El juez imputa a la ex cúpula de la CAM por apropiarse de 47 millones

«Los miembros del comité de dirección de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) cobraron indebidamente 47.307.200 euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora» contratada por la entidad para percibir una «prestación adicional» que se sumaría a la jubilación pública que recibirían los directivos cuando se retiraran. Ésta es una de las conclusiones a las que ha llegado el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez tras finalizar su investigación sobre la gestión de quienes fueron sus máximos responsables. En la resolución propone juzgar por los delitos de falseamiento de las cuentas anuales, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil a ocho ex directivos de la CAM, entre ellos a su ex presidente Modesto Crespo y a los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós.

El magistrado sostiene que existió un «plan concertado» por el comité de dirección para su posterior fusión con otras cajas de ahorros, y, de esa forma, «diluir el verdadero estado de la caja, así como poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad», lo que ocasionó un grave perjuicio para la CAM.

En este sentido, Gómez Bermúdez destaca que los estados financieros de la CAM en 2010 y en el primer semestre de 2011 no reflejaban la «imagen fiel» de la entidad financiera. Y ello, por dos motivos principales: por la indebida liberación de provisiones ligadas a préstamos titularizados, por lo que el resultado contable del ejercicio de 2010 debería haber sido menor en 210 millones, y, en segundo lugar, porque se había contabilizado de forma irregular el reparto de dividendos de las sociedades filiales de la CAM y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones.

De esta forma, esos balances mensuales, trimestrales y semestrales de 2011 de la CAM estaban «falseados», ya que, según el magistrado pone de manifiesto en su resolución, «no reflejaba la situación crítica de la entidad, sino que ofrecían una imagen distorsionada, aparentando beneficios de aproximadamente 60 millones de euros, cuando en realidad había pérdidas por importe de 1.136 millones de euros».

Cuentas alteradas

De esta forma, y una vez que había fracasado el primer intento de fusión de la CAM con otras cajas, en mayo de 2011, María Dolores Amorós presentó ante el consejo de administración de la CAM un beneficio consolidado de 39,8 millones en el primer trimestre de ese año.

Meses después, en agosto, Amorós y Teófilo Sogorb, entonces director general de Planificación y Control de la CAM, presentaron a la junta de administradores del FROB los estados financieros intermedios del primer semestre, que arrojaban, según ellos, un resultado positivo de 65,35 millones. Sin embargo, tras estudiar esos datos el propio FROB, una auditora y el Banco de España, «fueron reformulados, resultando que arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones».

De esta forma, desde la propia dirección de la CAM se intentó ocultar la «situación real» de la entidad, que, al ser remitidos tanto al Banco de España como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que los publicó, «agravaron la situación de insolvencia de la entidad, perjudicaron a inversores y demoraron la adopción de las medidas necesarias para lo que finalmente ocurrió: la inyección de 5.249 millones de euros dinero público por el Fondo de Garantía de Depósitos, para evitar el riesgo que supondría para el sistema financiero español».

Prejubilaciones

Por otro lado, Gómez Bermúdez destaca los perjuicios derivados de las irregularidades en materia de prejubilaciones, previsión social complementaria (prestación adicional asegurada), incentivos y bonos extraordinarios a largo plazo. En este punto, señala que los imputados, como directivos de la CAM, «de forma consciente, ocultaron a la consultora» externa, que habían contratado para cuantificar el coste de las prejubilaciones derivadas de su integración en el sistema previo a la fusión con otras cajas, que seis miembros del comité de dirección se habían adherido al programa de reestructuración de la plantilla, «lo que hizo que no dotara –pérdidas– 15,5 millones de euros en el resultado de 2010». En 2011 se volvió a ocultar ese coste.

El resultado final es que «cobraron indebidamente 47.307.200 euros» los miembros del comité de dirección, a los que el juez considera que hay que juzgar.

La Audiencia rechaza que el FROB sea «perjudicado» en el «caso Bankia»

La sección tercera de la Audiencia Nacional ha rechazado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tenga legitimidad para recurrir la fianza civil solidaria impuesta a Bankia, su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y su antigua cúpula, al considerar que no se le puede considerar como perjudicado.

En este sentido, la Sala destaca que, pese a que tanto Bankia como el BFA sean entidades participadas por el FROB, dicha participación «no le dota de legitimidad para asumir la representación de tales entidades, personas jurídicas y con entidad propia y separada». Además, los magistrados destacan que el FROB no ha sido «directamente afectado ni perjudicado» por la decisión de imponer esa fianza, por lo que no puede recurrirla.