El Gobierno frena el alza de luz y gas

Congela la mitad de la factura para 2018 ante el temor a una escalada de precios por la climatología. Rebaja una media de ocho euros al año el precio del alquiler de contadores.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no quiere que el alza del precio de la luz y del gas desemboque en un cúmulo de protestas de organizaciones ciudadanas durante lo que resta de invierno ni cause un roto mayor del esperado en los bolsillos de los consumidores. Por ello, ha decidido congelar la parte regulada de ambas fuentes energéticas –lo que se conoce técnicamente como peajes– para todo el año próximo. De esta forma, la parte de la factura que abonan los ciudadanos y las empresas, y que depende del Gobierno, volverá a mantenerse constante, sin alteraciones, según informó ayer el departamento que dirige Álvaro Nadal en un comunicado.

Se trata de la quinta vez en otros tantos años en la que los peajes de la electricidad se congelan. Por su parte, los peajes del gas se mantendrán en el mismo nivel por cuarto ejercicio consecutivo.

Según apuntó el Ministerio, las previsiones apuntan a un equilibrio económico en los sistemas eléctrico y gasista para los próximos años, lo que permite la congelación de la parte regulada de los recibos. Energía añadió, además, que no incrementar los peajes generará un impacto positivo en la competitividad de la economía española –al no dispararse los costes de fabricación por congelarse una parte de los gastos energéticos–, así como en el conjunto de la actividad económica.

Asimismo, Energía ha decidido reducir el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas en el caso del gas natural. El Gobierno estima que la rebaja supondrá un ahorro medio de 8 euros al año por cliente, lo que afectará a 7,8 millones de consumidores domésticos. La congelación de los peajes frenará el coste energético en España, pero no evitará por completo su crecimiento este mismo invierno.

Tal y como informó este periódico el pasado martes, las propias compañías eléctricas dan por hecho que las condiciones climatológicas tendrán una incidencia alta en el coste de la luz y, por tanto, en el bolsillo de los ciudadanos. Se trata de una suerte de «tormenta perfecta» en la que confluyen muchos factores. Lo hace, por ejemplo, el tiempo seco y anormalmente cálido de este periodo, lo que ha reducido por ejemplo en un 34,6% la aportación de la energía hidráulica a la producción de energía, porcentaje que se eleva al 48,2% en lo que va de año.

Asimismo, tampoco se prevén meses de alta eolicidad, lo que reducirá también la aportación de la energía eólica al conjunto del sistema. En lo que va de año, esta energía arroja un saldo negativo del 3,2%. A pesar de que no se ha desatado una gran ola de frío, las eléctricas no descartan que los precios de la energía se disparen a niveles similares a los del pasado año, aunque sin llegar a rozar los 100 euros el megavatio/hora, como ocurrió en 2016, una anomalía que llevó a actuar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Fuentes del sector consultadas por este periódico auguran tensión en los precios, pero aseguran que las eléctricas harán lo posible para que no se vuelva a generar la alarma del pasado año.

Las eléctricas recuperan el bono social

El Ministerio de Energía ha ordenado devolver a las eléctricas las cantidades abonadas en concepto de bono social en el ejercicio 2014 más los intereses legales computados desde que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro. Dicho pago se hará con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en una cuenta específica del encargado de las liquidaciones, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, según el Boletín Oficial del Estado (BOE). En octubre, Energía ya aprobó otra orden para la devolución de las cantidades abonadas por las eléctricas por el bono de 2015 y 2016, después de que el Supremo estimara que estas indemnizaciones deben hacerse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o a las comercializadoras. A finales de octubre de 2016, el Supremo reconoció el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas.