«El ajuste de empleo público termina con estos Presupuestos»

Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de presupuestos y gastos asegura que «gracias al sector privado estamos saliendo de la crisis y no con mayor inversión en obra pública»

Los Presupuestos de la recuperación, los más sociales de una legislatura donde tocaba apretar los dientes y colocar cada euro en el lugar preciso, han supuesto un alivio para el Gobierno. También para la «guardiana» del tesoro, con permiso de Cristóbal Montoro, su jefe y quizá de las pocas personas que tengan, como ella, todos los números de España en la cabeza. Nacida en Vigo en 1963, economista, se curtió en oposiciones de las que acaban con más de uno en el loquero hasta ingresar en el cuerpo de inspectores e interventores del Estado. Tras gestionar los dineros de la Xunta gallega, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, dio el salto a la política nacional en el peor momento y en el peor cargo. Tocaba tirar de podadora y afinar al límite para sacar a España en tiempo récord (tres años, el que da para revalidar un Gobierno) de una de sus peores crisis. No se arredró y el Ejecutivo ha podido incluir en los Presupuestos de 2016 la primera subida salarial para los funcionarios en seis años.

– Son los últimos Presupuestos de la legislatura, ¿le hubiera gustado despedirse con una subida mayor para los pensionistas?

– Afortunadamente, la partida de prestaciones por desempleo caerá en 2016 en 5.800 millones de euros y parte de ese ahorro lo vamos a destinar a financiar el alza de las pensiones del 0,25% y al aumento del número de pensionistas. Ya contribuimos de una forma muy importante desde el Presupuesto y, al mismo tiempo, estamos obligados por el factor de sostenibilidad de las pensiones aprobado por el Gobierno, que da coherencia y sostenibilidad al sistema nacional. Desde el punto de vista de ganancia de poder adquisitivo, debemos recordar que el último dato de inflación que hemos conocido es del 0%. Antes de que entrara en vigor el factor de sostenibilidad, lo único que se actualizaba eran las pensiones, incluso un 2% las inferiores a 1.000 euros. Cuando se le pidió un esfuerzo a los empleados públicos, no se le pidió a los pensionistas. Tenemos que ser conscientes de que hay un mandato, tenemos que garantizar la sostenibilidad financiera del país en su conjunto.

– Las últimas previsiones del Gobierno estimaban la congelación de la inversión pública, ¿qué es lo que ha hecho cambiar de idea al Ejecutivo?

– Lo que se ha planteado desde un primer momento es la estabilización de la inversión pública. Este Gobierno está confiando en el sector privado, porque gracias a él estamos saliendo de la crisis y no con una mayor inversión pública destinada a las grandes infraestructuras. Ahora ya no tenemos financiación para esas grandes infraestructuras. Antes, uno de los grandes ejes de ejecución de los fondos estructurales eran las grandes infraestructuras públicas, pero ahora planteamos una inversión inteligente, al crecimiento sostenido e integrador, al I+D+i y a la eficiencia energética. Eso es lo que la agenda 2020 de Lisboa pretende conseguir para el crecimiento de Europa.

– ¿Pero habrá más inversión o no?

– Tenemos que tener en cuenta que el Libro Amarillo (los Presupuesto Generales del Estado) va navegando por cifras. Observamos que, efectivamente, la inversión crecerá un 4,6% (el capítulo 6). No obstante, el capítulo 7 bajará, porque las transferencias de capital para que otros inviertan, hoy por hoy, creemos que no son tan necesarias como en otros momentos de la crisis. El crédito está muy accesible y hay varias fuentes alternativas de financiación. Además, muy incentivadas por el sector público. Estoy hablando, por ejemplo, de las líneas ICO o de la Iniciativa Pyme, que es el preludio del Plan Juncker. La inversión del consolidado (Estado, Seguridad Social y otros organismos) crece un 3,6% y si sumamos las empresas públicas (Adif, Renfe, Seitsa, etc.), que son ámbito de actuación pública pero no consolidada, vemos que la inversión es prácticamente la misma que la del año pasado, apenas crece un 0,09%. Se estabiliza. La inversión territorializada es prácticamente la misma que la del año pasado.

– Los ministerios de Justicia y Asuntos Sociales y Educación, Cultura y Deporte registran alzas presupuestarias de más del 10%, ¿a qué se debe este incremento?

– Son sectores prioritarios y la tasa de reposición pasa a ser del 100%, para reponer todas las vacantes. En el Presupuesto para 2016 estamos consolidando una serie de insuficiencias de personal que sufrían estas áreas y que ahora colocaremos en su sitio. Si a ello le sumamos la «extra», el incremento salarial del 1% y el alza de la inversión en presupuestos más modestos cuantitativamente, como es el caso de Justicia, el alza es sustancial. Los tres ministerios, por tanto, están creciendo con más dotación o en nuevas actividades. De esta forma, se responde con una clasificación en términos económicos y funcionales.

