más de 10.000 millones de euros, aunque las estimaciones más optimistas apuntan a que podría incluso rondar los 20.000 millones.