El Gobierno sacará todas las facturas de los cajones de la Administración

El Gobierno ha presentado a Bruselas un nuevo Plan de Erradicación de la Morosidad con el objetivo de continuar con el programa de consolidación fiscal comprometido con la Comisión Europea.Para ello tiene previsto presentar una batería de medidas de aplicación simultánea que «impidan a futuro la morosidad del sector público, estableciendo herramientas permanentes de seguimiento y control de la deuda comercial en el sector público, y que constituyen verdaderas reformas estructurales en el funcionamiento de las administraciones». Entre las principales medidas que el Gobierno piensa poner en marcha destaca la creación de registros contable de las facturas correspondientes a todas las operacioones afectuadas con cualquiera de las administraciones públicas, evitando la demora en la anotación contable de las transacciones efectuadas.

El Gobierno trata, dentro del Programa Nacional de Reformas de España aprobado el pasado 26 de abril, de evitar que se vuelva a repetir que las facturas se amontonen en los cajones de las poderes públicos con el único fin de «maquillar» los compromisos de consolidación fiscal adquiridos con la Comisión Europea. Como muestra, un botón. Nada más tomar posesión de su cargo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, acusó al Gobierno socialista, en concreto a su antecesor en el Ministerio, José Blanco, de «ocultar» unas deudas de 40.000 millones de euros, de los que 5.800 millones vencían en el corto plazo.

El déficit oculto de 2011

Obsesionado por el déficit público, máxime cuando Bruselas ha concedido una prórroga de dos años para que las cuentas de España estén de nuevo por debajo del 3% del Producto Interior Bruto, el Ministerio de Hacienda no quiere más sorpresas como las recibidas nada más hacerse cargo del Gobierno.

En 2001, Zapatero tenía que haber dejado el déficit de las administraciones públicas en el 6%, aunque la realidad desveló un desfase de 26.500 millones de euros primero (8,51% del PIB) y de más de 30.000 millones después (8,91%). Para ello, quiere que el uso de la factura electrónica sea obligatorio en todo el sector público, incluidas las entidades y organismos autónomos, a partir del 1 de enero de 2015.

Contra la economía oculta

La utilización de la factura electrónica en las administraciones públicas puede contribuir al proceso de ajuste del déficit, al mismo tiempo que ayudar a la lucha contra la economía sumergida. Un informe de la consultora AT Keraney para Visa Europe asegura que si el conjunto de pagos con tarjeta en España (incluidos los pequeños, los realizados en taxis, bares, restaurantes o cafeterías) aumentara sólo un 5%, se podría reducir el montante de la economía sumergida en un 11,5%, lo que equivale a hablar de cerca de 24.000 millones de euros, teniendo en cuenta que las actividades que se ocultan al fisco «producen» alrededor de 200.000 millones de euros anuales. Los datos son de 2011, por lo que en la actualidad, las cifras pueden ser superiores. El aumento del paro y de la fiscalidad ha podido elevar el total de la economía sumergida del 20% a más allá del 22%, según las estimaciones más fiables. Hacienda no entiende el bajón recaudatorio que se ha producido en los impuestos desde el comienzo de la crisis, muy superior al que se derivaría de la recesión económica.

La reforma local ahorrará más de 7.100 millones

La futura reforma de la Administración local puede tener un impacto positivo en la actividad económica de más de 7.100 millones de euros, de acuerdo con los cálculos realizados por el secretaraio de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. La reforma, un tema pendiente desde hace varios años, permitirá una clarificación de las competencias de las distintas administraciones públicas.

Según Antonio Beteta, el objetivo de la reforma es hacer realidad el principio «una administración, una competencia», tratando de eliminar las duplicidades existentes, con el fin de que Estado, autonomías y ayuntamientos sean un motor de crecimiento económico y no un lastre. Beteta confirmó que las competencias que los ayuntamientos tienen en Sanidad y Educación pasarán al ámbito autonómico en el plazo máximo de cinco años.