El gasto público se estabilizará en torno al 40% del PIB

El Gobierno lo elevará a lo largo de la legislatura a un ritmo inferior al del crecimiento económico con el fin de reducir el déficit sin necesidad de acometer recorte alguno.

Si el FMI prevé que el gasto público en España se sitúe en el 41,9% del PIB durante el pasado ejercicio, a lo largo de la legislatura se estabilizará en torno al 40%. No obstante, de algunas estimaciones se desprende que la ratio continúe disminuyendo el próximo año hasta niveles del 38,4%. Esta reducción vendría explicada en un 70% por un mayor crecimiento del PIB y en un 30% por medidas de ajuste complementarias.

El Gobierno pretende elevar el gasto público durante la legislatura a un ritmo inferior al del crecimiento económico para corregir el desfase presupuestario sin acometer recortes, lo que se reflejará en un menor porcentaje de gasto público sobre el PIB. Y este descenso podría no cuadrar entre las hojas de ruta del resto de grupos del arco parlamentario. El desafío debería pasar por controlar las cuentas públicas para desapalancar el sector público, cuya deuda se contrajo en noviembre hasta el 98,7% del PIB.

El Ejecutivo no permitirá que la presión fiscal en España suba del 40%. Y como el equilibrio presupuestario requiere que no se gaste más de lo que se ingrese, «tendrá que reducir el gasto público hasta ese entorno», afirma Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana. Por su parte, Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, asevera que si el crecimiento económico continúa sobre el 2,5% y el desempleo sigue decreciendo, podemos esperar una consolidación del gasto público próxima al 40-42%. En cambio, si la coyuntura económica sufriera un nuevo revés, podría subir hasta cotas del 48-49%, un escenario que hoy en día no se contempla.

Mientras que el gasto público en nuestro país fue del 44,5% del PIB en 2014, último año revisado por Eurostat, la media de los países de la eurozona escaló hasta el 49,2%. Así, por ejemplo, la diferencia en la partida de Sanidad fue de 1,2 puntos; en la de Educación, de 7 décimas; y en la de Protección Social, de 2,7 puntos.

España es uno de los países del mundo que más descentralización ofrece del gasto público. Y es que la mayor parte del mismo está gestionado por las comunidades autónomas. La cuantía expresada en porcentaje de PIB se encuentra por debajo del promedio de la OCDE y de la UE. El análisis del gasto público como proporción de PIB indica el esfuerzo fiscal de la economía en su conjunto, pero puede resultar poco informativo sobre la financiación de los servicios públicos, ya que la caída del PIB que tuvo lugar durante la crisis –un 7,5% en términos reales entre 2008 y 2014– tiende a aumentar el ratio. Al analizar el gasto público per cápita, algunos estudios demuestran que en los años duros de la recesión, en los que la renta per cápita cayó un 8,8%, el gasto público per cápita permaneció similar al de 2007, lo que significa que nuestros servicios públicos contaron con los medios para resistir mejor la crisis. Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), explica que por el lado del gasto, el ratio déficit PIB se redujo el año pasado 1,3 puntos respecto a 2015, y que debería constreñirse hasta el 41,3% en 2017.

ESTADO DEL BIENESTAR

Cumplir con el objetivo de consolidación fiscal será prioritario. Y Semur piensa que hay margen para reducir el gasto público, aunque no el suficiente como para atender a las crecientes necesidades derivadas del envejecimiento de la población. De ahí, «la necesidad de disminuir el gasto abordando reformas estructurales que aporten un mayor crecimiento y empleo a nuestra economía, así como que aumenten la recaudación sin necesidad de elevar los tipos de gravamen de las empresas», agrega.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, informó de que el gasto social marcó su máximo histórico en 2016, cuando se superaron por primera vez los 300.000 millones de euros. De hecho, el gasto social sobre el desembolso total de las administraciones ha subido tres puntos desde 2011, pasando desde el 60,5% al 63,3%. Asimismo, afirmó que el techo de gasto de este año será suficiente para cumplir con Bruselas y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Pese a que el gasto total haya ido menguando, el social se ha incrementado de forma significativa para no desmantelar el Estado del Bienestar. En comparación con los datos de 2007, el gasto en Educación ha aumentado en 1.800 millones; en Sanidad, en torno a 7.000 millones de euros; y en Protección Social, casi en 50.000 millones.

Montoro priorizará los aumentos del gasto en las partidas sociales, que son fuertemente redistributivas, ya sea monetariamente o en especie. Hidalgo valora de forma positiva estos incrementos. Sin embargo, considera que todas las políticas públicas, y las sociales no son menos, deben someterse a la evaluación de su efectividad y de sus resultados con el objeto, siempre, de mejorarlas.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas cayó al 2,78% del PIB hasta septiembre. Una parte del mismo es de carácter cíclico y se fundamenta en el hecho de que el PIB, tras la caída experimentada durante la crisis, se encuentra por debajo de su nivel potencial, por lo que se corregirá conforme avance la recuperación. Pero otra es de carácter estructural, lo que obligaría a realizar algún tipo de ajuste.

Pese a que por el lado de los gastos la capacidad de ajustar sea más limitada, expertos consultados aseguran que existe cierto margen de ahorro a través de una reforma de las administraciones públicas que eleve su eficiencia mediante su reorganización, la introducción de nuevas tecnologías, nuevas forma de gestión de personal con incentivos a la productividad..., a imagen y semejanza de lo que hace la empresa privada en los momentos de crisis. «No se trata de despedir funcionarios, aunque fuera de ámbitos como Sanidad, Educación o Seguridad su número a medio plazo debería descender», apostillan. En cualquier caso, la reposición de funcionarios únicamente será posible si se mantiene el gasto.

La plantilla de empleados públicos en España es bastante similar a la que tienen otros países vecinos. El porcentaje se sitúa en torno al 14% de la población activa. No obstante, el gasto para cubrir sus nóminas respecto al PIB es mayor en nuestro país, lo que se debe, fundamentalmente, al menor nivel de gasto público español en comparación con el resto.

La diferencia entre el coste de los trabajadores públicos en España y Alemania es de tres puntos porcentuales. Mientras que la partida destinada al empleo público representa el 25% del gasto en España, en Alemania desciende hasta el 22%. Es decir, los alemanes gastan en personal público unos 30.000 millones menos. Sin embargo, los médicos alemanes no son funcionarios. Pero descontando este factor, Rallo calcula que Alemania gasta 10.000 millones menos que España en empleo público. Así, si se mejorara la eficiencia del personal de las administraciones, el director del Instituto Juan de Mariana estima que podríamos ahorrar un 1% del PIB.