El «crash» de los 10 millones

El sistema público de pensiones se ha convertido en un pozo sin fondo que amenaza la sostenibilidad de todo el Estado y cualquier dato que se tome en consideración confirma la dimensión del agujero. En verano, por ejemplo, el Fondo de Reserva se quedará sin recursos para pagar la extra, lo que obligará al Gobierno a emitir deuda para hacerlo. Antes de ello, este mismo marzo, España podría llegar a destinar por primera vez en la historia más de 9.000 millones de euros en un solo mes al desembolso de estas prestaciones. La cifra puede no decir nada por sí misma, pero su magnitud cobra relevancia si se la compara, por ejemplo, con lo que invirtió el Estado en infraestructuras no ya en un mes, sino durante todo 2017: 7.540 millones de euros. Es decir, nuestro país gasta más en pensiones cada 30 días que en obra pública en doce meses. ¿Qué ha pasado para que se llegue a esta situación y corran riesgo incluso las finanzas públicas? En primer lugar, el descenso registrado del número de cotizantes por cada pensionista por culpa de la crisis económica, hasta llegar a una proporción de dos por cada uno. El crecimiento del empleo a un ritmo de 400.000 afiliados nuevos al año corrige en parte el problema, pero no es suficiente, pues muchos de los nuevos cotizantes perciben salarios bajos y su aportación a la Seguridad Social también lo es. Su crecimiento tampoco compensa el que registra el número de pensionistas por el envejecimiento de la población. En 2008, 8,4 millones de personas cobraban algún tipo de pensión en España; en 2018, la cifra se eleva hasta los 9,5 millones y mes a mes se encamina hacia la barrera de los 10 millones, un punto en el que algunos analistas cifran el colapso del modelo. En segundo lugar, el agujero del sistema se agranda por la llegada al mismo de nuevos beneficiarios que percibían antes de su jubilación salarios altos, lo que eleva el monto de su pensión inicial. Hace apenas diez años, en 2008, un jubilado cobraba de media 821,55 euros. Hoy, recibe 255,97 euros más, hasta llegar a los 1.077,52 euros. La cuantía total que abona el Estado es por ello más abultada. España pagaba hace diez años 4.100 millones mensuales en pensiones de jubilación. Este mes de febrero desembolsó 2.244 millones más, lo que ha disparado la factura hasta los 6.344 millones de euros mensuales sólo en esta prestación. Si se suman el resto de las pensiones –incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares– el coste se agiganta hasta los 8.925 millones de este febrero. Son 2.789 millones más que hace una década. La última reforma suaviza la dimensión del agujero, pero no lo frena, al limitar el crecimiento anual de la pensión a un 0,25%. Tampoco lo corrige, pese a las protestas de estos días, la cuantía de la pensión, pues en España esta cifra es más elevada de media (1.077 euros) que en países como Alemania, Bélgica, Holanda o Reino Unido, aunque varios de ellos usan sistemas mixtos que combinan el régimen público con el privado de aseguramiento. Las pensiones también adolecen de una brecha salarial importante por sexos: las jubiladas cobran 423 euros al mes menos que los hombres.