en Venezuela

El Gobierno respondió ayer a la inquietud de los inversores españoles en Venezuela asegurando que no se esperan nacionalizaciones por parte del régimen chavista y que vigila cualquier movimiento en ese sentido. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmó que, aunque no hay señales de alarma, el Ejecutivo «sigue con atención» los acontecimientos. En parecidos términos se expresó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien indicó que no cree que Caracas sea «tan torpe de no ver» que las empresas españolas «apuestan por el empleo y el crecimiento» de Venezuela. Sin embargo, los empresarios españoles se sienten de nuevo amenazados. El pasado 17 de febrero, responsables chavistas se reunieron con empresarios españoles para manifestarles su malestar por la imagen del país que se transmite en los medios españoles, según Efe. El riesgo es máximo.

Con la devaluación del bolívar y la imposibilidad de repatriar capitales, las cerca de 100 compañías españolas que desarrrollan su actividad en el país caribeño han visto cómo sus inversiones se deprecian a pasos agigantados, especialmente las de aquellas cuya actividad está ligada al bolívar y no al dólar. Muchas han optado por marcharse ante lo que se les venía encima.

La última grande fue Leche Pascual. A finales de 2012, el grupo lácteo abrió en Valencia (Venezuela) su primera planta fuera de España para producir 50 millones de kilos de yogurt de larga vida junto al grupo cervercero y alimentario Polar. La inflación galopante (del 60% desde el arranque del año) y el desabastecimiento han terminado con la aventura de Pascual dos años después.

Otras firmas, con demasiado capital comprometido o con proyectos en desarrollo no pueden salir. LA RAZÓN se puso ayer en contacto con varios directivos y delegados de empresas españolas en Venezuela –que pidieron guardar el anonimato para hablar– y el sentir generalizado es que la situación no sólo no mejorará sino que tiene visos de empeorar. Y mucho.

«Nos adeudan sumas millonarias y no sabemos cuándo pagarán», denuncia un directivo de una multinacional española presente en aquel país. «No hay suministros y la inseguridad es absoluta en todos los sentidos», señala el delegado de otra firma de infraestructuras.

Ni siquiera los mejor relacionados tienen garantizado el cobro. Tampoco los que disponen de contratos de suministro de compresores o maquinaria petrolera vinculados a la estatal Pdvsa, la ubre de la que mama todo el país, o los que suministran gases lacrimógenos y chalecos a las fuerzas de seguridad. Todo pende de un hilo y la amenaza de la expropiación se ha disparado con la denuncia del presidente Maduro de la existencia de un eje Madrid-Bogotá-Miami para derrocarlo. Las expropiaciones fueron una tónica durante la gestión de Hugo Chávez, que en una década nacionalizó casi 1.200 empresas.

Telefónica ha admitido que la devaluación del bolívar le va a costar 400 millones de euros en 2014. Además, con el nuevo cambio, el valor de sus activos en el país caribeño se reducirá en 2.840 millones de euros. Sin embargo, la compañía prosigue su actividad y ha anunciado el despliegue inicial de su red 4G. Tampoco la petrolera Repsol parece preocupada. Las relaciones con su socia Pdvsa son excelentes y su actividad en Venezuela está dolarizada. Algo parecido le ocurre a la aseguradora Mapfre, con 68 oficinas directas y 59 delegadas. Su facturación fue de 1.023 millones de euros, el 4,5% de la de todo el grupo. O a BBVA, implantado con más de 300 oficinas y cuyo principal problema es repatriar los beneficios.

Más complicado parece para quienes tienen proyectos por concluir. Es el caso de la minera asturiana Duro Felguera, muy vinculada a Venezuela, y que tiene al menos en construcción una planta de concentración de mineral de hierro y deudas pendientes por 140 millones de dólares. Acciona, por su parte, levanta la desaladora más grande de Iberoamérica en el Estado de Falcón. También la operará y realizará el mantenimiento. Si el bolívar o Maduro no lo impiden.