El plan de Sánchez disparará el gasto en al menos otros 2.000 millones a partir de 2020

Eliminar el copago por completo costará 600 millones de euros. En 2021, el desembolso por equiparar los permisos de paternidad y maternidad ascenderá a 1.200 millones.

Según los economistas, cuando la deuda pública equivale a más del 60% del PIB hay que ponerse en guardia. A partir de ese nivel, el pasivo impacta en el crecimiento pues obliga a destinar al pago de la deuda recursos que deberían tener como objetivo inversión productiva. La deuda española está ahora mismo en el 98%. Y a pesar de que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran que lo sensato en este momento sería aplicar una política económica «contracíclica», ajustando el gasto para sanear las finanzas, la apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, camina en sentido opuesto. Su acuerdo con Podemos contempla un incremento del gasto público de 5.500 millones de euros para el año próximo que, según sus planes, será compensado por incrementos impositivos de similar cuantía. Al menos en 2019. Porque de ahí en adelante, de cómo mejorar los ingresos, poco se dice en el documento. Por el contrario, sí se habla de más gastos a sumar en los años posteriores a los 5.500 millones de euros del año que viene. Concretamente, en 2021 el desembolso extra cuantificado alcanzaría los 1.870 millones de euros a los que habría que sumar otras medidas que, sin tener números, tendrán un coste seguro.

La actuación más onerosa será la de equiparar los permisos de paternidad y maternidad. Si sale adelante el Presupuesto de Sánchez e Iglesias, el año que viene el permiso de paternidad se incrementará de cinco a ocho semanas; en 2020, hasta las doce; y en 2021, hasta las 16. En 2019, la medida tendrá un impacto presupuestario de 300 millones, según el documento, lo que equivale a 100 millones por cada semana adicional. No obstante, el propio Gobierno calcula en 1.200 millones de euros la equiparación completa de ambos permisos. A este impacto directo habría que sumar los ingresos que dejaría de percibir el Estado en concepto de IRPF después de la sentencia del Tribunal Supremo que declara exentas de este impuesto las prestaciones públicas por paternidad de la Seguridad Social.

Otro de los puntos que contempla el acuerdo es revertir los copagos farmacéuticos. El Gobierno prevé realizarlo de forma paulatina a lo largo de la legislatura, empezando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad económica. Aunque no se ofrecen datos sobre su coste, Podemos ha expresado públicamente que sus cálculos apuntan a una factura de unos 600 millones de euros si se elimina en su totalidad.

Vivienda

La vivienda es otro de los ejes sobre los que el Gobierno quiere que gire su política económica. Además de medidas para frenar la escalada del precio del alquiler, el acuerdo contempla incrementar progresivamente el presupuesto actual de vivienda hasta 1.000 millones en 2021. Teniendo en cuenta que el año próximo pretende ser de 630 millones, en tres años habrá escalado otros 370 millones adicionales.

El pacto entre Sánchez e Iglesias contiene también otras actuaciones que tendrán un coste que no está cuantificado. Empezando por el empleo público. Más funcionarios implica necesariamente más gasto. El documento contempla que las entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda y la regla de gasto tendrán una tasa de reposición de efectivos de hasta el 100% para todos los sectores. Además, podrán superar en un 8% la tasa de reposición en los ámbitos que lo necesiten y en un 10% si tienen amortizada su deuda financiera. También quedan pendientes de cuantificar los costes que tendrá el aumento en 300 de las becas predoctorales y la convocatoria de otros tantos contratos posdoctorales. Igualmente, está por ver en cuánto aumentará el gasto de Sanidad con la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita a todos los españoles que residan fuera del país y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida o bien ese derecho no es exportable cuando se encuentren en España.

Los gastos que prevé al acuerdo podrían ser mayores incluso a partir de 2019. Según lo pactado, la ampliación de las ayudas a los desempleados de larga duración a partir de los 52 años desde los 55 actuales tendrá un coste de 323 millones de euros el año próximo. Sin embargo, un día antes de que el acuerdo se hiciese público, en una reunión con los sindicatos y la patronal empresarial (CEOE), el Ejecutivo les comunicó que la medida supondría un desembolso adicional de 1.250 millones.