Banco de España, 60.613 millones perdidos en el rescate bancario

El rescate bancario no le va a salir gratis a España. En el mejor de los casos, le costará a las arcas públicas la friolera de 60.613 millones de euros que nunca podrán recuperarse.

El rescate bancario no le va a salir gratis a España. En el mejor de los casos, le costará a las arcas públicas la friolera de 60.613 millones de euros que nunca podrán recuperarse. Ésta es, al menos, una de las principales conclusiones a las que ha llegado el Banco de España en su informe sobre la crisis financiera y bancaria en nuestro país durante el epicentro de la crisis económica, entre 2008 y 2014.

En un documento de 266 páginas publicado ayer por sorpresa, el regulador enumera los principales hitos críticos por los que ha atravesado el sector a lo largo de estos años y se detiene en las ayudas concedidas, las ya perdidas, las recuperadas y las que podrían recobrarse dependiendo de algunos factores. El informe cifra en concreto en 64.098 millones el dinero público que se ha destinado a cubrir el capital y los productos híbridos de entidades como Bankia, Banca Cívica, Ceiss NovacaixaGalicia, Unnim o Catalunya Banc, entre otras. Además, contabiliza otros 10.390 millones que corresponden al Esquema de Protección de Activos (EPA) y 1.922 millones a la cobertura de garantías. El coste total de estas operaciones de salvamento financiero alcanza los 76.410 millones de euros. ¿Se ha perdido toda esta cantidad? No.

El Banco de España cifra en 4.139 millones el dinero que se ha recuperado, lo que representa un 5,41% de las ayudas otorgadas al sector financiero. El documento pronostica, además, que podrían recuperarse otros 12.198 millones de euros por medio de, por ejemplo, la venta de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN). Si esto ocurre finalmente, España recobraría 16.336 millones, lo que equivaldría al 21,379% de las ayudas otorgadas a la banca. Dicho de otra forma: de acuerdo con el Banco de España, casi ocho de cada diez euros destinados a apuntalar el sistema financiero nunca volverán a las arcas públicas en el mejor de los casos.

Aunque se esperaba con expectación que los redactores cuestionaran la labor del Banco de España en la detección, prevención y corrección de la crisis de algunas cajas y bancos, el informe pasa friamente de puntillas sobre el particular, reconociendo, eso sí, que la regulación bancaria durante la crisis fue «claramente insuficiente». Alude en concreto, aunque de forma implícita, a los años inmediatamente anteriores a la crisis, que se corresponderían con la etapa en la que Pedro Solbes dirigía el Ministerio de Economía y Miguel Ángel Fernández Ordóñez comandaba el propio Banco de España. Según el documento, los instrumentos regulatorios impulsados antes de la crisis de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, con objeto de contrarrestar el «excesivo» crecimiento del crédito y la exposición de la banca al sector inmobiliario resultaron «claramente insuficientes». No obstante, puntualiza que la legislación internacional no requería en ese momento adoptar medidas que limitasen la concentración de riesgos.

En este punto, el documento echa un capote a los reguladores de esa época al señalar que «a diferencia de otras jurisdicciones, en España se adoptó una interpretación muy estricta de los criterios que permitían a las entidades de crédito no incluir en su perímetro de consolidación los vehículos de inversión estructurados». A su juicio, la constitución de estos vehículos fuera del balance de las entidades facilitó la transformación y titulización de los créditos «subprime» en otros países. En este punto, informa Efe, recalca que «ante los riesgos latentes observados en la entidad crediticia de la banca española, trasladó a las entidades una serie de recomendaciones y reflexiones relacionados con la financiación hipotecaria e inmobiliaria, y con la gobernanza de las cajas de ahjorro, entre otras. Sin embargo, en un contexto de crisis financiera internacional y de fuerte ajuste en los mercados, esos instrumentos «resultaron claramente insuficientes».

«Podría plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica, promoviendo las modificaciones legales necesarias para establecer límites a la concentración de riesgos por sectores, a los niveles de apalancamiento o a las proporciones máximas entre el valor de los préstamos y la valoración de sus garantías», recalcando que la puesta en marcha de estas garantías «no se contemplaba» en la regulación internacional existente antes de que estallara la crisis financiera.

En el documento, el Banco de España subraya que el sector financiero resistió «razonablemente bien» los primeros efectos de la crisis de las hipotecas «subprime» en 2007, pero la quiebra de Lehman Brothers complicó la situación, y ya en 2009 la crisis empezó a afectar a la solvencia de las entidades. El regulador señala como otro hito posterior la creación del FROB, cuya ayuda fue a parar casi exclusivamente a las cajas de ahorros, en principio a la compra de participaciones preferentes. Posteriormente, recuerda que la extensión de la crisis de la deuda soberana en la zona euro, y la vuelta a la recesión obligaron a efectuar nuevos apoyos a la banca. Crisis no previstas por los organismos internacionales. De ahí a la petición del rescate bancario sólo hubo un paso.