La crisis de Cataluña fuerza a aplazar los Presupuestos

La legislación marca que el Ejecutivo debe remitir los presupuestos al Congreso antes de que finalice el mes de septiembre.

Los Presupuestos Generales del Estado tendrán que esperar a la próxima semana. Ayer, el Gobierno decidió posponer su aprobación en Consejo de Ministros unos días apurando el plazo constitucional que fija como fecha límite para su entrada en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria el 30 de septiembre. El Ejecutivo, según ha señalado, prefiere apurar la negociación con los grupos parlamentarios para lograr el mayor número de votos favorables a las cuentas para el próximo año. La decisión fue adoptada pocas horas después de que el Partido Popular y Ciudadanos anunciaran un principio de acuerdo para respaldar los Presupuestos con sus 32 escaños.

El Gobierno había manifestado el pasado día 11 su intención de aprobar el anteproyecto de ley hoy. Fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien anunció el retraso después del pleno del Congreso y antes de reunirse con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, uno de los socios parlamentarios del Gobierno.

Aunque el Gobierno ha justificado la decisión por la necesidad de integrar en el proyecto de ley partidas comprometidas con los posibles socios políticos, entre ellos el PNV, el conflicto con Cataluña está detrás de este aplazamiento. Mientras el Gobierno asegura que mantiene una relación muy fluida con el PNV para dotar de contenido a los acuerdos alcanzados sobre el cupo de vasco y el concierto económico que permitieron el respaldo del Partido Nacionalista Vasco a los Presupuestos para este año, el portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Aitor Esteban, niega que haya habido reuniones recientemente sobre las cuentas 2018, y dice estar más preocupado por el «follón institucional y la crisis de Cataluña, según Ep.

5 semanas por paternidad

El acuerdo con el PNV que sirvió para respaldar las cuentas de 2017 suponía la devolución de 1.400 millones de euros por parte del Estado a las haciendas forales por lo cobrado de más desde el año 2007 y el compromiso firme de terminar la «Y» vasca, que comunicará las tres capitales con la meseta.

El principio de acuerdo entre Ciudadanos y PP prevé introducir en los Presupuestos partidas sociales por valor de 8.300 millones de euros, como la continuidad del complemento salarial o cheques para ayudas en guarderías. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, destacó ayer que la formación naranja apoyará las cuentas del próximo año si el Ejecutivo introduce estas partidas que contemplan ampliar los permisos de paternidad hasta las 5 semanas, así como cheques para familias con hijos de 0 a tres años.

Fuentes de la formación política también han indicado que el preacuerdo contempla la bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del cine del 21% al 10%, con el fin de equiparlo a la rebaja del IVA de los espectáculos en directo, que ya contempla el presupuesto de 2017. Rivera destacó que el Gobierno también debe aprobar el «gran logro» de Ciudadanos de conseguir bajar los impuestos a las clases medias trabajadoras, y puntualizó que este tema deberá ser concretado por Hacienda. Para Rafael Hernando, portavoz del PP, el acuerdo «es el primer paso para la presentación de las cuentas».