El Gobierno aprueba un plan de 2.000 millones para recortar 10 puntos la tasa de paro juvenil

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, que prevé la creación de 2,9 millones de contratos indefinidos para jóvenes y una reducción de diez puntos en su tasa de paro durante sus tres años de vigencia, hasta el 23,5%, lo que supondría sacar del desempleo a casi 170.000 jóvenes menores de 25 años.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha referido a la juventud como futuro de la sociedad y motor de cambio y ha asegurado que en la actulidad está afectada por serias dificultades para su inserción en el mercado de trabajo.

Así, ha recordado que de los 2,7 millones de jóvenes afiliados a la Seguridad Social, el 78% trabaja en el sector servicios, con una tasa de estabilidad de sólo el 8,19%. Actualmente hay 569.000 jóvenes desempleados, de los cuales 87.000 son de larga duración, y de éstos el 72,98% presenta un bajo nivel formativo.

"Estos datos son suficientes como para justificar un plan integral", ha apostillado Valerio, que ha destacado que en el diseño de este plan han participado los agentes sociales, otros Ministerios y diversas instituciones y organizaciones juveniles. La ministra ha dado mucha importancia a que el plan se haya acordado unánimanente con sindicatos y empresarios.

Los problemas que afectan al colectivo de personas jóvenes requieren, según Valerio, la puesta en marcha de medidas que permitan conseguir una mejora de la integración laboral, fomentar la Formación Profesional, combatir el abandono escolar temprano, impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promover el autoempleo y el emprendimiento, mejorar la gestión del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y promover la colaboración entre los interlocutores sociales, y las CCAA, entre otras.

Asimismo, el Plan se centra en los colectivos más vulnerables, con acciones que actúen sobre la brecha de género, el entorno rural y el reto demográfico, la población joven migrante, y que tengan en cuenta los cambios sociales y tecnológicos.

Las medidas que recoge tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y sirven para alcanzar la Meta 8.6: De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Objetivos del Plan:

► Establecer un marco laboral de calidad en el empleo y la dignidad en el trabajo.

► Hacer protagonistas a las personas jóvenes de su proceso de inserción laboral y cualificación.

► Incrementar la cualificación e inserción laboral dotando a los jóvenes de más competencias profesionales.

► Fomentar un nuevo modelo económico basado en la productividad y el valor añadido.

► Dotar a los Servicios Públicos de Empleo de los medios y recursos para prestar una atención adecuada e individualizada.

► Eliminar la segregación horizontal y la brecha salarial de género

► Combatir el efecto desánimo de los jóvenes

► Prestar especial atención a los colectivos más vulnerables (migrantes, parados de larga duración, personas con discapacidad, etc).

Resultados que se prevé lograr:

► Reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5 %, en los tres años de vigencia, disminuyendo en 168.000 el número de personas jóvenes menores de 25 años en paro.

► Incrementar la tasa de actividad de personas jóvenes entre 20 y 29 años hasta el 73,5%.

► Reducir en un 20% la actual brecha de género en el paro registrado de personas menores de 30 años.

► Incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas, alcanzando durante el conjunto de los tres años 2.900.000 de contrataciones.

► Conseguir que, al menos, un 43% (100.000) de las personas jóvenes inscritas como desempleadas y, que no disponen de titulación en Educación Secundaria Obligatoria, adquieran mediante programas de formación las competencias clave en Lengua y Matemáticas. Fomentar la formación en competencias lingüísticas.

► Lograr que, al menos, 225.000 jóvenes se formen en competencias digitales, el 75% en competencias básicas y el 25% en competencias superiores, que supone un 40% y 38% respectivamente de la población joven menor de 30 años.

► Formar a un 25% (40.000) de las personas jóvenes en competencias de sectores estratégicos (un 25% del colectivo de personas jóvenes con Estudios Superiores y de FP).

El plan, compuesto por 50 medidas estructuradas en seis ejes y con una dotación de 2.000 millones de euros, establece la creación de una red de 3.000 orientadores en los servicios públicos de empleo, que realizarán también tareas de prospección y captación de oferta.

En concreto, propone el nombramiento de 3.000 funcionarios interinos por un máximo de 18 meses, cuyo perfil profesional se acordará en la primera Conferencia Sectorial tras la aprobación del plan. Una parte importante de estos funcionarios proporcionarán atención individualizada a los jóvenes y realizarán un seguimiento de su itinerario de inserción.

Junto a estos 3.000 orientadores, se dará apoyo a la red SIJ-Injuve mediante la incorporación de 110 mediadores juveniles que se coordinarán con los servicios de empleo autonómicos para informar a los jóvenes de las medidas del plan y de los servicios que ofrecen las oficinas públicas de empleo y otros agentes del mercado laboral.

Los seis ejes del plan

El Plan se estructura en torno a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad, y emprendimiento y mejora del marco institucional, y cincuenta medidas pensadas con una perspectiva integral y sistemática, no fragmentadas, sino combinables y ajustables a cada perfil.

El primer eje, orientación, potencia la intermediación activa y la personalización de los servicios en base al diagnóstico y diseño de itinerarios de inserción y formativos individuales. Una de las prioridades de este eje es el Programa ORIENTAJOVEN, que supondrá la creación de una red de 3.000 personas que se responsabilizarán de la orientación, complementados por una red de mediadores jóvenes, provenientes de organizaciones sociales que atenderán a través de la VENTANILLA ÚNICA.

Asimismo, se orientará a jóvenes inmigrantes con atención integral para inserción laboral de menores no acompañados y la participación de la FEMP y la red SIJ-INJUVE, con 110 mediadores adicionales.

En el segundo eje, formación, se establecen actuaciones de formación profesional para el empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación dual y en alternancia con la actividad laboral, que permita al beneficiario mejorar su experiencia profesional. Se trata de facilitar la inserción laboral mediante Programas de formación con compromiso de contratación, incluyendo la cotización por desempleo en contratos de formación, y Programas de segunda oportunidad con becas.

El eje oportunidades de empleo tiene como finalidad incentivar la contratación y el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad, especialmente discapacitados, personas en situación de exclusión social, víctimas de terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género. Este eje incluye la creación del Estatuto de las prácticas no laborales, y el desarrollo de programas de retorno del talento y de apoyo a la movilidad.

El cuarto eje, Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, establece medidas dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres jóvenes en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Las actividades de este eje promueven el impulso al trabajo de los Agentes de Igualdad, el fomento de startup o proyectos tecnológicos para mujeres jóvenes, y el apoyo a la mujer joven en el entorno rural.

Las actuaciones del eje Emprendimiento fomentan la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, y dinamizan el desarrollo económico local, con medidas como el impulso a programas piloto con empresas de vanguardia con experiencia en programas de startup, y el fomento de los convenios con organismos intersectoriales de autónomos.

El sexto y último, Mejora del marco institucional, recoge acciones de mejora en gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través del impulso de la accesibilidad, transparencia y coordinación.

El Plan de Empleo Joven tendrá una vigencia de 3 años, y se estima que el coste total ascienda a 2.000 millones de euros, que afectará principalmente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal. En el año 2019 la dotación es de 670 millones, y en los presupuestos de 2020 y 2021 se consignará el resto.

En cuanto a su operatividad se elaborará un plan anual de actuación, vinculado al Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), en actuaciones de carácter autonómico, que tendrá un seguimiento semestral. También será evaluado a través de aplicaciones informáticas compartidas y será sometido a evaluación a los 18 meses de funcionamiento.