El FROB analizará irregularidades en la banca nacionalizada

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) encargó ayer a un consultor independiente un análisis de 90 operaciones supuestamente irregulares en entidades intervenidas con fondos públicos.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) encargó ayer a un consultor independiente un análisis de 90 operaciones supuestamente irregulares en entidades intervenidas con fondos públicos. A pesar de que no ha trascendido el nombre de los implicados, el Estado es el principal accionista de Bankia, Catalunya Banc y BMN, una vez que se ha completado la venta de NCG a Banesco. El organismo explica que en los últimos meses se han revisado múltiples operaciones realizadas en los últimos años que han tenido un impacto patrimonial significativo en las entidades nacionalizadas (atendiendo a conceptos como la cuenta de resultados, recursos propios o el volumen de negocio) y que presenten indicios de irregularidad o no respondan a una finalidad económica lógica. Por otra parte, si hace unas semanas se hacía pública la intención del FROB de contar con una entidad de inversión que asesorará al organismo en el proceso de privatización de Bankia, ayer se conoció el nombre del elegido. Como ya adelantó LA RAZÓN, finalmente será el banco estadounidense Goldman Sachs el encargado de diseñar el proceso de venta del paquete accionarial que el fondo de rescate público posee en Bankia. El Estado controla actualmente alrededor del 68% de la entidad y el montante total de ayudas públicas recibidas alcanza los 22.424 millones de euros. La elección de Goldman Sachs, entre otras siete firmas candidatas, no resulta casual. El banco, como ya se apuntó desde este diario, es el que mejor conoce la firma después de haber realizado la valoración de activos de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. Según apuntaron ayer fuentes de Efe, la adjudicación se resolvió por la cifra simbólica de un euro, y el contrato suscrito se extenderá un año desde la fecha de firma, con la posibilidad de prorrogarlo anualmente si las circunstancias lo precisan.