El Gobierno pone en marcha la figura del «guardián» del déficit

El Consejo de Ministros estudió ayer un primer informe sobre la creación de la autoridad fiscal independiente, que la Comisión Europea viene reclamando a España desde hace tiempo. De hecho, esta decisión llega sólo días después de que Bruselas hiciera público un informe de recomendaciones a España en el que criticaba el retraso en la constitución de este nuevo organismo. La creación de esta autoridad estaba incluida en la Estrategia Española de Política Económica, que aprobó el Gobierno el pasado 27 de septiembre.

El informe analizado ayer es la base para la elaboración de un anteproyecto de ley que próximamente se remitirá al Consejo de Ministros para su aprobación y consiguiente envío a las Cortes Generales. La autoridad fiscal será una especie de guardián o policía independiente del principio de estabilidad presupuestaria. No estará, por tanto, sujeta a las instrucciones del Gobierno y su principal mandato será garantizar el principio de estabilidad presupuestaria que establece el artículo 135 de la Constitución, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Para conseguir todos estos objetivos, el Ejecutivo prevé que esta figura tenga personalidad jurídica propia y capacidad pública y privada; que funcione con «plena autonomía e independencia»; y que asuma en sus funciones el análisis, el asesoramiento y el seguimiento de la política fiscal y de la variación de las previsiones macroeconómicas. En concreto, tendrá competencia sobre todo el ámbito público administrativo y entre sus tareas estará la emisión de informes y recomendaciones a las Administraciones Públicas para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Detectará y alertará sobre posibles desviaciones de gastos e ingresos. Por tanto, su objetivo es vigilar el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de la Administración General del Estado, de las comunidades y de los ayuntamientos. La autoridad fiscal contará con un régimen patrimonial y de contratación propio del sector público y hará públicos todos los informes que elabore, conforme al principio de transparencia de la Ley de Buen Gobierno que actualmente tramita el Parlamento.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ya avanzó esta pasada semana en Bruselas que este guardián de la ortodoxia presupuestaria será aprobado en este primer trimestre del año. Y como ayer precisó Sáenz de Santamaría, seguirá el ejemplo de otras instituciones ya en marcha en Estados Unidos y en Europa y cumplirá estrictamente con las exigencias europeas.

La vicepresidenta precisó que sus funciones estarán orientadas al análisis macroeconómico, al seguimiento y al control de las cuentas públicas. Sin embargo, la capacidad sancionadora, según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, continuará en manos del Ministerio de Hacienda.