– ¿A qué se va a destinar la inversión que prevén para el área de Justicia?

– A la conectividad de los procedimientos judiciales y al establecimiento, probablemente, de nuevos juzgados. El expediente electrónico judicial sería un equivalente de esto. Además, el Gobierno pretende convocar nuevas plazas para jueces y fiscales, uno de los sectores prioritarios de la Administración.

– A los funcionarios se les ha dado prácticamente todo lo que han pedido, ¿ha acabado el ajuste de salarios y empleos en el empleo público?

– Al menos en este ejercicio 2016, así es. Era necesario contener el consumo interno de las administraciones y la subida imparable de la remuneración de asalariados. Había crecido desproporcionadamente y sin el debido rigor. En la legislatura anterior, los gastos de personal crecieron un 11,6% y en tres años lo hemos reducido más de un 9%. Ese crecimiento dispara el déficit estructural. Y no siempre esos crecimientos tan rápidos van acompañados de un esfuerzo de eficacia y de mejor utilización de los recursos.

– ¿Qué busca Hacienda con el aumento de la oferta de empleo público? ¿Por qué ahora?

– En proporción, la senda de consolidación nos permite elevar ahora la oferta de empleo público. Estamos buscando la «inteligencia» de lo público, debemos valorar qué organismos del Estado merecen un aumento de la oferta de empleo, en términos de productividad. No vamos a volver a ver aumentos de gasto en salarios de funcionarios del 11,4%. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria lo impedirá.

– ¿Qué nuevas áreas se consideran como «prioritarias» en la Administración?

– Se puede considerar como «nueva» la vinculada a servicios sociales y al empleo. El empleo se justifica porque la dotación para políticas activas crece un 10%, hay que gestionar ese capital adicional. Estamos llevando a cabo una serie de programas muy exigentes en términos de gestión y control, ya que determinan la vinculación del protegido a un itinerario y el seguimiento personalizado de ese desempleado. Sin ir más lejos, el programa puesto en marcha el 1 de enero de 2015, la ayuda de los 426 euros para parados de larga duración que han agotado toda las prestaciones, requiere muchos recursos humanos. Hay que vigilar que el desempleado que accede a la prestación adicional cumpla los requisitos necesarios. En concreto, debe demostrar estar buscando trabajo de forma activa, aceptar las propuestas que se le ofrezcan y haya agotado todas las prestaciones.

– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuenta con 250 millones de euros menos de dotación presupuestaria, ¿a qué se debe este ahorro?

– El ajuste del presupuesto de la CNMC se produce por los ahorros generados de la caída de los costes del sistema eléctrico. El 98% del prespuesto de este organismo corresponde a la tarifa eléctrica.

– El gasto en Defensa se dispara todos los años en varios cientos de millones de euros en ejecución presupuestaria, ¿cómo se puede controlar?

– En el Ministerio de Defensa existe una indeterminación importante sobre el presupuesto inicial, principalmente por dos factores. El primero está relacionado con las misiones internacionales de Paz, que normalmente en las fechas de realización del Presupuesto no están aprobadas, ni siquiera las que se van a prorrogar. Sin ir más lejos, en julio se autorizó una intervención militar en el Mediterráneo no presupuestada. Esa es la típica actuación que se debe financiar normalmente con fondos de contingencia. Por otra parte, los programas especiales de Defensa son inversiones que, cuando llegamos al Gobierno, los compromisos contraídos eran muy superiores a las dotaciones posibles que podíamos destinar como consecuencia del proceso de consolidación fiscal.

– Y estos programas especiales, ¿cómo se financian?

– Llevan una prefinanciación por parte del Ministerio de Industria, toda vez que tienen un fortísimo componente de I+D militar. A partir de ahí, la entrega de las unidades que han sido prefinanciadas por parte de las empresas requiere la dotación correspondiente en los presupuestos de Defensa para cancelar esas operaciones. Como no era posible hacer frente a todos esos compromisos en 2011, el Ministerio de Defensa hizo una reprogramación, retrasando la recepción de determinadas unidades y comprometiéndose a negociar en los foros internacionales. Las inversiones militares tienen una regla específica en términos del Sistema Europeo de Contabilidad (SEC 2010), y es que se entienden realizadas cuando se entregan efectivamente las unidades. Lo que hemos hecho siempre es adaptar esa ejecución en términos de contabilidad nacional a las ejecuciones correspondientes. Los créditos extraordinarios de Defensa no generan déficit público, por que ya están anotados en el cierre del ejercicio anterior.