El nuevo modelo de financiación autonómica ya está en camino

La propuesta del comité de expertos va en la buena dirección, pero se queda corta. La Comunidad de Madrid será la más beneficiada por el nuevo sistema de financiación.

En medio de toda la polémica institucional sobre el proceso de independencia catalán, una importante noticia ha pasado desapercibida esta última semana: la presentación de la simulación sobre los resultados de la venidera reforma del sistema de financiación autonómico.

Como es sabido, el sistema de financiación autonómico es el conjunto de reglas y procedimientos por los que se determinan y redistribuyen los ingresos que les corresponden a las distintas administraciones regionales. El actual sistema de financiación está pésimamente diseñado por dos razones, una de forma y otra de fondo. La razón formal es su extrema complejidad y escasísima transparencia, lo que dificulta enormemente que el ciudadano medio pueda entender el intrincado circuito que sigue su dinero hasta terminar en cada una de las diferentes arcas autonómicas. La razón de fondo es el perverso principio de la «solidaridad interterritorial», según el cual los contribuyentes residentes en territorios con una renta per cápita superior a la media deben subvencionar la hipertrofia burocrática de aquellos otros territorios con una renta per cápita inferior a la media.

El pasado mes de julio, el comité de expertos designado por el Gobierno presentó su propuesta de reforma del sistema de financiación. Idealmente, la propuesta debería haber corregido los dos antedichos defectos: debería haberlo simplificado muy significativamente y debería haber eliminado de raíz la fuerte redistribución interterritorial que lo caracterizaba. En julio ya supimos que el comité de expertos había fracasado en el que debería haber sido su primer objetivo: el nuevo sistema de financiación sigue siendo tan poco claro y comprensible como el anterior.

Todavía no sabíamos, empero, si también había fracaso en el segundo, es decir, en incrementar el grado de descentralización de la recaudación tributaria para así poner coto a la mal llamada solidaridad interterritorial. Esta semana, gracias a la publicación de los resultados de la reciente simulación del funcionamiento del nuevo sistema de financiación, podemos dar una respuesta provisional: el nuevo sistema incrementa ligeramente el grado de participación de cada autonomía en sus propios recursos, pero seguimos estando muy alejados de una auténtica recaudación y gestión autonómica de la política fiscal.

Concretamente, y con la propuesta del comité, la autonomía más beneficiada por el nuevo sistema será la Comunidad de Madrid. No por casualidad, también es la autonomía que contribuye en mayor medida a los distintos fondos de redistribución interterritorial. Actualmente, la región cuenta con recaudación anual de 2.306 euros por habitante y, una vez el nuevo sistema esté plenamente en vigor, se espera que obtenga 2.937, esto es, un 27% más (y un 6,3% más que la media nacional). A su vez, la segunda región que más aporta a la redistribución interterritorial, Cataluña, también saldrá ganando con el nuevo sistema, aunque en bastante menor medida que Madrid: sus ingresos por habitante pasarán de 2.331 a 2.815 (un 20% más), pero esos 2.815 euros por habitante apenas serán un 1,9% superiores a la media nacional.

Así pues, la propuesta del comité de expertos avanza en la buena dirección, pero se queda tremendamente corta. Si aspiramos a que exista corresponsabilidad fiscal (quien gasta es también quien recauda) y, a su vez, competencia tributaria entre las autonomías, resulta fundamental que demos pasos mucho más decididos hacia la descentralización impositiva (a saber, que los ingresos públicos extraídos a los ciudadanos permanezcan en aquellas autonomías donde reside cada ciudadano). Mientras esto no suceda, sólo estaremos consolidando la irresponsabilidad y la indisciplina fiscal de los distintos gobiernos autonómicos: gastar a manos llenas para comprar las voluntades de sus electores al tiempo que cabildean en La Moncloa para conseguir una mayor provisión de fondos a costa de los contribuyentes del resto de autonomías.

Malos datos de paro

Los datos de paro registrado correspondientes al mes de agosto no fueron positivos: el número de desempleados aumentó en 11.400 en términos desestacionalizados, mientras que en 2016 se redujo en 24.400. Las cifras para el trimestre veraniego fueron todavía peores: entre junio y agosto, los parados han aumentado en 19.500 personas, frente a la caída de 69.500 que exhibimos el año pasado durante las mismas fechas. Aunque todavía es pronto para emitir un diagnóstico definitivo, parece evidente que el mercado laboral español no se está comportando todo lo bien que debiera en una economía que crece por encima del 3%. Justamente por ello, el Gobierno tendría que estar impulsando ahora mismo una agenda reformista y liberalizadora, que permitiera relanzar la creación de empleo y que, de paso, subsanara algunas de las muchas distorsiones que todavía siguen caracterizando a nuestro mercado de trabajo. Pero, por desgracia, el Gobierno está optando por quedarse de brazos cruzados: su insuficiencia parlamentaria y su pasión por el inmovilismo hacen imposible cualquier nueva reforma laboral

40.000 millones perdidos

En la última nota informativa sobre el rescate a las entidades financieras, publicada el pasado jueves, el Banco de España reconoció que las ayudas irrecuperables que se concedieron al sistema financiero ascenderán a alrededor de 40.000 millones de euros. Dicho de otro modo, ni siquiera recuperaremos una cuarta parte de los más de 50.000 millones de euros que los contribuyentes hemos aportado para reflotar el quebrado sistema de cajas de ahorros español. Son muchos los que, pese a la magnitud de este quebranto, seguirán sosteniendo que el salvataje financiero fue la mejor de las opciones: «no había alternativa», suele repetirse una y otra vez. Pero la realidad es que sí la había: en lugar de cargar las pérdidas sobre las inocentes espaldas de los ciudadanos, podría haberse trasladado el agujero financiero a todos los acreedores. En lugar de un «bail-out», podríamos haber practicado un «bail-in». Lo más sencillo, empero, fue diluir el desastre entre el conjunto de la población para así evitar castigar a quienes obraron irresponsablemente durante todos los ejercicios que duró la burbuja inmobiliaria en nuestro país.

Nuevos máximos del euro

La moneda única europea ha continuado esta semana incrementando su valor frente a la divisa estadounidense: el euro ya se intercambia por 1,21 dólares, su tipo de cambio más favorable desde finales de 2014. La razón detrás de esta fuerte revalorización (en menos de tres meses su cotización respecto a la divisa estadounidense ha aumentado alrededor de un 8%) cabe hallarla en el divergente rumbo que, al parecer, está a punto de marcar la política monetaria de ambas áreas económicas. Mientras que el BCE que preside Mario Draghi está dando cada vez mayores señales de que pretende poner fin a su programa de compras de deuda pública, la Reserva Federal se está resistiendo a regresar a la ortodoxia monetaria. No en vano, tanto el presidente de EE UU, Donald Trump, como la presidenta de la Fed, Janet Yellen, se muestran bastante satisfechos con la política de crédito barato y de bajos tipos de interés promovida por la institución. Que la Eurozona esté pensando en tensionar la política monetaria y EE UU intente retrasar el momento de hacerlo es lo que explica la reciente escalada del euro y la atonía del dólar.