El fiscal pide archivar la causa contra Spottorno por las «black»

La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la petición de Rafael Spottorno, ex jefe de la Casa del Rey, de que se archive la investigación contra él por apropiación indebida por el uso de las «tarjetas black» de Caja Madrid. En un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el caso, el fiscal Alejandro Luzón argumenta que no se le puede atribuir ningún delito porque no formaba parte del consejo de administración de la entidad, por lo que no tuvo responsabilidad en la puesta en circulación de las polémicas tarjetas entre los consejeros y altos cargos de la caja, confirmaron fuentes jurídicas. Spottorno, dice el fiscal, utilizó la tarjeta opaca, con la que gastó 223.900 euros, como un complemento retributivo.

Anticorrupción aplica el mismo criterio que ya esgrimió para exculpar a otros directivos de la entidad, como Ricardo Morado, Carlos Vela y Juan Astorqui: ninguno ejerció labores de administración en Caja Madrid, por lo que están excluidos del círculo de 27 consejeros (en representación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales) que integraban el consejo de administración de la entidad.

El pasado 23 de enero, la Fiscalía ya pidió al juez Andreu que imputara únicamente a esos 27 consejeros entre 2003 y 2012 en Caja Madrid y Bankia por los delitos de administración desleal o apropiación indebida, pero finalmente el magistrado decidió imputar a todos los usuarios de las tarjetas opacas. Todos ellos declararon ante el juez en la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero.

Complemento retributivo

El fiscal Luzón sostenía en el escrito en el que respaldaba el archivo de la investigación contra Morado, Vela y Astorqui que había que distinguir la conducta de estos imputados, directivos de Caja Madrid, del resto, que sí tenían «la condición de administradores» por formar parte del consejo de administración o de la comisión de control de la caja.

«Los directivos, a diferencia del resto de imputados, recibieron estas tarjetas claramente como complemento retributivo, como se infiere no sólo de las declaraciones de los usuarios y de quienes se las entregaron, sino también del hecho de que tenían otra tarjeta de empresa, ésta sí de gastos de representación que justificaban debidamente».

Precisamente en ese argumento incidió la defensa del ex jefe de la Casa del Rey en el recurso en el que pedía el archivo de la causa contra él. Spottorno recalcaba que ni era administrador de la entidad ni llevó a cabo labor alguna de control sobre el uso que dieron los consejeros a esas tarjetas opacas al fisco.

En todo caso, la ausencia de responsabilidad penal no eximiría a estos imputados de la consideración de partícipes a título lucrativo (por haberse enriquecido supuestamente de la comisión de un delito), por lo que la Audiencia Nacional podría obligarles a devolver el dinero gastado con esas «tarjetas black».

En su declaración ante el juez Andreu el pasado 2 de marzo, Spottorno hizo hincapié en que él era un mero empleado y que la administración de la entidad le era completamente ajena. El ex jefe de la Casa del Rey señaló entonces a los integrantes del consejo de administración. Explicó asimismo al magistrado que las tarjetas en ningún caso se destinaban a cubrir gastos de representación, para lo que disponían de otra visa, sino que se trataba de un «complemento retributivo» para dispendios no relacionados directamente con su cargo. Spottorno delegó en Caja Madrid la responsabilidad de tributar por esos desembolsos y, como el resto de usuarios de la tarjeta, manifestó que tenía la convicción de que era la entidad la que se encargaba de tributar por esos gastos.

Andreu –que ahora deberá pronunciarse sobre la petición de archivo de Spottorno– sólo imputó por apropiación indebida a los usuarios de las tarjetas opacas que no integraban el consejo de administración, mientras que a los 27 miembros de ese organismo les imputó, además, un delito de administración desleal.

El magistrado calificaba de «retribuciones irregulares» las cantidades gastadas por los consejeros y directivos –15,2 millones de euros entre 2003 y 2012– y subrayaba que se emitieron «fuera del circuito ordinario», sin contrato ni decisión de los órganos de gobierno de la entidad que las amparasen.

Andreu aseguraba que si se trataba de una retribución adicional, «tampoco se entiende» por qué algunos de sus beneficiarios no llegaban a agotar el saldo o ni siquiera la usaron, renunciando a unas cantidades a las que tenían derecho formalmente, aunque el cauce para abonarlas fuese irregular.